Diego Luciani, titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, junto al fiscal coadyuvante José Ipohorski Lenkiewicz, presentaron una solicitud de condena contra los capitanes de corbeta de la Armada Argentina, Ceferino Luis Rivero y Guillermo Ariel Ferfner.

El requerimiento obedece a su presunta coautoría en un caso de defraudación agravada contra la Administración Pública, vinculada con irregularidades en la adquisición de alimentos para la Escuela Naval Militar. Se estima que estas irregularidades ocasionaron un perjuicio económico al Estado de $13.555.010,25.

El origen del caso se remonta al 29 de marzo de 2011, cuando el capitán de navío Juan José Iglesias, quien ejercía como director de la Escuela Naval Militar, presentó una denuncia. En ella, Iglesias alertaba sobre la recepción de cantidades de alimentos que superaban significativamente el consumo habitual de la institución.

La investigación, conducida por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°12 y supervisada por el juez Rodolfo Canicoba Corral, reveló que Ceferino Luis Rivero, en su calidad de responsable de la División Servicios y Pañoles de la Escuela Naval Militar, certificó la recepción de mercadería proveniente de la Intendencia Naval Buenos Aires División Sistema de Aprovisionamiento Único (S.A.U.), la cual nunca arribó a la institución. Esta maniobra resultó en un desvío de fondos presupuestarios y en un perjuicio económico para la entidad.

De igual manera, se determinó que Guillermo Ariel Ferfner, entonces jefe de la División S.A.U., emitió remitos de ingreso de mercadería que tampoco fueron recibidos por la Escuela Naval Militar.

En la audiencia, el fiscal general Diego Luciani detalló las acciones imputadas a Rivero y Ferfner, enfatizando su función como funcionarios encargados de preservar los recursos públicos. También se hicieron referencia a grabaciones de conversaciones entre Rivero y un subalterno, que no habían sido consideradas en las etapas iniciales del proceso.

Por último, la Fiscalía solicitó una condena de 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para cargos públicos, accesorias legales y costas para ambos acusados. Además, se pidió el decomiso de la suma defraudada y la apertura de investigaciones sobre la posible implicación de otros miembros de la Armada y proveedores en la maniobra. El juicio continuará con los alegatos de la defensa el próximo 6 de octubre.