El reciente anuncio del proyecto de ley presentado por Manuel Adorni para modificar la Ley de Seguridad Interior ha encendido las alarmas en el ámbito político y social argentino. La propuesta, que permitiría a las Fuerzas Armadas intervenir en situaciones de seguridad interior sin la necesidad de una declaración formal de estado de sitio, ha sido duramente criticada por figuras como Agustín Rossi, ex ministro de Defensa y dirigente del campo nacional y popular.

Rossi, en una entrevista con AM 750, calificó la iniciativa como un "estado de sitio encubierto". Según el ex ministro, hasta ahora la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior estaba limitada a dos supuestos: el apoyo logístico en situaciones puntuales y la declaración de estado de sitio en caso de crisis institucionales. Con la nueva reforma, cualquier región de Argentina podría ser militarizada por decisión ejecutiva, sin el control del Congreso.

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Este cambio radical se justifica, según Adorni, por la necesidad de combatir el terrorismo. Sin embargo, Rossi cuestiona esta justificación, señalando que el gobierno no se atreve a mencionar el término "narcoterrorismo" abiertamente, aunque en realidad parece ser el verdadero objetivo de la reforma. Esta medida, argumenta Rossi, busca crear un ambiente de miedo y control sobre la población, utilizando la amenaza del terrorismo como excusa para incrementar la represión estatal.

Rossi destaca tres hechos recientes que subrayan esta tendencia hacia la militarización y el control represivo. Primero, la recreación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), una institución con un oscuro pasado en prácticas de vigilancia y represión. Segundo, el incremento significativo del presupuesto para gastos reservados de la SIDE, lo que podría indicar un aumento en las actividades de inteligencia y vigilancia. Y tercero, la propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Interior, que permitiría una intervención militar directa en asuntos de seguridad interior.

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El ex ministro también subraya la diferencia entre el terrorismo y el narcoterrorismo, criticando la obsesión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por encontrar terroristas en Argentina. Según Rossi, aunque Rosario ha sido escenario de graves problemas de violencia vinculada al narcotráfico, no existen en el país organizaciones terroristas como las que operaban en Colombia o Perú en décadas pasadas. La calificación de actos de protesta como terroristas y la obsesión por etiquetar problemas de seguridad como terrorismo refleja, según Rossi, una agenda alineada con los intereses del Departamento de Estado de Estados Unidos y el Comando Sur, que promueven la teoría de las nuevas amenazas.

Rossi también critica la destrucción del Estado desde dentro, señalando cómo la gestión de Javier Milei disolvió el Comité Nacional de Lucha contra la Trata, trasladando sus funciones al Ministerio de Seguridad. Esta decisión, según Rossi, ha tenido consecuencias desastrosas, como la incapacidad para resolver casos de trata de personas debido a la falta de coordinación y enfoque adecuado.

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La propuesta de involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior es vista por Rossi como un retroceso a las peores prácticas de las dictaduras militares del siglo pasado. En lugar de fortalecer las fuerzas de seguridad intermedias como la Gendarmería y la Prefectura, que ya tienen una formación militar y operan bajo el Ministerio de Seguridad, el gobierno pretende militarizar aún más la respuesta a los problemas de seguridad, ignorando los riesgos y las implicaciones de esta política.

La crítica de Rossi se extiende a la figura de Victoria Villarruel, vicepresidenta de Argentina, a quien acusa de tener una postura antidemocrática y negacionista respecto a los crímenes de la dictadura. En debates públicos, Villarruel ha evitado condenar explícitamente a los genocidas, mostrando una actitud complaciente hacia ellos. Rossi argumenta que el peronismo debe construir una alternativa completamente distinta a la que representa Villarruel, enfocada en la vigencia de los derechos humanos, la justicia social y la ampliación de derechos.

De esta manera, la reforma de la Ley de Seguridad Interior propuesta por Adorni y apoyada por figuras como Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, representa un peligroso avance hacia la militarización de la seguridad interior y un retroceso en términos de derechos y libertades civiles. La oposición liderada por Agustín Rossi alerta sobre las graves implicaciones de estas medidas, que buscan instaurar un control represivo sin precedentes en la historia reciente de Argentina.

Gravísimo
Asesinaron a una madre de un militante de Derechos Humanoshttps://t.co/JtyttjmN3c pic.twitter.com/dDqtXEciN2

— En Orsai (@EnOrsai) August 5, 2024