Sindicatos de salud y organizaciones sociales denuncian la eliminación del programa de medicamentos gratuitos y alertan sobre las consecuencias mortales de las políticas del gobierno libertario. En el centro de la polémica, el ministro Mario Lugones y el director del PAMI, Esteban Leguizamo, enfrentan el rechazo masivo.
Sofía Arregui // Miercoles 18 de diciembre de 2024 | 17:13
(Por Sofía Arregui) La emergencia sanitaria que atraviesa Argentina bajo el gobierno de Javier Milei expone un panorama devastador para los sectores más vulnerables. En un país donde el envejecimiento poblacional representa un desafío estructural, la eliminación del programa de medicamentos gratuitos para jubilados no solo vulnera derechos fundamentales, sino que además se traduce en cifras alarmantes: 60 personas han muerto por falta de medicación en menos de un año.
Las decisiones tomadas por el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, y el PAMI, bajo la dirección de Esteban Leguizamo, han encendido todas las alarmas. La eliminación del programa de cobertura al 100% para medicamentos esenciales, disfrazada bajo un pretexto de “reorganización burocrática”, ha colocado a los jubilados ante una decisión cruel: elegir entre comprar sus remedios o sobrevivir con los magros ingresos de sus pensiones.
Organizaciones como la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan han denunciado que esta política sanitaria está diseñada para desmantelar el acceso a la salud pública. "Es una motosierra aplicada a los derechos básicos de millones de argentinos", afirmó un representante del sector.
Los efectos de estas decisiones no solo se limitan al desmantelamiento del programa de medicamentos gratuitos. Según un comunicado del Cabildo Abierto por la Salud, el presupuesto nacional para el año próximo refleja un recorte del 76% en partidas esenciales, como las destinadas a tratamientos contra el VIH, la tuberculosis y la hepatitis C. Esto supone un golpe letal para pacientes crónicos y personas con enfermedades de alta complejidad.
El impacto inmediato ya es evidente. Según estadísticas presentadas por el Dr. Oscar Atienza, especialista en salud pública, muchos pacientes están reduciendo sus dosis terapéuticas debido al encarecimiento de los medicamentos. Este fenómeno, que a primera vista podría parecer una solución temporal, incrementa los riesgos de mortalidad y discapacidad severa.
Atienza fue categórico en sus declaraciones: "Quienes no mueran por estas políticas enfrentarán un deterioro irreversible de su calidad de vida. Las discapacidades derivadas de accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas mal tratadas o la progresión de enfermedades crónicas se convertirán en la nueva normalidad para miles de argentinos".
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El otro gran eje de las críticas hacia el gobierno libertario radica en la desregulación del mercado de medicamentos. Mientras los precios se disparan, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que proveía medicamentos a pacientes en extrema vulnerabilidad, ha quedado paralizada. Esto ha obligado a miles de argentinos a abandonar sus tratamientos, un lujo que simplemente no pueden costear.
El dato más alarmante es que 22 de los 44 medicamentos eliminados del programa de cobertura gratuita están catalogados como esenciales por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La gravedad de este hecho no puede minimizarse, ya que afecta directamente a la supervivencia de los sectores más desprotegidos.
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Frente a este panorama desolador, diversas organizaciones sociales y gremiales han propuesto alternativas viables. Entre las soluciones planteadas destaca la producción pública de medicamentos, una estrategia que permitiría reducir significativamente los costos del sistema sanitario y garantizar el acceso a tratamientos esenciales. Sin embargo, esta medida ha sido ignorada por un gobierno que parece priorizar los intereses de las multinacionales farmacéuticas por encima de la vida de sus ciudadanos.
La situación exige una respuesta inmediata. Desde las organizaciones convocantes, se instó a los legisladores a tomar medidas concretas para revertir estas políticas. "La salud no puede ser un privilegio ni un negocio. Es un derecho humano fundamental que debe ser protegido por el Estado", concluyeron en su comunicado.
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El desmantelamiento del sistema de salud pública en Argentina es un reflejo de un modelo de gobierno que pone los intereses del mercado por encima de las necesidades básicas de la población. Las muertes evitables, las discapacidades permanentes y el sufrimiento de miles de jubilados son el saldo más oscuro de un experimento político que, lejos de garantizar libertad, condena a los más vulnerables a una vida de precariedad y desamparo.
Fuentes:
https://www.mdzol.com/sociedad/2024/12/18/presentaron-un-amparo-por-el-recorte-en-el-pami-el-crudo-informe-sobre-las-consecuencias-1175186.html
????Dirigentes de Cambiemos fueron procesados por ocultar el origen de los fondos que financiaron las campañas electorales de 2017. Una causa que demuestra falsificación, uso de personas vulnerables y manejo opaco de dinero
— En Orsai (@EnOrsai) December 18, 2024
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