Patricia Bullrich está siendo tendencia en Twitter en Argentina por varios motivos recientes que involucran su figura como ex ministra de Seguridad y candidata presidencial. Uno de los principales temas es la polémica por su endurecida política de represión, particularmente su implicación en un incidente donde se gaseó a una niña de 10 años durante una protesta en Buenos Aires. Este hecho generó una fuerte indignación social y ha sido ampliamente criticado por organismos de derechos humanos. Bullrich intentó desviar la responsabilidad, afirmando que grupos de derechos humanos habrían estado involucrados, lo que sólo avivó más las críticas contra su gestión y su postura de "mano dura"?.

Otro tema que ha contribuido a su tendencia es la implementación del controversial "protocolo antibloqueos", una medida diseñada para reprimir las protestas sindicales. Este protocolo ha generado un debate sobre la criminalización de la protesta social y el derecho a huelga, lo que ha intensificado las tensiones entre el gobierno y los sindicatos?.

Adicionalmente, la reciente orden de detención emitida por el fiscal venezolano Tarek William Saab contra Bullrich, Javier Milei y su hermana por su rol en el incidente del avión Emtrasur, ha añadido más controversia a su figura pública, amplificando la cobertura mediática y las discusiones en redes sociales?.

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Una endurecida política de represión

Durante su tiempo al frente del Ministerio de Seguridad, Bullrich impulsó medidas orientadas a reforzar la autoridad policial y a responder con dureza ante cualquier manifestación de desobediencia civil. Entre sus políticas más controversiales se destacan la implementación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, conocido como el "Protocolo Antipiquetes", que autorizaba el uso de la fuerza para dispersar manifestantes en cortes de rutas y calles. Esta normativa fue fuertemente criticada por sectores de derechos humanos, que la consideraban un avance hacia la criminalización de la protesta social.

Bullrich también promovió el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad en situaciones de "peligro inminente", incluso sin mediar una agresión directa. Uno de los casos más emblemáticos de esta política fue el respaldo que dio al policía Luis Chocobar, quien disparó por la espalda a un ladrón que huía tras cometer un delito. Bullrich defendió a Chocobar, afirmando que actuó en cumplimiento del deber, lo que desató un amplio debate sobre el uso excesivo de la fuerza y la legitimación de la violencia institucional.

El Caso Maldonado, que involucró la desaparición y muerte del activista Santiago Maldonado durante una represión de Gendarmería en una protesta mapuche, también marcó un punto crítico de su gestión. Bullrich enfrentó duras críticas por la falta de transparencia en la investigación y por haber defendido a las fuerzas de seguridad en todo momento, aun cuando hubo pruebas que señalaban su responsabilidad en la desaparición.

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Más recientemente, Bullrich ha sido señalada por su posición inflexible ante las protestas sindicales y sociales. El incidente donde una niña de 10 años fue afectada por gas lacrimógeno durante una manifestación en Buenos Aires es un ejemplo reciente del rechazo social a sus métodos. Bullrich minimizó la gravedad del hecho y sugirió que los grupos de derechos humanos estaban manipulando la situación, lo que generó una ola de indignación en redes sociales.

De esta manera, podemos decir que Bullrich ha sido consistentemente criticada por su política de seguridad centrada en la represión y el uso excesivo de la fuerza, lo que ha polarizado la opinión pública en Argentina. Mientras algunos sectores la ven como una defensora del orden y la seguridad, otros la acusan de violar derechos fundamentales y de permitir la violencia institucional.

Aceptaron como querellante a Fabrizia, la niña que fue rociada con gas pimienta y a su mamá , representadas por el abogado @Gregoriodalbon y ahora podrán impulsar la denuncia contra Bullrich , su segunda y el jefe de policía por abuso de autoridad y lesiones pic.twitter.com/7BMjiamrgc

— Vanesa Petrillo (@Vanepetrillo) September 18, 2024

La implementación del controversial "protocolo antibloqueos"

El **protocolo antibloqueos** fue una de las medidas más controvertidas impulsadas por Patricia Bullrich durante su mandato como ministra de Seguridad de Argentina. Formalmente conocido como el **"Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas"**, fue presentado en 2016 como una respuesta directa a las crecientes protestas sociales y sindicales que bloqueaban rutas, autopistas y calles en todo el país.

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El protocolo tenía como objetivo **limitar los piquetes y bloqueos** mediante el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para despejar las vías públicas en el menor tiempo posible. La medida permitía la intervención policial sin la necesidad de orden judicial, dando más libertad a las fuerzas de seguridad para actuar de manera preventiva o reactiva ante manifestaciones que obstruyeran el tránsito vehicular o peatonal. Este hecho generó **fuertes críticas de diversos sectores políticos y de derechos humanos**, que consideraban la medida como una herramienta para **criminalizar la protesta social** y limitar el derecho a la manifestación.

Entre las disposiciones más polémicas del protocolo se encontraba la posibilidad de usar **gas lacrimógeno, balas de goma y otras formas de dispersión no letal**, justificadas bajo el pretexto de garantizar el "orden público". Sin embargo, críticos de la medida sostienen que, en muchos casos, se utilizó la fuerza de manera **desproporcionada y arbitraria**.

Organismos de derechos humanos, sindicatos y partidos de izquierda denunciaron que el protocolo era una forma de **represión legalizada** contra los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente los trabajadores que se manifestaban por despidos, recortes y otras medidas económicas impopulares. Además, la **ONU** y **Amnistía Internacional** también expresaron preocupación por las implicancias del protocolo, señalando que el derecho a la protesta es un derecho humano fundamental y que cualquier uso de la fuerza debe ser proporcionado y excepcional.

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Uno de los incidentes que ejemplifica los efectos de esta política fue la represión de los manifestantes en las protestas contra la reforma previsional en diciembre de 2017. Durante esas manifestaciones, las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo y utilizaron balas de goma y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, resultando en numerosos heridos y detenciones. Este evento intensificó el debate sobre el **abuso de poder** y la creciente militarización de las fuerzas policiales bajo la dirección de Bullrich.

En síntesis, el protocolo antibloqueos de Bullrich buscaba un control estricto sobre las protestas, pero terminó convirtiéndose en un símbolo de **represión** y **criminalización de la disidencia** en Argentina. Para algunos, fue una respuesta necesaria para garantizar el orden y la libre circulación; para otros, representó un grave retroceso en materia de derechos civiles y humanos.

Otra vez la Policía de Patricia Bullrich reprimiendo jubilados. No les alcanza con negarles un aumento y celebrarlo con una fiesta en Olivos, también necesitan cagarlos a palos. pic.twitter.com/lVQ70HxacR

— Editor? (@Editor_76) September 18, 2024

La orden de detención emitida por el fiscal venezolano Tarek William Saab contra Bullrich

La reciente orden de detención emitida por el fiscal venezolano Tarek William Saab contra Patricia Bullrich ha generado una fuerte controversia internacional, ya que involucra también al actual presidente argentino, Javier Milei, y a su hermana, Karina Milei. El trasfondo de esta orden está vinculado al controvertido incidente del avión Emtrasur, una aeronave venezolana retenida en el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, desde mediados de 2022 y posteriormente enviada a Estados Unidos en 2023.

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El avión, un Boeing 747, fue originalmente adquirido por la aerolínea venezolana Emtrasur de la empresa iraní Mahan Air, lo que provocó sospechas debido a la relación de esta última con la Guardia Revolucionaria iraní, una organización catalogada como terrorista por Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses intervinieron la aeronave bajo la acusación de que su venta había violado leyes de exportaciones y que su uso beneficiaba a esta organización iraní. A partir de este incidente, se desató una disputa legal internacional que involucró a varios países.

En este contexto, el fiscal Saab solicitó la detención de Milei, Karina Milei y Patricia Bullrich, quienes han sido acusados de colaborar con la retención del avión en Argentina y, en última instancia, con su transferencia a los Estados Unidos. Según Saab, este acto constituye una violación a la soberanía venezolana y un ataque contra los intereses del país, lo que motivó la emisión de la orden de aprehensión.

La reacción en Argentina fue rápida y contundente. Tanto el gobierno argentino como otros actores políticos han rechazado la medida, considerándola como un acto de represalia política por parte del régimen de Nicolás Maduro. La Cancillería argentina emitió un comunicado oficial en el que reafirmó la independencia de los poderes judiciales en Argentina y repudió la interferencia del gobierno venezolano en los asuntos internos del país. Al mismo tiempo, las tensiones entre ambos países han escalado, con Maduro aprovechando la situación para hacer comentarios burlones sobre Milei, incluyendo una declaración en la que mencionó que pedía al espíritu de Diego Maradona que "no lo dejara dormir".

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Este incidente ha alimentado aún más la controversia en torno a Bullrich, quien ya enfrentaba críticas por sus políticas de seguridad y su historial en el manejo de cuestiones internacionales durante su tiempo como ministra. La orden de arresto ha intensificado el escrutinio sobre su figura y ha puesto en el foco una vez más su vinculación con la política exterior, mientras que los aliados de Bullrich y Milei la califican como una maniobra política del régimen venezolano para desestabilizar su candidatura y la de Milei.

De esta manera, esta orden de detención no solo ha complicado las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, sino que ha arrojado más luz sobre las complejas conexiones geopolíticas que envuelven a Bullrich, Javier Milei y su círculo más cercano, lo que ha generado una reacción en cadena tanto en redes sociales como en el ámbito político.

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Florencia Carignano: "Pullaro no tuvo los huevos para pedirle a Milei la plata que le corresponde a los santafesinos"https://t.co/I1qj7ovN7A

— En Orsai (@EnOrsai) September 18, 2024