En la Argentina de Javier Milei, la violencia institucional y el abandono estatal parecen ser las únicas respuestas del gobierno frente a los reclamos populares. La represión violenta a una manifestación pacífica en las inmediaciones del Congreso, donde los jubilados protestaban contra la suspensión de beneficios vitales, es el último ejemplo de cómo el Estado prefiere el garrote al diálogo. En este contexto, Fabricia, una niña de pocos años, fue víctima de gases lacrimógenos lanzados por la policía, mientras su madre, Carla Pegoraro, intentaba que la protesta se mantuviera pacífica.

El gobierno de Javier Milei, que ha prometido reducir el déficit fiscal eliminando lo que considera “gastos innecesarios”, ha iniciado una campaña despiadada contra los sectores más vulnerables, incluidos los jubilados, cuyos derechos se han visto erosionados drásticamente. En la manifestación de la que participaba Carla Pegoraro, cientos de jubilados reclamaban contra un veto que los condena a sobrevivir con pensiones miserables. “Nos están riendo en la cara”, gritaba Pegoraro, expresando el sentimiento de impotencia que miles de argentinos comparten frente a un gobierno que privilegia los intereses de los grandes capitales sobre las necesidades de los trabajadores y jubilados.

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El discurso incendiario de Milei, que presenta a los jubilados como una carga para el Estado, contrasta fuertemente con la realidad que viven millones de argentinos. Mientras los jubilados apenas pueden cubrir sus necesidades básicas, Milei y su equipo económico se embolsan sueldos millonarios, amparados por un discurso que glorifica la austeridad solo para los más pobres. Las cifras son alarmantes: más de la mitad de los jubilados vive por debajo de la línea de pobreza, y el veto a los aumentos jubilatorios es un golpe más que los empuja al abismo.

El desprecio del gobierno hacia los manifestantes quedó evidenciado en la brutal respuesta policial. Pegoraro, quien fue testigo directo del ataque, narra cómo, al intentar sentarse en el suelo pacíficamente junto a su hija Fabricia para protestar, la policía arremetió sin piedad, lanzando gas pimienta a la niña, quien solo estaba allí para acompañar a su madre. “Le echaron gas pimienta a mi hija, pacíficamente”, recuerda Carla con indignación. Este acto de violencia no solo revela el desprecio hacia quienes protestan por sus derechos, sino también la brutalidad de una fuerza policial que opera sin restricciones bajo el amparo del gobierno de Milei.

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La indignación de Pegoraro refleja el sentir de un país entero. “Nos están burlando, loco. ¡Basta!” clama, cansada de un sistema que parece decidido a aplastar cualquier intento de resistencia. Las palabras de Carla no son una simple queja aislada; representan un grito colectivo de hartazgo frente a un gobierno que gobierna con puño de hierro y una economía que profundiza las desigualdades. La idea de que “nos están riendo en la cara” es una realidad palpable para millones de argentinos que ven cómo el gobierno reduce sus derechos mientras favorece a los grandes grupos económicos.

El accionar represivo de la policía bajo el mando de Milei es solo una faceta del problema mayor: la deshumanización de quienes están en situación de vulnerabilidad. Bajo este gobierno, el Estado no solo ha dejado de ser un garante de derechos, sino que se ha convertido en el verdugo de los más desprotegidos. Las promesas de cambio, basadas en el liberalismo extremo de Milei, han resultado en un país donde la violencia es la norma y los derechos de las personas son continuamente avasallados. Los jubilados, que deberían recibir el reconocimiento y la asistencia adecuada por toda una vida de trabajo, son considerados un obstáculo en el camino hacia una economía que favorece solo a los poderosos.

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La situación no se limita a los jubilados. Pegoraro menciona cómo, además de su lucha en las calles, trabaja en un comedor comunitario para evitar que cientos de familias queden en la calle debido al cierre de su local por falta de fondos. La imagen de una sociedad donde las personas más necesitadas tienen que organizarse para suplir lo que el Estado ya no proporciona es el reflejo de un país en decadencia. La comunidad de La Boca, que produce empanadas para pagar el alquiler del comedor, es solo uno de los tantos ejemplos de cómo el gobierno ha abandonado a su pueblo.

La estrategia de Milei es clara: mientras los grandes grupos económicos siguen acumulando riquezas, el pueblo argentino, especialmente los sectores más vulnerables, es empujado a una lucha por la supervivencia. La policía, en vez de garantizar el orden y la seguridad, se ha convertido en el brazo represor de un gobierno que solo responde a los intereses del capital financiero. La violencia contra Fabricia y su madre es solo un síntoma de una enfermedad mucho mayor que está corroyendo a la Argentina.

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El futuro se presenta incierto. Mientras Milei sigue implementando su plan de ajuste con total indiferencia hacia las consecuencias sociales, la protesta y la resistencia crecen. Carla Pegoraro lo dice claro: “Si no trabajamos por nuestro cambio, alguien vendrá y nos hará trabajar por el suyo”. El desafío está planteado. Los argentinos, y especialmente los jubilados, se enfrentan a una batalla titánica contra un gobierno que no tiene ningún interés en mejorar sus vidas. La pregunta es si lograrán resistir y cambiar un sistema que parece decidido a destruirlos.