El juez Alejo Ramos Padilla, quien lleva adelante la causa conocida como "aportantes truchos", desaprobó los estados contables de Cambiemos Buenos Aires de 2017 y pidió que se certifiquen los testimonios recogidos a fin de iniciar una investigación penal por el posible lavado de dinero.

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El caso investiga las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral legislativa de 2017 en la provincia de Buenos Aires. La lista de aportantes al Pro combina a 100 grandes empresarios y compañías que aportaron entre $500.000 y $3 millones y que sumaban 130 millones.

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Además aparecían otros 1400 donantes, más pequeños, que suman 20 millones, integrados por funcionarios, empleados públicos, personas en relación de dependencia, monotributistas y hasta algunos jubilados. En muchos casos, figuran dos o más ejecutivos de una misma empresa, aunque en los papeles aparecen como donaciones.

En la documentación presentada por las autoridades partidarias del PRO figuraban como aportantes personas beneficiarias de planes sociales del gobierno nacional, muchas de ellas con domicilio en la Villa Itatí, en la localidad de Quilmes.

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En principio, la investigación estuvo en manos del juez federal Ernesto Kreplak, hasta que fue corrido por una decisión judicial y el expediente pasó a manos del juez Adolfo Gabino Ziulu, quien subrogaba el juzgado electoral bonaerense.

En 2017 María Eugenia Vidal era la presidenta del PRO bonaerense, la máxima autoridad partidaria. La ahora diputada nacional en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nunca fue citada por la justicia para que explique el origen de aquellos fondos para la campaña, que tuvieron como cabezas de listas al actual senador nacional Esteban Bullrich y a la diputada nacional Graciela Ocaña, quienes resultaron ganadores de la elección ante el frente Unidad Ciudadana que encabezó Cristina Fernández de Kirchner.