El docente e investigador en políticas de comunicaciones Gustavo Fontanals estimó que el 55% de los usuarios de banda ancha quedarán en manos de la nueva empresa surgida de la fusión entre Cablevisión y Telecom, que en total tendrá el 36% del mercado total de telefonía, banda ancha y televisión paga. “En la Unión Europea, Estados Unidos, México o Chile, por ejemplo, esa operación sería bloqueada por las autoridades de defensa de la competencia”, advirtió el especialista.

“Lo menos que se puede decir es que el gobierno no puso ninguna traba a este proceso. Apenas asumió, intervino fuertemente sobre todo el esquema institucional y político tanto de medios audiovisuales como el de telecomunicaciones -indicó- y creó por decreto un esquema en el cual tiene todas las atribuciones para decidir”.

Fontanals, quien se desempeña en la Universidad de Buenos Aires, dijo en declaraciones a radio del Plata que la administración de Mauricio Macri, tras derogar por decreto, apenas asumió, las cláusulas fundamentales de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones, “prometió una y otra vez una nueva legislación”.

Sin embargo “lo viene postergando porque ahí encuentra una cierta comodidad”, agregó, ya que a través de decretos logró crear dos nuevos entes “que se superponen”, y que son el ministerio de Comunicaciones y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), con los cuales “maneja a su gusto todas las decisiones, tanto en medios audiovisuales como en telecomunicaciones”.

El experto explicó que la fusión entre Cablevisión, que pertenece al Grupo Clarín, y la compañía Telecom, “empezó hace mucho tiempo”, y en todo el proceso “hay un jugador muy importante, que es el financista de origen mexicano David Martínez. El fue un gran promotor de esta fusión”, precisó.

Antes, también había sido “un gran promotor de la fusión de Multicanal y Cablevisión. Participó de la reestructuración de deuda tanto de una como de la otra, y ahí empezó su relación con el Grupo Clarín, hace más de 10 años. Entre ellos hay una relación que no queda clara. Son socios desde hace mucho tiempo, pero cuando se les pregunta los dos dicen ‘somos actores (económicos) diferentes’”.

Detalló que Martínez “quiso ingresar a Telecom ya en 2009, pero no lo logró, luego lo intentó de nuevo en 2014, y con el nuevo gobierno tuvo un cambio absoluto. Con la asunción de Macri, inmediatamente logró que se le aprobara su ingreso a precio muy bajo, fue un gran negocio financiero”, puntualizó el especialista.

“Convergencia”

Fontanals explicó luego que “el argumento que utilizan los que defienden la operación, como por ejemplo muchos periodistas cercanos al gobierno, es que es un avance en el concepto de lo que se llama ‘convergencia’, que suma a diferentes sectores que antes se manejaban más o menos por separado: por un lado las telecomunicaciones -e incluimos ahí la banda ancha- y por otro lado servicios de televisión paga o radiodifusión”.

“Entonces dicen que la nueva empresa Cablevisión-Telecom tampoco es tan grande, porque si se tiene en cuenta el sector ampliado, o sea todas las partes que lo integras, estaría en el orden del 36% del mercado. Pero esto ya es enorme en cualquier país”, sentenció.

“Y además -continuó el investigador en políticas de comunicación-, dentro del sector de convergencia la nueva empresa tendría una participación inmensa en varios sub-sectores”. Por ejemplo, “tendría más de la mitad del sector de banda ancha, alrededor del 55% del servicio de banda ancha residencial (casas de familia) quedaría en manos” de la compañía del Grupo Clarín fusionada con Telecom.

Fontanals afirmó que “una operación de este tipo, en mercados como la Unión Europea, Estados Unidos, o algunos mercados de nuestra región como México y Chile, sería bloqueada por las autoridades de defensa de la competencia”, e incluso “ya estaría bloqueada de antemano”.

Criticó en ese sentido “una grave falencia que tiene el sistema político e institucional argentino, y es que no hay actividad concreta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)”. Indicó que “lo que se puede comprobar cuando se hace un estudio histórico hacia atrás, es que ese organismo siempre ratifica decisiones que se han tomado en el nivel político”.

El docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires dijo que ahora corresponde que la fusión anunciada por las empresas sea analizada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), creado por Macri mediante decreto, donde ya se la “aprobación tácita: si a los 90 días el Enacom no hace ninguna objeción, la operación se da por aprobada”.

Fuente: http://vaconfirma.com.ar

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— En Orsai (@EnOrsai) 6 de julio de 2017