Crisis Alimentaria en Argentina: La Corte Suprema en la Encrucijada de la Inacción del Gobierno*

Marisa Graham, Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ha recurrido a la Corte Suprema ante la inacción del gobierno en la distribución de alimentos esenciales para millones de niños en Argentina. Graham critica la falta de políticas públicas integrales y exige una solución inmediata para la crisis alimentaria que afecta a la infancia más vulnerable.*

La crisis alimentaria en Argentina alcanza un punto crítico, revelando la profunda desconexión entre las promesas gubernamentales y la realidad diaria que viven millones de niños y familias en el país. La reciente intervención de Marisa Graham, Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pone de manifiesto la inacción del gobierno y subraya la urgente necesidad de una respuesta judicial efectiva. En una reciente entrevista radial, Graham expuso la dramática situación y el recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema para exigir la entrega de alimentos esenciales que han sido inexplicablemente retenidos.

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El problema, que comenzó a gestarse en febrero de este año, refleja una incapacidad crónica del gobierno para mantener un suministro continuo de alimentos a los comedores y merenderos que sirven a los sectores más vulnerables. Graham explicó que la medida de presentar un recurso ante la Corte Suprema es una consecuencia directa de la falta de respuesta del poder judicial y la ineficiencia de los mecanismos de entrega de alimentos que el gobierno prometió actualizar pero nunca implementó.

Según Graham, el gobierno prometió una nueva modalidad de asistencia alimentaria, pero esta transición ha sido acompañada por una interrupción total en la entrega de alimentos, que ha dejado a muchos comedores y merenderos en una situación desesperante. La Defensora denunció que los alimentos almacenados en los galpones, que incluyen productos de larga duración como pastas y turrones, no han sido distribuidos de manera adecuada. En lugar de continuar con la distribución mientras se implementaba un nuevo programa, se ha producido una completa paralización de la asistencia.

El juez a cargo del caso, Furnari, y la Cámara han demorado la resolución, alegando que el problema estaba siendo abordado en otro expediente, lo cual Graham considera una falacia. La realidad, según su testimonio, es que los alimentos continúan almacenados sin ser entregados y el gobierno no ha presentado una alternativa alimentaria viable. Graham y su equipo han insistido en que la situación no solo requiere la distribución de los alimentos almacenados, sino también una solución sostenible que garantice que no haya más interrupciones en la asistencia.

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La Defensora Nacional también hizo referencia a un reciente informe de UNICEF, que revela que alrededor de un millón de niños en Argentina se van a dormir sin cenar. Este dato alarmante es un reflejo de la creciente desigualdad y la incapacidad del Estado para garantizar el derecho a la alimentación. Graham señaló que, aunque los informes de organizaciones como UNICEF y la UCA confirman una situación crítica, la respuesta del gobierno ha sido insuficiente. Según la Defensora, el verdadero problema radica en la falta de políticas públicas integrales que aborden la pobreza de manera efectiva y brinden soluciones a largo plazo.

Graham criticó la visión limitada del gobierno sobre el problema, argumentando que la entrega de alimentos es solo una parte de la solución. La verdadera respuesta a la crisis alimentaria debe incluir medidas que aseguren empleos dignos y una mejora en las condiciones económicas de las familias. Destacó que las políticas de asistencia como la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo, aunque necesarias, no son suficientes por sí solas. La pobreza y la inseguridad alimentaria están íntimamente relacionadas con la falta de trabajo y la precariedad laboral, y para abordar estos problemas de manera efectiva, se necesita una política pública más integral que eleve el nivel de vida de las familias.

La intervención de la Corte Suprema se presenta como una oportunidad crucial para rectificar la situación. Graham destacó que la Corte tiene el poder de forzar al gobierno a cumplir con su deber de garantizar la distribución de alimentos y de asegurar que se implemente un plan alternativo si es necesario. La falta de acción y la dilación en la resolución del caso han exacerbado la crisis y puesto en peligro la vida de muchos niños y adolescentes que dependen de estos alimentos para su supervivencia.

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La Defensora también reflexionó sobre el rol de la justicia en este contexto, citando el principio de que la justicia no puede ser eficaz si no actúa en tiempo y forma. La demora en la resolución judicial no solo afecta a los beneficiarios de la asistencia alimentaria, sino que también socava la confianza en el sistema judicial y en las instituciones responsables de garantizar los derechos fundamentales.

En última instancia, Graham hizo un llamado urgente para que el gobierno asuma su responsabilidad y tome medidas concretas para resolver la crisis alimentaria. La situación actual es insostenible y exige una respuesta coordinada entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. La Corte Suprema tiene la responsabilidad de intervenir y garantizar que se cumpla el derecho a la alimentación de los niños y adolescentes, mientras que el gobierno debe revisar y reforzar sus políticas para abordar las causas subyacentes de la pobreza y la inseguridad alimentaria en el país.

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