El reciente caso de represión en Argentina, donde una niña llamada Fabrizia fue gaseada intencionadamente por la policía, ha sacado a relucir la escalada de violencia que atraviesa al país. Este incidente, que ocurrió durante una protesta reprimida por las fuerzas del orden, dejó una marca indeleble en el debate público. Sin embargo, el aspecto más inquietante del caso no es solo la brutalidad policial, sino la forma en que desde ciertos sectores políticos se ha tratado de justificar y, peor aún, de culpar a las víctimas.

Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Fabrizia, realizó una serie de declaraciones en las que no solo arremete contra la policía que ejecutó el ataque, sino también contra la ex ministra de Seguridad y actual candidata presidencial, Patricia Bullrich. Para Dalbón, la respuesta de Bullrich ante este hecho no solo revela una total falta de empatía, sino que también es una muestra de la estrategia política basada en el odio y la violencia que ella representa. "Que Bullrich le diga 'violenta' a la madre de Fabrizia es de mala persona", sentenció Dalbón durante una entrevista radial, denunciando una maniobra política para desviar la atención del verdadero problema: el uso desmedido de la fuerza por parte del Estado.

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La violencia policial, en este caso, fue intencionada. "El policía que gaseó a Fabrizia lo arrojó de manera intencionada, para abajo. Siempre se tira para arriba, en el piso no se gasea a nadie", explicó Dalbón. Este detalle técnico, aparentemente menor, tiene implicaciones profundas: no fue un accidente ni un error de procedimiento, sino una acción deliberada para causar daño. Este tipo de abuso de autoridad, según el abogado, no es un caso aislado, sino parte de un patrón que se ha normalizado bajo el discurso de "orden y seguridad" promovido por figuras como Bullrich.

Lo más preocupante es cómo se está utilizando este hecho para alimentar una narrativa de polarización extrema. En lugar de admitir un error o, al menos, mostrar una postura más empática, Bullrich ha decidido atacar a la madre de la víctima, acusándola de ser parte del problema. Este tipo de artilugios retóricos, que buscan culpar a las víctimas de la violencia estatal, no solo desvirtúan el debate, sino que lo transforman en una guerra simbólica donde los únicos ganadores son aquellos que buscan consolidar el poder mediante el miedo.

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Dalbón ha sido categórico al señalar que lo que está en juego aquí no es una simple causa política, sino los derechos humanos fundamentales. “Este caso no tiene nada que ver con la política, esto es un tema que atraviesa a todos”, comentó, destacando que la querella que presenta busca justicia no solo para Fabrizia, sino para todos los que han sufrido la violencia del Estado. La acusación contra los responsables incluye cargos por lesiones agravadas por alevosía, un delito que complica aún más la defensa de Bullrich y los policías implicados.

Además de la respuesta política, otro actor clave en esta trama es el papel que juegan ciertos medios de comunicación. La cobertura mediática del caso ha sido, cuanto menos, parcial. Medios afines a Bullrich y a su espacio político han tratado de minimizar el impacto del ataque a Fabrizia, o incluso de justificarlo como un “exceso justificado” en el marco de la represión de una protesta violenta. Dalbón, sin embargo, ha señalado que esta cobertura sesgada es parte de una estrategia coordinada para manipular la opinión pública. “Citamos a Jonathan Viale, a Feinman y Rial, vamos a pretender que digan lo que realmente sucedió en sus celulares. Queremos que expliquen de dónde vino el video”, afirmó el abogado, sugiriendo que la difusión de ciertos videos manipulados ha sido clave en la construcción de la narrativa que busca exculpar a los responsables.

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La estrategia de Bullrich de echarle la culpa a la víctima no es nueva. Es un recurso retórico que ha utilizado en repetidas ocasiones para desviar la atención de su responsabilidad en los actos de represión ocurridos durante su gestión como ministra de Seguridad. Pero en este caso, la jugada parece haber cruzado una línea ética que pocos estaban dispuestos a tolerar. La madre de Fabrizia, lejos de ser una figura política o activista, es una ciudadana común que vio a su hija ser atacada por quienes supuestamente deben protegerla. Que Bullrich se refiera a ella como “violenta” es, para muchos, una muestra de la deshumanización que conlleva su proyecto político.

La querella presentada por Dalbón es solo el primer paso en un largo proceso judicial que busca no solo reparar el daño hecho a Fabrizia y su familia, sino también sentar un precedente para que este tipo de abusos no queden impunes. “Tienen una causa bastante complicada por abuso de autoridad”, aseguró el abogado, refiriéndose tanto a los policías involucrados como a los responsables políticos que los avalaron. En este sentido, la defensa de Bullrich a los policías no es solo un acto de lealtad corporativa, sino una declaración política que refuerza su postura de que la represión es una herramienta legítima del Estado para mantener el orden.

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Sin embargo, el caso de Fabrizia pone en evidencia los límites de esta visión. La violencia estatal, cuando se aplica sin control ni responsabilidad, genera un clima de miedo y desconfianza que erosiona los fundamentos de la democracia. El hecho de que una candidata presidencial defienda abiertamente a quienes perpetraron un acto de violencia contra una niña es una señal alarmante de hacia dónde se dirige la política argentina si no se pone un freno a estas prácticas.

El caso de Fabrizia no es solo un episodio aislado de brutalidad policial; es un síntoma de un problema mucho más profundo. La violencia estatal, legitimada y defendida por sectores políticos y mediáticos, se está convirtiendo en una herramienta de control social que amenaza con socavar las bases mismas del estado de derecho. Mientras figuras como Bullrich continúan promoviendo un discurso de "orden y seguridad" a cualquier costo, los ciudadanos comunes, como la madre de Fabrizia, se ven obligados a enfrentar una maquinaria de represión que no duda en culpar a las víctimas para proteger a los poderosos.

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