La prisión perpetua para un oficial y la condena de otros dos por el asesinato del remisero Claudio Romano en Villa Crespo desatan una serie de preguntas sobre el abuso de la fuerza policial en Argentina. ¿Es este un hecho aislado o una muestra del deterioro del rol del Estado en la seguridad pública?

El asesinato de Claudio Romano, un remisero que murió a manos de tres oficiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en 2019, pone nuevamente en el centro del debate el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Argentina. El reciente fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12, que condenó a uno de estos oficiales a prisión perpetua y a los otros dos a seis años de cárcel, abre una caja de Pandora sobre el accionar policial y la impunidad con la que estos hechos parecen desarrollarse en el país.

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El homicidio de Romano ocurrió en Villa Crespo, un barrio porteño donde la violencia institucional se volvió protagonista. Las cámaras de seguridad capturaron los momentos finales del remisero, rodeado por los policías que lo ejecutaron en un acto que no solo implica una grave infracción a los derechos humanos, sino también una flagrante violación de los protocolos de seguridad que debían haberse aplicado. La defensa de los policías no logró sostener la versión de que actuaron en defensa propia, y el tribunal concluyó que el uso de la fuerza fue absolutamente desproporcionado.

El tribunal integrado por los jueces Luis Oscar Márquez, José Pérez Arias y Darío Medina fue contundente en su veredicto: el oficial primero Ramón Darío Pérez fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado. Las otras dos oficiales, Beatriz Manzanelli y Daniela López, recibieron penas de seis años por lesiones graves agravadas, aunque las condenas no reflejan el daño irreversible que su accionar provocó.

En su alegato, la fiscal María Ángeles Ramos señaló que los policías actuaron con "bronca" y sin seguir los protocolos necesarios para neutralizar a la víctima de manera adecuada. Claudio Romano, quien portaba un cuchillo, fue baleado después de recibir una patada en la cabeza cuando ya estaba herido y en el suelo, sin representar una amenaza inminente. Las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad no dejaron dudas sobre la brutalidad de los disparos finales que acabaron con su vida.

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Este juicio plantea una pregunta crítica: ¿Qué tan comunes son estos casos de abuso de la fuerza policial en Argentina? El fallo condenatorio de los oficiales podría interpretarse como una excepción a la regla de impunidad que rodea a las fuerzas de seguridad en el país. Sin embargo, las cifras y las denuncias indican lo contrario. La brutalidad policial, el abuso de poder y la falta de aplicación de protocolos adecuados se repiten con alarmante frecuencia. La pregunta que queda flotando es: ¿por qué el Estado sigue permitiendo que sus fuerzas de seguridad actúen fuera de los márgenes de la ley?

Un Estado ausente y una fuerza desbordada

El caso de Romano no es un hecho aislado en un contexto donde la inseguridad es usada como excusa para justificar el accionar desmedido de las fuerzas policiales. Este tipo de episodios refuerzan la percepción de una policía que se siente por encima de la ley, amparada en la narrativa del miedo que el propio Estado promueve. Si bien las fuerzas de seguridad deberían garantizar el bienestar de los ciudadanos, en muchos casos terminan convirtiéndose en las principales agresoras.

El gobierno de Javier Milei, que asumió en un contexto de crisis económica y social, ha hecho de la seguridad uno de sus caballitos de batalla, prometiendo mano dura contra el delito. Sin embargo, esta promesa tiene un lado oscuro: el aumento del poder represivo de las fuerzas de seguridad, que parecen tener vía libre para actuar sin las restricciones necesarias. El homicidio de Romano y la falta de intervención adecuada de los oficiales involucrados es un ejemplo claro de cómo el discurso oficial de "seguridad" se puede transformar en un aval para la violencia institucional.

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Este gobierno, lejos de buscar soluciones integrales, sigue perpetuando un sistema donde las fuerzas de seguridad son las encargadas de gestionar la crisis social, pero lo hacen desde una lógica punitiva que pone en riesgo los derechos humanos. La pregunta que se impone es: ¿hasta cuándo permitiremos que las fuerzas de seguridad actúen con impunidad y violencia en nombre de una falsa seguridad?

Protocolos ignorados: cuando la policía se vuelve juez y verdugo

El accionar policial que derivó en la muerte de Claudio Romano pone en evidencia no solo la brutalidad de las fuerzas de seguridad, sino también la absoluta falta de control del Estado sobre sus propios agentes. La fiscal Ramos fue clara en su exposición: los policías ignoraron por completo los protocolos establecidos para neutralizar a una persona armada. En lugar de aplicar medidas de contención, utilizaron la violencia extrema, con un desenlace fatal.

Este tipo de situaciones revelan un problema sistémico en la formación y supervisión de los cuerpos de seguridad en Argentina. Los oficiales que deberían proteger a la ciudadanía se han transformado en jueces y verdugos, actuando sin ninguna consecuencia real hasta que casos como el de Romano llegan a los tribunales.

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La justicia, aunque llega tarde, ha condenado a estos oficiales. Pero el problema de fondo sigue sin resolverse: el abuso de la fuerza es una práctica recurrente en la policía argentina, y los mecanismos de control interno y externo son insuficientes para prevenir este tipo de tragedias.

¿Justicia para Claudio Romano?

Si bien el veredicto del Tribunal Oral N°12 parece ofrecer un respiro en la búsqueda de justicia, la muerte de Claudio Romano expone las profundas fallas estructurales en el sistema de seguridad pública argentino. Mientras las fuerzas de seguridad actúen con impunidad y sin supervisión adecuada, episodios como este seguirán ocurriendo.

El gobierno de Javier Milei ha demostrado poco interés en abordar estas cuestiones, priorizando una política de mano dura que, lejos de proteger a los ciudadanos, los pone en peligro frente a las fuerzas que deberían cuidarlos. La condena a prisión perpetua de Ramón Darío Pérez y las penas a las otras dos oficiales son un paso hacia la justicia, pero el verdadero desafío radica en reformar un sistema que, por ahora, sigue siendo cómplice de la violencia institucional.

Fuente:

https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/condenan-a-prision-perpetua-a-un-policia-por-el-homicidio-de-un-remisero-en-villa-crespo/