La contradicción entre el discurso de austeridad y la realidad de su gestión

La intervención de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual bajo el gobierno de Javier Milei ha sido un movimiento que combina estrategia política, control de medios y desmantelamiento institucional. La designación de Soher El Sukaría como interventora del organismo, en medio de una crisis institucional generada por la falta de conformación de la Comisión Bicameral que debía supervisar el proceso, no solo es ilegal sino también un símbolo claro de los intereses de la nueva administración: debilitar la protección de las audiencias y avanzar con su plan de austeridad disfrazada.

Soher El Sukaría, exdiputada del PRO y fiel al legado político de Mauricio Macri, carece de cualquier tipo de antecedente en materia de derechos de las audiencias o comunicación, un requisito esencial para la conducción de la Defensoría. Sin embargo, eso no ha impedido que el gobierno libertario decida utilizar la estructura de la Defensoría para fines políticos. En lugar de una gestión orientada a la protección de los derechos ciudadanos en el ámbito comunicacional, el gobierno de Milei parece más interesado en consolidar poder y controlar la narrativa en los medios.

La mentira de la austeridad

Desde que asumió el poder, Javier Milei ha repetido incansablemente un discurso basado en la austeridad y el ajuste del gasto público. Sin embargo, la realidad de sus acciones muestra una contradicción flagrante. El nombramiento de El Sukaría y su equipo, compuesto por militantes del PRO de Córdoba sin experiencia en el ámbito comunicacional, es solo una muestra de cómo el gobierno actual usa cargos clave para recompensar a su círculo cercano. Entre los nuevos funcionarios designados por El Sukaría, todos con sueldos millonarios, se encuentran personas sin la mínima formación requerida para llevar adelante las delicadas funciones del organismo, como Pablo Steinaker, Lucía De Bernardi y Adolfo Almada.

Los sueldos de estos funcionarios superan ampliamente los tres millones de pesos mensuales, un hecho que choca con el relato de ajuste y sacrificio que promueve el gobierno. La propia interventora percibe un salario de 4,7 millones, lo que provoca indignación en un contexto de crisis económica donde las políticas de Milei han generado una inflación creciente, un aumento en el desempleo y un deterioro en el poder adquisitivo de la población. Mientras tanto, el ajuste parece recaer exclusivamente sobre los sectores más vulnerables, mientras los funcionarios allegados al poder continúan beneficiándose de jugosos sueldos financiados por el Estado.

Multifacética

El objetivo real: desmantelar la Defensoría del Público

Lejos de una mera irregularidad administrativa, la intervención de la Defensoría del Público responde a un plan más amplio del gobierno libertario: el desmantelamiento de los organismos estatales que representan una amenaza para su agenda de privatización y control de los recursos públicos. Este proceso ya ha comenzado con iniciativas como la privatización de Aerolíneas Argentinas, impulsada por el oficialismo, y ahora se centra en la Defensoría del Público, un organismo que fue creado en 2009 como parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para garantizar el derecho a la información y promover una relación más equitativa entre los medios y sus audiencias.

La Defensoría del Público ha sido un espacio clave en la defensa de los derechos de los ciudadanos ante los abusos mediáticos, pero para el gobierno de Milei, parece representar un obstáculo en su cruzada para privatizar servicios y debilitar las instituciones públicas. El nombramiento de El Sukaría es el primer paso hacia el desmantelamiento del organismo. La intervención fue presentada como una solución temporal, con un mandato de 240 días, pero los movimientos políticos y las declaraciones de figuras como Silvana Giúdici, diputada del PRO, dejan en claro que el plan final es la eliminación total de la Defensoría.

Giúdici, en línea con las políticas del oficialismo, ya ha adelantado que el gobierno tiene la intención de avanzar con la disolución de la Defensoría del Público, una medida que forma parte de la estrategia de desregulación que Milei y su equipo han diseñado. Según Giúdici, la intervención actual no es más que el primer paso en un proceso que culminará con la desaparición del organismo.

El desmantelamiento de los derechos ciudadanos

La intervención de la Defensoría del Público no es solo una cuestión de política administrativa, sino que representa un ataque directo a los derechos de las audiencias y la libertad de expresión en Argentina. El organismo, desde su creación, ha jugado un papel central en la recepción de denuncias y reclamos de los ciudadanos contra los medios, y ha sido un modelo internacional en la defensa de los derechos de las audiencias. Su debilitamiento es una amenaza para la pluralidad de voces en los medios y para la protección de los ciudadanos frente a la concentración de poder mediático.

El nombramiento de funcionarios sin idoneidad, la asignación de sueldos exorbitantes y el plan de desmantelamiento del organismo son señales claras de que el gobierno de Milei está dispuesto a sacrificar los derechos de los ciudadanos en su búsqueda de poder y control. La Defensoría del Público ha sido históricamente una barrera frente a los excesos de los medios, y su desaparición solo beneficiará a aquellos que buscan manipular la información y silenciar las voces disidentes.

En última instancia, la intervención de la Defensoría del Público bajo el gobierno de Javier Milei es un reflejo más de la estrategia de ajuste desigual y manipulación política que caracteriza a su gestión. Mientras se predica la austeridad, se reparten cargos y sueldos millonarios a los amigos del poder, y se desmantelan los organismos que garantizan los derechos de los ciudadanos.

La intervención de la Defensoría del Público es solo la punta del iceberg en un gobierno que parece dispuesto a sacrificar los derechos de las audiencias en pos de su agenda política. El futuro de la libertad de expresión y la pluralidad mediática en Argentina está en juego, y la sociedad debe estar alerta ante el avance de políticas que erosionan las instituciones y concentran el poder en pocas manos.

Fuentes:

https://laranchada.com.ar/el-ajuste-desigual-cinco-nombramientos-con-suntuosos-sueldos-en-la-defensoria-del-publico/

https://www.pagina12.com.ar/760736-el-gobierno-intervino-la-defensoria-del-publico

https://www.eldiarioar.com/politica/villarruel-intervino-defensoria-publico-oficina-dependiente-congreso-encargada-proteger-audiencias_1_11591619.html

https://www.letrap.com.ar/politica/quien-es-soher-el-sukaria-una-macrista-paladar-negro-el-gobierno-javier-milei-n5410233