La reciente medida del gobierno de Javier Milei de vetar el proyecto de ley que aseguraba un aumento del 35,5% en la jubilación mínima para septiembre ha generado una oleada de indignación y preocupación. Bajo esta ley, la jubilación mínima pasaría de $234.540 a $317.704, lo que permitiría que los jubilados mantuvieran, al menos en parte, el poder adquisitivo frente a una inflación descontrolada y la imparable devaluación del peso. Sin embargo, la administración Milei decidió bloquear la iniciativa, con argumentos basados en la necesidad de ajuste fiscal, sin reparar en las consecuencias devastadoras para miles de personas que dependen de estas pensiones.

Según un trabajado de la UNDAV, en términos simples, el veto implica que la jubilación mínima, que incluye un bono de $304.540 para septiembre, ha caído un 20,7% en términos reales en el último año. Esta caída se explica principalmente por el congelamiento del bono desde marzo de 2024 y el acelerado aumento del costo de vida, especialmente de los medicamentos, cuyos precios han superado ampliamente la tasa de inflación. Mientras tanto, el medio aguinaldo, uno de los pocos alivios financieros que reciben los jubilados en junio y diciembre, también se verá afectado, ya que no contempla la suba prevista por la ley vetada.

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La decisión de Milei refleja una política económica implacable, que privilegia la reducción del gasto público a expensas de los sectores más vulnerables. Entre enero y julio de este año, el 27,7% de la reducción del gasto público provino de ajustes en el pago de jubilaciones. En lugar de buscar alternativas que no afecten a los sectores más desprotegidos, el gobierno ha optado por un camino que profundiza la precarización de la tercera edad.

El argumento central del gobierno ha sido la necesidad de reducir el déficit fiscal, lo que ha llevado a aplicar una serie de políticas orientadas a reducir el gasto público, pero sin una consideración seria sobre quiénes sufren las consecuencias de estas medidas. Mientras tanto, el Ministerio de Economía anuncia la reducción del Impuesto PAIS para los importadores, una medida que beneficia a los sectores privados con acceso a dólares, pero que impacta negativamente en la recaudación. Esto genera una paradoja peligrosa: mientras se privilegian a los grandes actores económicos, los jubilados, quienes han trabajado toda su vida y ahora dependen de un sistema de seguridad social en decadencia, sufren las consecuencias del ajuste.

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???? En el mes de septiembre la pérdida de poder adquisitivo de la jubilación mínima incluyendo el bono será del 20,7% en términos reales respecto al mismo período del año anterior. pic.twitter.com/uMFVyU045j

— Economía en UNDAV (@EconomiaenUNDAV) September 3, 2024

La brutal devaluación de diciembre de 2023 exacerbó aún más la situación. Con la inflación en alza, los productos básicos, y en particular los medicamentos, han tenido incrementos mucho más allá del promedio general. Esto afecta especialmente a los jubilados, quienes destinan gran parte de sus ingresos a la compra de fármacos, esenciales para su salud y bienestar. En este contexto, la medida de Milei resulta no solo insensible, sino que también desconoce la realidad cotidiana de miles de personas mayores que ven cómo sus ingresos se diluyen en un mar de inflación y precios desbocados.

El veto presidencial no solo ignora las necesidades básicas de los jubilados, sino que también niega el deterioro progresivo de las jubilaciones en los últimos años. Con la ley vetada, se pretendía garantizar que la jubilación mínima se ajustara de acuerdo con la Canasta Básica de un adulto, una medida que, si bien no solucionaba todos los problemas del sector, al menos representaba un paso hacia la protección de los ingresos de los jubilados. La negativa del gobierno a implementar esta reforma deja a miles de jubilados en una situación de mayor vulnerabilidad.

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El trasfondo de esta medida tiene implicaciones más profundas en la política económica del gobierno de Milei. Las promesas de ajuste fiscal y austeridad, tan celebradas por ciertos sectores, ocultan un hecho innegable: el ajuste siempre recae sobre los más débiles. Los jubilados, muchos de los cuales viven con lo justo para cubrir sus necesidades básicas, son los primeros en sentir el impacto de estas decisiones. Y mientras se recortan las jubilaciones, las medidas que favorecen a sectores con acceso a dólares y mercados internacionales siguen su curso, en lo que parece ser una política económica dirigida a consolidar un modelo de exclusión y desigualdad.

El argumento de que el Estado no puede seguir aumentando el gasto público no debe convertirse en una excusa para abandonar a los jubilados. El déficit fiscal puede ser un problema, pero debe ser abordado con políticas que no sacrifiquen el bienestar de los más vulnerables. La solución no está en seguir ajustando a los que menos tienen, sino en una política económica que distribuya equitativamente los costos del ajuste. Mientras no se avance en ese sentido, la crisis de las jubilaciones no hará más que profundizarse, y el veto de Milei quedará como uno de los ejemplos más crueles de cómo una política económica puede fallar en su deber de proteger a los sectores más frágiles de la sociedad.