Mientras se discute el proyecto de "Ficha Limpia", el exintendente de Pilar y su círculo cercano enfrentan un inminente juicio oral por corrupción, dejando al descubierto las maniobras que saquearon el erario público y burlaron a los vecinos más vulnerables.
Osvaldo Peralta // Viernes 20 de diciembre de 2024 | 16:19
(Por Osvaldo Peralta) El caso de Nicolás Ducoté, exintendente de Pilar, y Guillermo Iglesias, esposo de la diputada Marcela Campagnoli, encapsula la peor cara de la gestión pública: una red de corrupción sistémica, disfrazada de progreso, que saqueó millones de pesos destinados a las obras esenciales de un municipio bonaerense. Bajo la excusa de mejorar la calidad de vida de los vecinos, los fondos nacionales terminaron desviados a empresas fantasma, certificados por trabajos inexistentes, mientras los barrios permanecían sumidos en el abandono.
La causa judicial, a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, es un compendio de irregularidades. Los fiscales documentaron cómo Ducoté, Iglesias y otros funcionarios de la gestión local se coordinaron para desviar recursos asignados a tres grandes proyectos: los convenios “Peruzzotti”, “Monterrey” y “Microcréditos”. Estos programas, diseñados para mejorar la infraestructura básica y la calidad de vida de los vecinos, fueron usados como pantalla para un esquema de corrupción que dejó obras a medias o directamente inexistentes.
En el barrio Peruzzotti, por ejemplo, se licitó y adjudicó la construcción de una planta depuradora y una estación de bombeo. Sin embargo, ninguna de estas instalaciones fue construida, aunque sí se cobraron los fondos asignados: más de 14 millones de pesos terminaron en manos de la firma Tordel S.A., que formaba parte de la red de contratistas implicados en el fraude. En Monterrey, las obras de urbanización prometidas tampoco se concretaron, mientras que en el programa Microcréditos, destinado a familias vulnerables, el dinero terminó desviado hacia una estructura administrativa opaca que nada tuvo que ver con los objetivos originales.
La red de complicidades
El entramado no habría sido posible sin una red de complicidades que incluyó a empresarios, funcionarios municipales y representantes legales. Además de Ducoté e Iglesias, están imputados exmiembros del gabinete local como Juan Pablo Martignone, jefe de Gabinete, y Federico Leonhardt, presidente de Vivienda y Hábitat Pilar. Todos ellos están acusados del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública, un eufemismo jurídico que apenas alcanza a describir la magnitud del saqueo.
En una maniobra desesperada por evitar el juicio, la defensa de Ducoté intentó trasladar la causa al fuero provincial, buscando así un reinicio del proceso. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia rechazó esta estrategia, allanando el camino para que los imputados enfrenten el juicio oral.
El caso Ducoté no solo expone una red de corrupción local, sino que también pone de relieve un sistema político que ampara y reproduce estas prácticas. Guillermo Iglesias, uno de los principales implicados, llegó a la gestión de Pilar con un currículum que lo vinculaba a décadas de experiencia en obra pública. Sin embargo, esa experiencia fue utilizada para montar un esquema fraudulento que priorizó el beneficio privado por encima del bien común.
Más aún, la conexión de Iglesias con la diputada Campagnoli, una figura cercana a Elisa Carrió y promotora de una supuesta transparencia republicana, deja en evidencia las contradicciones del espacio político al que pertenecen. ¿Cómo puede la Coalición Cívica sostener un discurso anticorrupción mientras uno de los suyos está implicado en un fraude millonario?
Corrupción estructural en la era Cambiemos
Este escándalo no es un caso aislado. Durante la gestión de Cambiemos, múltiples municipios del país recibieron fondos nacionales bajo la promesa de mejorar la infraestructura básica. Sin embargo, el modus operandi de desviar esos recursos mediante licitaciones amañadas y empresas fantasmas parece haberse replicado en varios distritos. El caso Pilar es apenas la punta del iceberg de un sistema que utilizó las necesidades de los sectores más vulnerables como excusa para robar.
El daño no es solo económico; es también social y político. Cada peso desviado a obras inexistentes es un peso menos invertido en cloacas, agua potable y urbanización, servicios esenciales para garantizar una vida digna. Además, la reiteración de estos escándalos profundiza la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas, debilitando la democracia y fortaleciendo discursos autoritarios que se alimentan de la indignación popular.
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Mientras se discute el proyecto de “Ficha Limpia” en el Congreso, que busca excluir a los condenados por corrupción de los cargos públicos, el caso de Ducoté e Iglesias adquiere una relevancia simbólica. Este proyecto, promovido por sectores de la oposición, choca frontalmente con la realidad de que muchos de sus representantes están implicados en causas de corrupción similares.
El gobierno de Javier Milei, que ha construido su narrativa sobre la crítica a la “casta política”, guarda un silencio incómodo frente a casos como el de Pilar. Este silencio no es casual: cualquier postura firme contra la corrupción afectaría a sus propios aliados políticos y económicos. Al final, el discurso libertario de transparencia y eficiencia queda reducido a una retórica vacía cuando se enfrenta a las evidencias concretas de saqueo institucional.
El juicio que promete hacer historia
El juicio oral contra Nicolás Ducoté y sus cómplices es una oportunidad para que la justicia argentina demuestre que no es rehén de los poderes políticos y económicos. Sin embargo, las dudas persisten. ¿Habrá condenas ejemplares o se repetirán los fallos tibios que perpetúan la impunidad?
La sociedad merece algo más que discursos y promesas. Necesita resultados concretos que devuelvan los recursos robados, castiguen a los responsables y restauren la confianza en las instituciones. De lo contrario, casos como el de Pilar seguirán siendo la norma y no la excepción.
Fuentes:
????A pesar de las promesas de austeridad y control de la emisión monetaria, la gestión de Javier Milei ha incrementado la base monetaria en un 100% durante el primer semestre de 2024, generando dudas sobre la coherencia de sus políticas económicas
— En Orsai (@EnOrsai) December 20, 2024
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