Los sectores más vulnerables a merced de la violencia

(Por Santiago Ríos) El hallazgo de cuerpos calcinados de niños en zonas periféricas de Ecuador destapó una de las peores crisis humanitarias en el país. Las víctimas, reportadas como desaparecidas semanas antes, fueron encontradas en condiciones que reflejan una brutalidad inconcebible. El hecho, ampliamente difundido en redes sociales bajo el hashtag **#InfanciaEnPeligro**, ha generado indignación y desconfianza hacia un gobierno acusado de priorizar políticas neoliberales sobre la protección de los derechos humanos.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, solo en el último año se han reportado más de 2,000 casos de desaparición de menores, de los cuales un alto porcentaje sigue sin resolverse. El debilitamiento de las instituciones encargadas de investigar y prevenir este tipo de delitos se ha agudizado por los recortes presupuestarios impuestos por el gobierno ecuatoriano. Organismos como la Defensoría del Pueblo han señalado que “la violencia contra la infancia se ha convertido en una emergencia nacional”.

El gobierno actual ha implementado un modelo económico que prioriza la austeridad fiscal y la reducción del gasto público, justificando estos recortes como medidas necesarias para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, estas políticas han tenido consecuencias devastadoras para la seguridad y la justicia.

Caso de menores desaparecisos en Ecuador: hallan cuerpos calcinados de niños

La Fiscalía formuló cargos contra 16 militares por "desaparición forzada".

A pocas semanas de las elecciones presidenciales, las autoridades se enfrentan a una creciente presión en su intento por… pic.twitter.com/x6pogKeATD

— DW Español (@dw_espanol) December 26, 2024

El sistema judicial enfrenta un colapso por la falta de recursos para investigar crímenes complejos, mientras que las fuerzas de seguridad han perdido capacidad operativa en las zonas más afectadas por el crimen organizado. Según un informe de "El Comercio", la reducción del presupuesto destinado a políticas de seguridad y prevención ha dejado a miles de comunidades en una situación de indefensión total.

Las redes sociales no tardaron en señalar la relación entre estos ajustes y la creciente ola de violencia. Usuarios denunciaron que “el gobierno solo gobierna para las élites”, dejando a los sectores más vulnerables a merced de grupos criminales que operan con total impunidad.

Uno de los aspectos más alarmantes de este caso es la presunta conexión entre los asesinatos y redes de crimen organizado que operan en el país. Según declaraciones del analista político Juan Paz y Miño en una entrevista con "Telesur", “estos crímenes no son aislados; responden a una estructura criminal que se alimenta de la descomposición social y la falta de control estatal”.

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) reveló que muchas de las rutas donde operan estas redes criminales están fuera del radar de las fuerzas de seguridad debido a la escasez de personal y recursos. A su vez, los recortes al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) han debilitado los programas de apoyo a la infancia en situación de riesgo, exacerbando la vulnerabilidad de miles de menores.

El gobierno ecuatoriano ha guardado un silencio sepulcral sobre el caso, limitándose a emitir comunicados genéricos que no satisfacen las demandas de justicia de la ciudadanía. Este mutismo ha sido interpretado por muchos como una muestra de indiferencia hacia la violencia que atraviesa al país.

En una entrevista, representantes de organizaciones de derechos humanos calificaron la actitud del gobierno como “una complicidad por omisión”. Según ellos, la falta de respuestas efectivas demuestra que las autoridades están más interesadas en cumplir metas fiscales que en garantizar la seguridad y el bienestar de su población.

Las familias de los niños desaparecidos enfrentan un doble calvario: el dolor de perder a sus seres queridos y la indiferencia de un Estado que parece haberlos olvidado. En declaraciones recogidas por **La Hora**, una madre afirmó entre lágrimas: “No solo nos arrebataron a nuestros hijos; nos quitaron la esperanza de que alguien nos proteja”.

Movilizaciones espontáneas se han organizado en diversas ciudades, exigiendo justicia para las víctimas y un cambio inmediato en las políticas de seguridad. La consigna “Ni un niño más” resuena en calles y plazas, reflejando el hartazgo de una sociedad que no tolera más violencia ni abandono.

El caso de los menores desaparecidos y asesinados es una muestra brutal de las consecuencias de un modelo de gobierno que prioriza las cifras macroeconómicas sobre la vida humana. Mientras los ajustes fiscales sigan debilitando las instituciones encargadas de proteger a los más vulnerables, estos crímenes seguirán ocurriendo en un contexto de total impunidad.

El desafío para Ecuador no es solo resolver este caso, sino replantear un modelo de desarrollo que ponga a las personas, y especialmente a la infancia, en el centro de sus políticas. Sin un cambio profundo, la sociedad ecuatoriana continuará siendo testigo de tragedias que podrían haberse evitado.

Fuentes:

https://apnews.com/article/ecuador-violence-military-disappeared-children-c32278dfb0897d496b42e08380c72d4e

https://elpais.com/america/2024-12-23/quince-dias-sin-respuestas-la-desaparicion-de-cuatro-ninos-en-guayaquil-apunta-a-un-grupo-de-militares.html

https://www.huffingtonpost.es/global/donde-cuatro-clamor-desaparicionnos-manos-uniformadosbr.html

https://www.lahora.com.ec/pais/guayaquil-cuatro-cuerpos-via-costa-defensoria-del-pueblo-dio-detalles/

https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/desaparecidos-ecuador-2024-ministerio-interior-JG7888759