Estas cifras impactantes han sido reveladas en virtud del Acuerdo de Asistencia Mutua entre las Aduanas de ambos países. El informe arroja luz sobre un total de 146 empresas norteamericanas que podrían haberse beneficiado de giros de divisas relacionados con operaciones de comercio exterior de dudosa legalidad.

Las implicaciones de esta presunta fuga de divisas no se detienen en los números. Las transferencias millonarias, aparentemente vinculadas a falsas importaciones, han levantado sospechas de complicidad entre actores dentro de Argentina y las empresas estadounidenses en cuestión. Las maniobras de giros irregulares de divisas parecen haber tejido una red que atraviesa las fronteras, y se plantea la posibilidad de que estas operaciones estén relacionadas con actividades de lavado de activos.

Guillermo Michel, el titular de la Aduana, subrayó la importancia de la reciprocidad en los acuerdos internacionales y resaltó cómo esta cooperación bilateral ha sido esencial para la detección y prevención de irregularidades. La información compartida con Estados Unidos podría desempeñar un papel crucial en la identificación de empresas potencialmente involucradas en estas prácticas sospechosas.

La denuncia penal presentada por la Aduana en contra de las empresas argentinas señala la utilización de códigos específicos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la documentación de las operaciones. Los códigos B5, B6 y B7, que abarcan pagos anticipados, pagos diferidos y pagos a la vista de importaciones de bienes respectivamente, han sido empleados de manera aparentemente fraudulenta en estas transacciones. Además, se han identificado numerosas irregularidades en las sociedades argentinas involucradas, como la falta de habilitación como exportadores o importadores, la carencia de una CUIT activa (Clave Única de Identificación Tributaria) y la ausencia de nóminas de trabajadores declarados.

Un aspecto intrigante es la explotación del Decreto 333/20 durante esta supuesta fuga de divisas. Este decreto, emitido en el contexto de la emergencia sanitaria, eximía ciertas mercaderías relacionadas con la salud del pago de derechos de importación. Se ha observado que muchas empresas locales abusaron de esta medida para enviar divisas al exterior en operaciones que podrían haber estado destinadas a otros fines.

El intercambio de información entre Argentina y Estados Unidos se enmarca en el "Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el Gobierno de EE.UU. de América sobre Asistencia Mutua entre sus Servicios de Aduanas". Este acuerdo, en comparación con otros tratados similares, se destaca por su enfoque automatizado y riguroso en la transferencia y análisis de datos. El proceso se lleva a cabo a través de una colaboración técnica y operativa entre la AFIP argentina y el IRS estadounidense.

El descubrimiento de estas presuntas operaciones irregulares por parte de empresas estadounidenses ha arrojado luz sobre una compleja red de transacciones financieras que cruzan fronteras. Las implicaciones para la integridad del comercio internacional y la lucha contra el lavado de activos son significativas, y este caso servirá como un recordatorio de la necesidad de una cooperación continua entre las naciones para salvaguardar la legalidad en los negocios internacionales.