explícito circuito de corrupción en la adquisición de alimentos para la Escuela Naval Militar

A principios del mes de septiembre, salieron a la luz alrededor de 80 grabaciones que arrojan luz sobre un complejo entramado de corrupción en la Armada, que tuvo lugar al menos durante el primer trimestre de 2011.

Fueron los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz quienes presentaron estas pruebas, que hasta ahora no habían sido analizadas, durante su alegato en un juicio oral y público contra dos capitanes de Corbeta. La situación se desarrolló en medio de un alegato detallado que describió un explícito circuito de corrupción en la adquisición de alimentos para la Escuela Naval Militar.

Los acusados, Ceferino Luis Rivero y Guillermo Ariel Ferner, participaron en la audiencia de forma virtual, vistiendo sus uniformes militares. Ambos enfrentan cargos como coautores del delito de administración infiel, con un perjuicio calculado en más de $13.000.000 contra la administración pública.

En las grabaciones, uno de los acusados admite que "recaudaba para la corona" y sugiere a su interlocutor participar en el negocio. Los fiscales expresaron su sorpresa por la falta de avances en la investigación sobre mandos superiores y solicitaron al tribunal que se indague a otros implicados mencionados, incluyendo proveedores y otros superiores de la fuerza armada, así como otros hechos mencionados en las grabaciones.

Las grabaciones detallan cómo los militares establecieron un acuerdo con los proveedores de alimentos para la escuela, en el cual los empresarios solo entregaban entre el 20% y el 25% de la comida contratada, o incluso menos. El 75% u 80% de los alimentos restantes regresaban a manos de los proveedores, junto con el dinero de los militares. Los capitanes también simulaban ingresos de productos mediante comprobantes falsos.

En los audios se hacen referencias a "peajes", "protección", "evitar salir en los diarios", "aparecer en una zanja" y "negocios", además de señalar hacia superiores. Los fiscales solicitaron que se investigue a todos los responsables en la cadena de mando. También se mencionan otros negocios en diferentes áreas de la Armada en ese momento, en los que se habrían recaudado alrededor de un millón de dólares.

La revelación de estos audios fue realizada por un oficial de la Armada que grabó las conversaciones con los implicados y las presentó ante la Justicia. Sin embargo, los fiscales señalaron que las grabaciones nunca fueron analizadas en la instrucción de la causa, que en ese momento estaba a cargo del fiscal Patricio Evers, y que fueron desestimadas por la propia Armada.

La causa se inició el 29 de marzo de 2011 a raíz de una denuncia del capitán de navío Juan José Iglesias, director de la Escuela Naval Militar, por una serie de irregularidades en el suministro de alimentos para la institución.

En los audios, Rivero, a cargo de la División Servicios y Pañoles de la Escuela Naval Militar, describe el lugar como "un lugar donde podemos hacer unos pesitos". Por su parte, Ferner se desempeñaba como jefe de la División Sistema de Aprovisionamiento Único (S.A.U.).

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Rivero también menciona en una grabación que si cae, se llevará consigo al jefe de Departamento, quien a su vez arrastrará al director y así sucesivamente. Asegura que paga por su posición y advierte sobre las consecuencias si las ganancias no se distribuyen adecuadamente. El suboficial que grabó las conversaciones denunció las amenazas, aunque estas fueron descartadas tanto por la Armada como por la Justicia de instrucción.

La División de Abastecimiento Naval (DIAB) era responsable de la confección del menú para toda la Armada y de elaborar los pedidos de víveres para las licitaciones. Posteriormente, la División S.A.U. recibía la mercadería en los depósitos de la Armada o en los destinos asignados.