Un paro contra la privatización encubierta

El gobierno de Javier Milei parece haber encontrado en la educación pública su nuevo campo de batalla, y los gremios universitarios no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. En el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), realizado el 19 de septiembre de 2024, se decidió, por unanimidad, convocar a una serie de acciones de protesta contra lo que consideran una agresión directa hacia la universidad pública y la ciencia.

El conflicto gremial, que se viene gestando desde los primeros días del mandato de Milei, ha llegado a un punto de inflexión. Los docentes, que durante años han lidiado con salarios rezagados y presupuestos ajustados, ven ahora una amenaza mucho mayor: el intento del gobierno de desmantelar las bases mismas de la educación superior. Como respuesta, la CONADU ha convocado a una jornada de visibilización entre el 23 y el 25 de septiembre, un paro total de actividades para los días 26 y 27, y una movilización masiva programada para el 2 de octubre.

Educación bajo ataque

El secretario general de CONADU, Carlos De Feo, fue tajante en sus declaraciones: “Es importante la decisión de los docentes de no bajar los brazos y responder con contundencia a las provocaciones de un presidente que gobierna por decreto y a través de vetos, y a sus intenciones de destruir la universidad pública”. Este mensaje de resistencia no es aislado. Los docentes universitarios ven con gran preocupación el avance de un modelo de gobierno que, bajo la bandera de la "eficiencia" y la "racionalización", parece querer privatizar las instituciones educativas por la puerta de atrás.

El gobierno de Milei ha insistido en que los recortes presupuestarios son necesarios para sanear las cuentas públicas, pero las asociaciones gremiales y los expertos en economía educativa coinciden en que el ajuste está golpeando los sectores más vulnerables del sistema. La universidad pública, financiada históricamente por el Estado, es vista ahora como un gasto insostenible. Se ha llegado a comparar la formación de profesionales, médicos, ingenieros y científicos con el llamado despilfarro fiscal, un argumento que los gremios denuncian como falaz y destructivo.

Un país sin ciencia ni tecnología

El secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi, fue aún más lejos en sus críticas: “Parece existir una percepción errónea por parte del Gobierno, que asocia la formación de médicos, ingenieros, científicos sociales y programadores con la denominada ‘casta’ o con un gasto fiscal que no es sostenible”. La ironía detrás de sus palabras no pasa desapercibida: mientras Milei promete "liberar" al país del yugo de los monopolios sindicales y de la "vieja política", lo que realmente está en juego es el futuro mismo del desarrollo científico y tecnológico en Argentina.

La disminución del financiamiento a las universidades afecta no solo a los salarios docentes, sino también a la investigación y a los programas de extensión. Los científicos y tecnólogos que, bajo otros gobiernos, fueron claves para proyectos de innovación en áreas estratégicas del país, ahora ven en peligro su continuidad. Las becas de investigación se han reducido, y los proyectos más importantes de las universidades nacionales podrían quedar congelados, con el consecuente éxodo de talento hacia el exterior.

Esta narrativa, en la que se busca desprestigiar a la universidad pública, es parte de una estrategia mayor del gobierno de Milei para justificar la reducción de presupuesto. "Intentan engañar a la ciudadanía sosteniendo que un país puede desarrollarse reduciendo al mínimo la formación de científicos y profesionales universitarios", agregó Perazzi. Y esa mentira, alimentada desde las altas esferas del poder, ha comenzado a permear en sectores de la sociedad que ven en la universidad pública un bastión de privilegios y no como el motor de movilidad social que ha sido históricamente.

El modelo de Milei: privatización y precarización

Las políticas educativas de Milei responden a un modelo que busca replicar las fórmulas neoliberales de privatización y desmantelamiento del Estado. Su gobierno ha intentado imponer, a través de decretos, una serie de reformas que buscan reducir la inversión estatal en áreas clave como la salud, la educación y la ciencia, con la falsa promesa de que el sector privado podrá cubrir el vacío dejado por el Estado. Sin embargo, la experiencia de otros países muestra que esta fórmula no solo ha fracasado, sino que ha generado sociedades profundamente desiguales.

La reducción de fondos para la educación no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de precarización del trabajo docente. Los docentes universitarios, que ya enfrentan salarios muy por debajo de la línea de pobreza, ven cómo su situación laboral empeora cada vez más. Los contratos temporales, la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos para la investigación son solo algunos de los problemas que se han agravado en los últimos meses.

La lucha por el futuro de la universidad pública

La movilización del 2 de octubre no será solo un paro más. Se espera que sea una de las más grandes de los últimos años, y su objetivo es claro: frenar el avance del ajuste y defender la universidad pública como un derecho, no como un privilegio. Las universidades nacionales han sido históricamente el motor de la movilidad social en Argentina, y los gremios están decididos a no permitir que el gobierno de Milei las convierta en feudos privatizados para unos pocos.

En un contexto de creciente polarización, donde los discursos de odio y la descalificación son moneda corriente, los docentes universitarios están demostrando que la resistencia es posible. No solo luchan por sus salarios o por mejores condiciones laborales, sino por el futuro mismo de la educación en Argentina. Como dijo De Feo: “La educación pública no es un gasto, es una inversión en el futuro del país”. Esa idea, tan sencilla y tan poderosa, es la que está en juego en esta lucha.