BAJO FUEGO

Informe: El hostigamiento y la censura del gobierno de Javier Milei contra el periodismo independiente

Crecen los ataques contra periodistas en el país y la región, mientras el gobierno de Javier Milei guarda silencio ante las denuncias internacionales por violencia e impunidad. Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Artículo 19 advierten que Argentina atraviesa un retroceso alarmante en materia de libertad de prensa. ¿Cómo afecta esto a la democracia y qué rol juega el gobierno de Javier Milei en este escenario?

Informe: El hostigamiento y la censura del gobierno de Javier Milei contra el periodismo independiente

Osvaldo Peralta // Sábado 28 de diciembre de 2024 | 08:33

(Por Osvaldo Peralta) El ejercicio del periodismo en Argentina, como en gran parte de América Latina, enfrenta una escalada preocupante de violencia, represión e impunidad. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el país no es ajeno a un fenómeno regional donde los comunicadores se convierten en blanco de agresiones físicas, intimidaciones y campañas de desprestigio.

En el contexto argentino, la gestión de Javier Milei ha intensificado un clima adverso para los medios independientes. Organizaciones internacionales y nacionales han alertado sobre los riesgos que esta situación representa para la democracia. Sin embargo, lejos de garantizar la protección de los periodistas, el actual gobierno ha minimizado las denuncias, dejando un vacío institucional en la defensa de la libertad de expresión.

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La región, un espejo inquietante para Argentina

América Latina se ha convertido en un escenario particularmente hostil para el ejercicio del periodismo, con estadísticas alarmantes que reflejan el deterioro de la libertad de prensa. Según Artículo 19, la región concentra algunos de los índices más altos de violencia contra periodistas en el mundo, con asesinatos, desapariciones y agresiones sistemáticas que rara vez encuentran justicia. Países como México encabezan la lista de ataques letales, mientras que en Honduras y Brasil los periodistas enfrentan un entorno de creciente represión, especialmente aquellos que cubren temas relacionados con corrupción, crimen organizado y abuso de poder.

Aunque Argentina aún no figura entre los países con los mayores niveles de violencia extrema contra periodistas, la falta de políticas públicas preventivas y la ausencia de sanciones efectivas generan un efecto de impunidad que pone en riesgo la labor informativa. Este contexto regional, donde los crímenes contra comunicadores suelen quedar impunes, envía un mensaje peligroso: quienes buscan silenciar voces críticas rara vez enfrentan consecuencias.

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En el caso argentino, los ataques no siempre adquieren la forma de violencia física, pero sí se manifiestan a través de patrones de hostigamiento, censura y desprestigio. Casos recientes han evidenciado cómo periodistas, especialmente en provincias, son víctimas de agresiones policiales durante manifestaciones públicas. Estas acciones, lejos de ser excepciones, forman parte de una estrategia de intimidación que pretende coartar la cobertura de temas sensibles como la corrupción gubernamental, la devastación ambiental y el impacto social de las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Además, las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para el acoso digital. Periodistas que investigan casos incómodos para el poder político o económico enfrentan campañas de difamación, amenazas y la difusión de información personal. Estos ataques, muchas veces orquestados desde sectores afines al oficialismo, buscan desacreditar la labor periodística y desviar la atención de los problemas estructurales que afectan al país.

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El efecto acumulativo de estos ataques, físicos y virtuales, no solo debilita al periodismo, sino que afecta directamente el derecho de la sociedad a estar informada. Argentina, al igual que sus vecinos, corre el riesgo de normalizar un ambiente de hostilidad contra los comunicadores, lo que podría derivar en un retroceso grave para la democracia. En este sentido, la experiencia de América Latina debe ser una advertencia: cuando se deja que la violencia contra periodistas prospere sin castigo, las consecuencias para la libertad y la verdad son devastadoras.

 

El rol de Javier Milei: ¿omisión o complicidad?

El presidente Javier Milei ha adoptado un tono beligerante hacia los medios de comunicación que no se alinean con su narrativa oficial. En repetidas ocasiones, ha calificado a los periodistas críticos como “mercenarios” o “vendidos al kirchnerismo”, en un intento por deslegitimar cualquier forma de cuestionamiento hacia su gestión. Este discurso no solo erosiona la credibilidad del periodismo como institución, sino que también configura un terreno fértil para la hostilidad social contra los comunicadores, facilitando un ambiente en el que el desprecio puede transformarse rápidamente en actos de violencia física o simbólica.

Lejos de ser simples declaraciones retóricas, las palabras del mandatario parecen estar acompañadas por acciones concretas que atentan contra la libertad de prensa. El gobierno de Milei ha implementado recortes significativos en presupuestos destinados a organismos como la Defensoría del Público, encargada de velar por los derechos de las audiencias y la protección de los trabajadores de prensa. Estas reducciones presupuestarias, argumentadas bajo el discurso de “achicar el Estado”, debilitan las herramientas institucionales necesarias para garantizar la libertad de expresión y defender a quienes ejercen el periodismo en condiciones de riesgo.

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Además, la administración Milei enfrenta crecientes denuncias relacionadas con prácticas de espionaje y censura. Informes recientes sugieren que se han llevado a cabo operaciones de vigilancia contra periodistas y medios que exponen temas sensibles, como las conexiones de su gobierno con ciertos sectores empresariales y financieros, o el impacto negativo de sus políticas económicas en la población. Estas acusaciones, aunque todavía en proceso de investigación, revelan una estrategia de control que contradice abiertamente su discurso de “libertad” y “anticonformismo”.

Por otro lado, la eliminación de subsidios y apoyos a medios locales y comunitarios, especialmente en las provincias más afectadas por las desigualdades económicas, ha generado un vacío informativo que favorece la concentración mediática. Esto no solo restringe el pluralismo en el acceso a la información, sino que también priva a sectores vulnerables de una cobertura que refleje sus problemáticas y necesidades específicas.

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En este contexto, la narrativa oficial que demoniza al periodismo crítico no puede interpretarse como un acto aislado o inocuo. Al contrario, contribuye a consolidar un esquema de poder en el que cualquier forma de disidencia es rápidamente desestimada como parte de una “conspiración” política. La omisión del gobierno al no tomar medidas para proteger a los periodistas, sumada a los indicios de prácticas represivas, plantea una pregunta urgente: ¿Estamos frente a un liderazgo negligente o ante una estrategia deliberada de erosión democrática?

Las lecciones de la región son claras: el deterioro de la libertad de prensa no ocurre de manera espontánea, sino que es resultado de acciones concretas y discursos intencionados. En el caso de Javier Milei, su gestión no solo ha omitido salvaguardar a los comunicadores, sino que ha fomentado activamente un clima de polarización que pone en jaque uno de los pilares fundamentales de la democracia.

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¿Qué está en juego?

La libertad de prensa es el cimiento sobre el cual se erige cualquier democracia sólida. Sin un periodismo libre, la sociedad se sumerge en la oscuridad, incapaz de cuestionar el poder ni de exigir rendición de cuentas. En Argentina, donde la memoria colectiva aún está marcada por los horrores de las dictaduras militares y su férreo control de la información, los retrocesos actuales no solo son alarmantes, sino que despiertan fantasmas que muchos creían superados.

El ataque sistemático contra periodistas y medios de comunicación críticos no es un fenómeno aislado; es un síntoma de una crisis más profunda que amenaza con socavar las bases mismas de la democracia. Cada vez que un periodista es acosado, censurado o agredido, se envía un mensaje claro: cuestionar al poder tiene un costo. Este clima de intimidación genera un efecto paralizante que afecta no solo a quienes ejercen la profesión, sino a toda la ciudadanía, que pierde un canal vital para denunciar abusos de poder, corrupción y violaciones a los derechos humanos.

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En este contexto, la falta de garantías para que los comunicadores puedan desempeñar su labor sin temor crea un círculo vicioso de impunidad. Los ataques, sean físicos o simbólicos, rara vez son investigados con la seriedad que ameritan, lo que fomenta una peligrosa percepción de que estas agresiones son toleradas, si no alentadas, por las autoridades. En el caso de Argentina, la combinación de discursos oficiales que deslegitiman al periodismo, la ausencia de políticas de protección efectivas y la debilidad institucional para sancionar a los responsables, alimenta esta espiral de violencia e impunidad.

 

 

El desafío no es menor. Romper este ciclo requiere de una voluntad política clara y decidida, algo que, bajo la actual administración de Javier Milei, parece estar cada vez más lejos de concretarse. Los recortes presupuestarios en organismos destinados a proteger los derechos de los periodistas y las crecientes denuncias de censura y espionaje por parte del gobierno son señales preocupantes de un retroceso en la garantía de la libertad de expresión.

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La libertad de prensa no es un lujo ni un privilegio; es una herramienta esencial para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. Cuando los periodistas son silenciados, la ciudadanía pierde su derecho a estar informada y, con ello, su capacidad para tomar decisiones fundamentadas. Más aún, en un país que enfrenta múltiples crisis económicas y sociales, el periodismo se convierte en un recurso indispensable para visibilizar las desigualdades y exigir políticas públicas efectivas.

 

 

Pero no basta con señalar el problema. Es imperativo construir un marco integral que proteja a los comunicadores, desde medidas de prevención hasta sanciones contundentes contra quienes intenten silenciarlos. Esto no solo implica reforzar las leyes existentes, sino también fomentar una cultura de respeto hacia el rol del periodismo como un aliado de la democracia y no como un enemigo del gobierno de turno.

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Lo que está en juego en este debate trasciende a los periodistas como individuos. Se trata de defender el derecho colectivo a la información y de preservar uno de los pilares fundamentales que sostiene la democracia. Sin un periodismo libre e independiente, no hay sociedad verdaderamente libre.

 

El llamado urgente de la sociedad civil

En un contexto donde la libertad de prensa enfrenta ataques cada vez más frecuentes, la sociedad civil ha comenzado a movilizarse con fuerza para exigir respuestas. Organismos como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) han alzado la voz reclamando acciones concretas al gobierno de Javier Milei. Con un mensaje claro y contundente, estas organizaciones destacan la necesidad urgente de implementar políticas que garanticen la seguridad de los comunicadores y aseguren un entorno propicio para el ejercicio del periodismo independiente.

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Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un bastión fundamental para visibilizar estas agresiones y movilizar a la opinión pública. Hashtags como #LibertadDePrensa y #PeriodismoBajoAtaque no solo se viralizan, sino que evidencian que el tema trasciende las redacciones y alcanza a toda la ciudadanía. Cada tuit, posteo o video denunciando las agresiones a periodistas es un grito colectivo que resuena frente a un gobierno que parece estar más enfocado en desacreditar al periodismo que en protegerlo.

 

 

Sin embargo, el contraste entre esta movilización social y la respuesta institucional es abrumador. El silencio oficial y la inacción de los organismos estatales encargados de velar por los derechos humanos subrayan una peligrosa indiferencia hacia un problema que no puede esperar. Cada día sin medidas concretas aumenta el riesgo de que Argentina siga los pasos de países como México o Brasil, donde la represión contra la prensa ha alcanzado niveles alarmantes.

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La gravedad de la situación requiere un cambio inmediato. El gobierno de Milei no solo debe condenar públicamente las agresiones contra los periodistas, sino también respaldar sus palabras con acciones contundentes. Esto incluye desde la implementación de medidas preventivas hasta la creación de un sistema de sanciones rápidas y efectivas para quienes intenten silenciar a los comunicadores.

 

 

Además, es crucial que las instituciones democráticas, como el Congreso y el Poder Judicial, asuman su rol en este debate. La libertad de prensa no puede quedar a merced de la voluntad política del Ejecutivo; debe ser protegida por un entramado institucional sólido y comprometido. Al mismo tiempo, los organismos internacionales de derechos humanos deben intensificar su vigilancia y presión sobre el Estado argentino para garantizar que no haya más periodistas agredidos, censurados o intimidados.

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La movilización de la sociedad civil, aunque fundamental, no es suficiente por sí sola. La viralización de hashtags y las manifestaciones de apoyo son herramientas poderosas para visibilizar el problema, pero el verdadero cambio solo ocurrirá cuando estas demandas encuentren eco en políticas públicas concretas. Esto implica no solo proteger a los periodistas en su día a día, sino también fomentar una cultura de respeto hacia el periodismo como un pilar esencial de la democracia.

El llamado es claro: Argentina está en una encrucijada. Permitir que la situación actual se prolongue no solo dañará al periodismo, sino que erosionará las bases mismas de la democracia. La indiferencia no es una opción; es hora de actuar con firmeza para garantizar que la libertad de prensa sea más que un principio teórico y se convierta en una realidad tangible para todos los comunicadores del país.

 

Fuentes consultadas:

"De México a Argentina, periodismo bajo asedio en América Latina: ataques y represión como norma en 2024". Publicado en El País el 28 de diciembre de 2024.

Este artículo aborda la intensificación de la violencia y represión contra el periodismo en América Latina durante 2024, destacando casos en México, Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Argentina. Leer artículo completo

 

"Pobreza, paro y golpe a la democracia en Argentina, el rastro de la 'motosierra' de Javier Milei". Publicado en HuffPost el 14 de diciembre de 2024.

Este artículo analiza las consecuencias de las políticas de recortes implementadas por el presidente argentino Javier Milei, conocidas como la "motosierra", y su impacto en la pobreza, el desempleo y la democracia en el país. Leer artículo completo

 

"La libertad de expresión según Javier Milei | Nuevo ataque del Presidente a la prensa". Publicado en Página/12 el 17 de diciembre de 2024.

Este artículo detalla las declaraciones del presidente Javier Milei contra el periodismo, calificándolo de "corrompido" y acusándolo de ejercer la "extorsión", la "mentira, la difamación y la calumnia". Leer artículo completo

 

"La estrategia comunicacional de Milei y sus milicias digitales: disciplinar y amedrentar". Publicado en El País el 10 de diciembre de 2024.

Este artículo examina la estrategia de comunicación del presidente argentino Javier Milei, incluyendo el uso de milicias digitales para difundir su mensaje y atacar a críticos, y su impacto en la libertad de expresión en el país. Leer artículo completo

 

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