El ataque a los derechos humanos bajo el gobierno de Milei

(Por Nicolás Valdez) En un escenario cargado de tensión y desazón, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se convirtió en el epicentro de una nueva avanzada del gobierno de Javier Milei contra las conquistas históricas en materia de memoria, verdad y justicia. Este jueves, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la exESMA, trabajadores y trabajadoras enfrentaron controles policiales dignos de regímenes autoritarios: un agente de la Policía Federal revisaba un listado para permitir o negar el ingreso del personal. Los llantos y abrazos solidarios fueron testigos del vacío que se iba gestando.

El golpe más visible fue el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, un espacio que durante 16 años se erigió como un bastión cultural en defensa de la memoria. Sin previo aviso, un mensaje de WhatsApp del entorno de Baños comunicó el cierre para una supuesta “reestructuración”, dejando a decenas de trabajadores sin poder ingresar a sus puestos. En paralelo, se filtraba una lista con más de 1.000 bajas en todo el Ministerio de Justicia, golpeando de lleno a las áreas más sensibles como el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado y el Archivo Nacional de la Memoria, que custodia documentos vitales de la CONADEP.

Espionaje en el último bastión de memoria

El desguace material de las políticas de derechos humanos fue acompañado por una operación de vigilancia ilegal. Durante una manifestación el 27 de diciembre, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) detectó la presencia de agentes policiales de civil infiltrados entre los manifestantes, registrándolos con videocámaras. Estas prácticas, ilegales según las leyes argentinas, evidencian un intento por criminalizar la protesta social y sembrar el miedo en quienes defienden la memoria colectiva.

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“Las actividades de inteligencia ilegal que observamos no son nuevas; se inscriben en un patrón de represión sistemática contra el derecho a la protesta”, denunció Sandra Raggio, directora de la CPM. La entidad ya presentó pruebas en los tribunales de Comodoro Py, en una causa a cargo del juez Ariel Lijo, quien previamente había advertido al secretario Baños sobre el peligro de permitir actos negacionistas en la exESMA.

Cerrar el centro cultural que funcionaba en la ExESMA es un acto de degeneración. Salas de cine, teatro, bibliotecas y arte para la comunidad donde antes torturaban, violaban personas y robaban bebés fue rescribír la historia de ese lugar oscuro para que sea de la democracia. pic.twitter.com/cQuoo3LwqA

— Aguz ?????????? (@sweeter_gxs) January 2, 2025

Desidia y negacionismo como política de Estado

El secretario Alberto Baños, una figura oscura en la administración Milei, llegó a su puesto sin credenciales que lo avalaran para gestionar un organismo tan sensible. Su trayectoria está marcada por omisiones graves, como su inacción en la investigación de la desaparición del policía Arshak Karhanyan. Durante su gestión, la Secretaría de Derechos Humanos ha sufrido un vaciamiento histórico: renuncias de funcionarios clave, falta de conocimiento sobre los sitios de memoria y una completa desconexión con los trabajadores.

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Nana González, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), fue contundente: “Baños no ha aportado ni una sola línea de trabajo. Lo único que hizo fue destruir esta Secretaría”. Las palabras de González resuenan con fuerza en un contexto donde los sitios de memoria se ven obligados a operar con menos de la mitad de su personal original o, directamente, a cerrar sus puertas.

Así recibió una guardia policial y se notificó a trabajadores de despidos en el Archivo Nacional de la Memoria que también está cerrado, de igual modo que el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Ambas sedes funcionan en el predio de la exESMA. pic.twitter.com/MwKGoZ85eF

— David Correa (@davidcorreatv) January 2, 2025

Un ataque contra la memoria colectiva

El desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos no es un hecho aislado, sino parte de un proyecto más amplio que busca reescribir la historia desde una perspectiva negacionista. El vaciamiento de espacios como el Virrey Cevallos y la desarticulación de programas clave representan una agresión directa contra el legado de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos que lucharon por construir una sociedad basada en la memoria y la justicia.

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Figuras políticas como la legisladora Victoria Montenegro ya anunciaron denuncias penales contra Baños. “Es fundamental denunciar estas políticas no solo en el ámbito nacional, sino también ante organismos internacionales”, afirmó Montenegro. Por su parte, el diputado Nicolás del Caño enfatizó la necesidad de tomar medidas contundentes para derrotar el avance negacionista del gobierno.

La memoria resiste

A pesar del clima de incertidumbre, la resistencia no se hace esperar. Este viernes, el cura Lorenzo "Toto" de Vedia oficiará una misa en apoyo a los trabajadores despedidos, y el sábado se realizará una vigilia con velas frente al Conti para reafirmar que la memoria sigue viva.

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Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), fue claro: “Estas decisiones dan cuenta del grado de perversidad de un gobierno que niega los crímenes del terrorismo de Estado y reivindica a sus responsables. Debemos denunciar estas violaciones en todos los ámbitos posibles”.

En un contexto donde el vaciamiento y la represión amenazan con borrar conquistas históricas, la lucha por la memoria se convierte en una bandera irrenunciable. La sociedad argentina enfrenta el desafío de resistir y denunciar un plan de desmantelamiento que no solo atenta contra los derechos humanos, sino también contra los valores democráticos que nos definen como nación.

Fuentes:

https://www.pagina12.com.ar/794360-el-gobierno-avanza-en-el-desmantelamiento-de-la-secretaria-d

https://www.pagina12.com.ar/794330-despidos-desguace-y-encima-espionaje-ilegal-la-cpm-denuncio-

https://www.diariocontexto.com.ar/mientras-avanza-con-despidos-el-gobierno-militariza-la-ex-esma/

????Con los decretos 1107 y 1112, el presidente Milei habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior. Este movimiento, presentado como respuesta a las “nuevas amenazas”, plantea interrogantes graves sobre los principios democráticos
????https://t.co/VDaZYXFpMv pic.twitter.com/SXjyCY2wuk

— En Orsai (@EnOrsai) January 3, 2025