La legisladora electa por Río Negro, Magdalena Odarda, desafía el fallo que concede el Lago Escondido al magnate británico Joe Lewis. Este veredicto, emitido por el Superior Tribunal de Río Negro, genera un intenso debate sobre la propiedad privada y los derechos colectivos en áreas de frontera. Odarda, respaldada por abogados especializados, busca llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La sentencia, que restringe significativamente el acceso al lago, plantea cuestionamientos sobre soberanía y propiedad de tierras en Argentina.
Redacción EnOrsai // Jueves 28 de septiembre de 2023 | 06:51
La legisladora electa por la provincia de Río Negro, Magdalena Odarda, ha tomado una decidida acción en respuesta al fallo emitido por el Superior Tribunal de Río Negro el pasado 31 de agosto, el cual otorga la propiedad del Lago Escondido al magnate británico Joe Lewis. Este controvertido dictamen ha elevado la propiedad privada a un estatus casi sacrosanto, relegando a un segundo plano los derechos colectivos y las leyes argentinas sobre soberanía y propiedad de tierras, especialmente en áreas de frontera.
Con el objetivo de revertir esta situación, los abogados Ernesto Montecino Odarda y Juan Martín Palumbo, quienes representan a la legisladora en esta causa, han formulado un "recurso extraordinario federal". Este recurso busca que el caso sea elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la esperanza de que se reconsidere la sentencia y se abra un espacio para el acceso razonable al Lago Escondido, actualmente confinado bajo la posesión de Joe Lewis.
El fallo del STJ rionegrino ha desatado una ola de controversia. Al clausurar el acceso conocido como Camino de Tacuifí, el cual representaba la única vía medianamente accesible al Lago Escondido, esta vía, en la práctica, ha pasado a ser territorio propiedad de Lewis. Esto deja como única alternativa para los ciudadanos argentinos un sendero de montaña que requiere un tránsito de cuatro días a pie o a caballo, por zonas de alta peligrosidad y fragilidad ambiental, ubicadas en plena zona cordillerana y cercanas a la frontera con Chile.
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Según el recurso presentado por Odarda, el fallo del Poder Judicial rionegrino no solo valida la privatización de un reservorio de agua dulce de máxima pureza, sino que también excluye al 99% de la población argentina de disfrutar de esta maravilla natural que le pertenece. Además, anula la garantía del Artículo 73 de la Constitución Rionegrina que otorga el derecho a todos los habitantes de acceder libremente a ríos, mares y lagos como bienes de dominio público del Estado
Esta situación representa una polaroid de impunidad y descaro, cuyos orígenes se remontan al gobierno nacional de Carlos Menem. A pesar de haber existido una causa penal, esta prescribió, dejando un panorama de impunidad en torno a la entrega y renuncia a la soberanía sobre el Lago Escondido.
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El recurso extraordinario, sin embargo, no garantiza un desenlace definitivo. Tanto la aceptación de la apelación por parte del STJ provincial como la intervención de la Corte Suprema en el caso son situaciones inciertas y de difícil pronóstico. Este episodio, más allá de sus implicaciones legales, se configura como un símbolo de la lucha por la soberanía y la protección de los recursos naturales de la región.