JUBILADOS

"Hay que hablar de los dirigentes sindicales que hacen del silencio un negocio"

El reciente veto presidencial a las medidas de protección social para jubilados es solo la punta del iceberg de un plan económico que busca desmantelar el Estado y privatizar los derechos sociales. En una Argentina cada vez más desigual, el gobierno de Milei sigue profundizando una crisis social y económica devastadora, condenando a millones de ciudadanos a la pobreza y la exclusión.

Redacción EnOrsai // Jueves 12 de septiembre de 2024 | 06:02

El veto de Milei a los jubilados: privatización encubierta y abandono estatal

La reciente decisión de Javier Milei de vetar las medidas aprobadas por el Congreso para mejorar las condiciones de los jubilados es, sin lugar a dudas, una de las acciones más miserables de su gestión. Esta medida, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de un plan sistemático para desmantelar el Estado y, lo que es aún más alarmante, privatizar la seguridad social en el país. Los defensores de este veto insisten en que es necesario para reducir el déficit fiscal, pero la realidad es que se está condenando a los jubilados, un sector ya vulnerable, a vivir en condiciones de pobreza extrema.

El discurso oficialista ha insistido en la necesidad de realizar ajustes estructurales, pero lo que omiten es que estos ajustes están afectando a quienes menos tienen. Mientras que la inflación continúa disparada y los costos de vida se elevan a niveles insostenibles, la última paritaria fue, sin duda, la más vergonzosa de la historia. Ni siquiera alcanzó un tercio de la inflación oficial, dejando a millones de trabajadores y jubilados en una situación desesperada. Es imposible negar que lo que Milei pretende con estas medidas es destruir la seguridad social tal como la conocemos, para posteriormente abrir la puerta a una privatización encubierta que solo beneficiará a las grandes empresas.

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En este escenario, los sindicatos tienen un desafío enorme por delante: deben alzar la voz y no dejarse llevar por el miedo. Sin embargo, es inevitable reconocer que gran parte de la dirigencia sindical ha optado por el silencio, haciendo del inmovilismo un negocio rentable. ¿Por qué no se habla de esos gremialistas que viven como empresarios y no como trabajadores? Esta crisis de representatividad sindical es un problema tanto para los obreros como para la sociedad en su conjunto. Los gremios, lejos de ser un bastión de lucha, se han convertido en islas de privilegios exentas de cualquier tipo de control, mientras el gobierno sigue hundiendo a las provincias en la miseria.

 

 

La gestión de Milei ha generado 8 millones de nuevos pobres, duplicando la tasa de indigencia en el país. Sin embargo, las políticas neoliberales de ajuste siguen su curso, apuntando a desfinanciar las instituciones esenciales como ANSES y PAMI. Estas instituciones, encargadas de brindar asistencia a los sectores más desprotegidos, están sufriendo una reducción drástica de todas sus prestaciones. El panorama es desolador: los jubilados se retiran de las farmacias sin poder adquirir los medicamentos que necesitan porque simplemente no pueden costearlos.

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Uno de los aspectos más indignantes de esta situación es la manipulación política que el gobierno de Milei ha realizado en torno a la cuestión jubilatoria. Al vetar las mejoras en las pensiones, se está condenando a los jubilados a seguir pasando hambre y, en muchos casos, a morir sin el acceso a los cuidados básicos que necesitan. Este veto no es solo una medida técnica o económica; es una declaración de guerra contra aquellos que más necesitan del Estado.

Milei y su equipo argumentan que estos ajustes son necesarios para evitar un colapso mayor, pero la realidad es que están creando un escenario donde el colapso es inevitable. No solo están desfinanciando la seguridad social, sino que están generando un clima de desesperanza en la sociedad. Cada día, más personas pierden la fe en la democracia, especialmente los jóvenes, quienes no han conocido otro sistema que no sea el democrático y, sin embargo, ven cómo sus condiciones de vida empeoran año tras año. Para muchos de ellos, la dictadura es un recuerdo lejano, algo ajeno a su experiencia vital, lo que hace que subestimen el peligro de perder las libertades democráticas que tanto costó recuperar.

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No obstante, la mala gestión de los gobiernos democráticos no puede ser excusa para añorar regímenes autoritarios. La respuesta a esta crisis no puede ser el retorno a dictaduras, sino la exigencia de gobiernos democráticos más eficientes, que garanticen todos los derechos de la ciudadanía. Si bien el panorama es sombrío, la salida pasa por la movilización social, por exigir que este gobierno y los que vengan pongan fin a la política del ajuste y garanticen una vida digna para todos.

En este sentido, la huelga y la protesta social siguen siendo las herramientas más eficaces para confrontar a un gobierno que ha demostrado estar sordo ante las necesidades del pueblo. Cada vez son más quienes se dan cuenta de que la promesa de "luz al final del túnel" es solo una ilusión, un espejismo que Milei y su equipo usan para ganar tiempo mientras destruyen lo poco que queda del Estado de bienestar.

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El gobierno de Milei está fracasando, y lo está haciendo parado sobre sus propias premisas. Las políticas de ajuste que defendió con tanto fervor solo han servido para empobrecer a millones de argentinos y desmantelar las instituciones que garantizaban una mínima red de contención social. La única salida posible es exigir que el Estado retome su rol como garante de los derechos de todos los ciudadanos, y que deje de ser un instrumento al servicio de las multinacionales y los grandes capitales.

 

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