En una reciente entrevista radial, Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario, expresó su firme rechazo a las declaraciones del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El ministro había sugerido que los trámites de divorcio y sucesiones se gestionaran fuera del ámbito judicial, específicamente a través de notarios. Galdeano calificó estas declaraciones como “irresponsables” y “fuera de contexto”, subrayando que no existe actualmente ningún proyecto de ley en el Congreso que respalde esta propuesta.

Galdeano criticó la falta de fundamentos sólidos en la propuesta del ministro, quien, según el abogado, no ha presentado argumentos convincentes sobre los beneficios de trasladar estos trámites a la esfera notarial. En lugar de simplificar y abaratar el proceso, Galdeano argumenta que esta medida podría resultar en un aumento de costos y complejidades para los ciudadanos. "No sabemos cuál es el objetivo real de esta propuesta, y lo que es peor, no existe un marco normativo que la respalde", sostuvo.

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Además, Galdeano señaló que la implementación de estos cambios a través de un decreto sería inadecuada y no resolvería los problemas actuales del sistema judicial. Según el presidente del Colegio de Abogados, la verdadera solución pasa por discutir y reformar las normas existentes para hacer los procesos más eficientes y accesibles, no por trasladarlos a un ámbito que podría resultar más costoso para la población.

El descontento dentro de la comunidad jurídica es palpable. Los abogados de todo el país han manifestado su preocupación ante la falta de transparencia y seriedad en las declaraciones del ministro. Galdeano hizo un llamado a la prudencia, exigiendo que Cúneo Libarona actúe con mayor responsabilidad al abordar temas tan delicados que afectan directamente a los ciudadanos y al sistema judicial.

Reflexión Final:

La propuesta del Ministro Cúneo Libarona de trasladar los trámites de divorcio y sucesiones al ámbito notarial ha generado un intenso debate en la comunidad jurídica. La falta de claridad y de una base normativa sólida ha suscitado preocupaciones sobre los posibles efectos adversos de esta medida. Es crucial que cualquier reforma en el sistema judicial sea abordada con seriedad y un profundo entendimiento de sus implicancias, para garantizar que sirva verdaderamente a los intereses de la ciudadanía y no a sectores corporativos específicos.

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