El proyecto Paseo Gigena es liderado por una coalición de empresas, entre las que se destaca la consultora Anker Latinoamérica SA. Fundada en 2020 por Luis "Toto" Caputo, exministro de Finanzas durante la administración de Macri, y su socio Santiago Bausili, exsecretario de Finanzas, Anker despliega su experiencia en la organización del fideicomiso y la búsqueda de inversores para financiar esta megaproyección inmobiliaria.

Según informó el portal ElDiarioAr en una nota firmada por Emilia Delfino, Caputo y Bausili, figuras políticas clave en el gobierno anterior, están involucrados en un proyecto de esta magnitud ha generado controversia y levantado interrogantes sobre los "posibles conflictos de interés".

El proyecto se presenta como una inversión de más de US$46 millones y se estima que los selectos inversores podrán recuperar sus fondos en alrededor de siete años. La participación de Anker y sus socios se centra en la estructuración financiera del proyecto y en la búsqueda de inversores que puedan respaldar esta empresa inmobiliaria. Si bien las autoridades aseguran que no existe ilegalidad ni conflicto de intereses, la conexión entre figuras políticas del pasado y un proyecto lucrativo ha llamado la atención de críticos y defensores por igual.

Maqueta virtual del Paseo Gigena. El edificio carousel es parte de la obra, que en total alberga 250 cocheras, locales y oficinas. Gigena.com.ar

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la diferencia entre el alquiler de las oficinas y locales comerciales, que se anuncian en dólares, y el canon que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recibirá en pesos. Aunque el canon se estima en alrededor del 15% de las ganancias de los inversores por la explotación del terreno público, este desajuste entre monedas ha suscitado inquietudes sobre la equidad y la justicia en esta empresa. Mientras los inversores obtienen ingresos en dólares, el gobierno local recibiría el canon en pesos, lo que podría resultar en una brecha significativa entre las ganancias generadas y el monto que finalmente ingresa a las arcas públicas.

La relación entre el sector público y privado en el proyecto Paseo Gigena pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia y supervisión en la gestión de proyectos inmobiliarios en terrenos públicos. A medida que los críticos cuestionan la naturaleza de esta asociación entre exfuncionarios y empresas privadas, se hace evidente la importancia de establecer salvaguardias y regulaciones que garanticen que los intereses públicos sean respetados y protegidos.

Este proyecto inmobiliario, que se presenta como un "legado arquitectónico para la Ciudad", ofrece una oportunidad única para analizar el equilibrio delicado entre el desarrollo urbano y la responsabilidad del gobierno hacia sus ciudadanos. Mientras los debates y la controversia continúan en torno a Paseo Gigena, queda claro que la colaboración entre el sector público y privado debe ser evaluada cuidadosamente para evitar percepciones de favoritismo o conflicto de intereses, y para asegurar que el interés colectivo siempre esté en el centro de tales iniciativas.