La reciente decisión presidencial de vetar una ley crucial para la mejora de las jubilaciones ha encendido las alarmas entre los adultos mayores y sus representantes. Con una deuda monumental acumulada y un panorama social cada vez más desolador, los jubilados se preparan para una protesta de magnitud, esperando que su clamor resuene en el Congreso y en la conciencia pública.

En un contexto de creciente descontento social y crisis económica, la reciente medida del presidente Javier Milei de vetar una ley que prometía mejorar las condiciones de vida de los jubilados ha desatado una tormenta en el país. En conversación con Radio Kermes, Hugo Blasco, representante de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, expone la gravedad de la situación que enfrentan los adultos mayores y la respuesta decidida que están organizando para hacer frente a este nuevo embate.

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Blasco comienza describiendo el escenario actual como "extremadamente grave". Según sus palabras, el gobierno de Milei no solo ha demostrado un claro sesgo hacia los intereses del gran capital, sino que ha intensificado el ataque contra los derechos de los jubilados. El veto presidencial a una ley que buscaba aliviar la miseria en la que viven muchos jubilados no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de desmantelamiento de derechos y servicios públicos.

"El gobierno está utilizando el déficit fiscal como excusa para recortar aún más los ya magros ingresos de los jubilados", afirma Blasco. Esta ley, que había sido aprobada por el Congreso con el objetivo de mejorar los haberes de los jubilados y fortalecer las cajas provinciales, ahora se enfrenta a la negativa de Milei, quien ha justificado su decisión con promesas de austeridad que parecen ignorar la realidad cotidiana de los adultos mayores.

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El impacto de este veto no es solo financiero, sino que también tiene un profundo efecto en la dignidad de los jubilados. Blasco denuncia que la medida refleja una actitud "inhumana" por parte del gobierno, y compara la situación con las políticas de ajuste de gobiernos anteriores, aunque en una escala aún más dura. "El recorte de los haberes de los jubilados se ha convertido en una herramienta de austeridad despiadada", sentencia Blasco, subrayando el contraste entre las promesas de campaña de Milei y las duras realidades que enfrentan los ciudadanos de a pie.

Además, Blasco critica la respuesta de la población y de las organizaciones sociales. Aunque los jubilados han demostrado una valentía notable en sus protestas, el apoyo generalizado ha sido insuficiente. "Hay una deuda social con los jubilados", reconoce Blasco, quien señala que la apatía o resignación de una parte de la población ante los problemas de los adultos mayores refleja una falta de comprensión del impacto de estas políticas. La situación se agrava por la falta de una movilización masiva similar a la que se observó en la defensa de la educación pública, un contraste que Blasco considera preocupante.

La marcha prevista para el miércoles en Buenos Aires, que se llevará a cabo frente al Congreso, busca ejercer presión sobre los legisladores para que rechacen el veto presidencial. Blasco destaca que la protesta contará con el respaldo de las dos CTA, sectores de la CGT, y diversas organizaciones sociales y de derechos humanos. Sin embargo, el éxito de la movilización dependerá en gran medida de la respuesta de los diputados y diputadas, quienes deberán decidir si mantienen o revierten su apoyo a la ley.

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El análisis de Blasco también abarca las motivaciones detrás del voto a favor de Milei. Según él, muchos jubilados y trabajadores votaron por el actual presidente creyendo en sus promesas de mejorar la situación económica del país, pero ahora enfrentan una realidad mucho más dura de lo que esperaban. La promesa de cambio ha resultado ser una falacia para muchos, y la realidad está marcando una regresión en lugar de un avance.

En el futuro, Blasco teme que el gobierno persiga la privatización del sistema de jubilaciones, siguiendo el modelo chileno que ha demostrado ser perjudicial para los trabajadores y jubilados. La privatización del sistema, que en el pasado argentino fue parcialmente evitada gracias a la movilización social, sigue siendo una amenaza latente bajo la actual administración.

Blasco concluye su intervención con un llamado a la acción: "El desafío es construir una respuesta sólida desde la base, movilizar a todos los sectores y mantener la presión sobre los representantes que tienen el poder de cambiar esta situación". La lucha por los derechos de los jubilados, asegura, es una batalla que debe ser librada no solo por los adultos mayores, sino por toda la sociedad, en defensa de la justicia social y la dignidad humana.

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— En Orsai (@EnOrsai) September 7, 2024