La primera pregunta que nos realizamos es si la inteligencia artificial en una eventual reforma del Estado. Esto es ¿Es factible?. La posibilidad de integrar la inteligencia artificial (IA) en una eventual reforma del Estado es un tema que ha ganado relevancia en los últimos días después de las declaraciones del presidente Javier Milei.

Si bien es cierto que la IA promete transformar la administración pública, mejorando la eficiencia, reduciendo costos y proporcionando servicios más personalizados a los ciudadanos. Sin embargo, la factibilidad de su implementación a gran escala en el sector gubernamental depende de una serie de factores críticos que van desde la infraestructura tecnológica y la preparación del personal, hasta la creación de marcos legales y éticos adecuados.

La base de cualquier implementación exitosa de IA es una infraestructura tecnológica robusta. Esto incluye servidores de alta capacidad, almacenamiento seguro de datos y conexiones de internet rápidas y fiables. Quizás esto no sea una barrera para el estado argentino pero también es verdad que en muchas gobiernos provinciales, todavía luchan por proporcionar estos recursos básicos a todo su territorio. Con esta falta de infraestructura mínima puede impedir la adopción efectiva de la IA en la administración pública.

Otro factor importante, es la preparación adecuada del personal a cargo de esta tecnología. La integración de la IA requiere no solo de expertos en tecnología y datos, sino también de una fuerza laboral capaz de entender y trabajar con estos sistemas. Programas de capacitación continuos y educación en nuevas habilidades son esenciales para garantizar que los empleados públicos puedan utilizar y gestionar la IA de manera eficaz.

La IA se basa en grandes volúmenes de datos para funcionar correctamente. Esto plantea una cuestión importante sobre la recolección, almacenamiento y uso de datos personales de los ciudadanos. Los gobiernos deben establecer políticas claras y transparentes sobre cómo se manejarán estos datos, asegurando que se respeten los derechos de privacidad y que se proteja la información sensible contra el acceso no autorizado y los ciberataques. Además, es fundamental contar con una infraestructura legal sólida que regule el uso de datos y proteja a los ciudadanos contra posibles abusos.

Por este motivo la implementación de la IA en el sector público esta directamente vinculada con la transparencia y la ética. Los sistemas de IA pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas, por este motivo debe ser fundamental que los algoritmos utilizados sean justos, transparentes y auditables. A estos efectos el gobierno, debería tener la obligación de establecer comités de ética y mecanismos de supervisión para monitorear y evaluar continuamente el uso de la IA, garantizando su correcta utilización.

¿Cuáles son los principales peligros de la utilización de IA?

Uno de los principales beneficios que la IA puede ofrecer al Estado es la mejora en la eficiencia operativa. La automatización de tareas rutinarias y administrativas puede liberar recursos humanos para tareas más complejas y estratégicas, aumentando la productividad general.

Sin embargo, vale la pregunta: ¿Qué tiene de positivo el despido en masa de empleados estatales conocedores del funcionamiento de los organismos, con experiencia y capacitación para desarrollar sus funciones?

La automatización del trabajo en el área del estado mediante la IA choca duramente con la realidad al significar la ineludible reducción masiva de empleos, especialmente aquellos relacionados con tareas administrativas repetitivas. Cuando se habla de reestructuración del empleo público se habla en definitiva del despido de trabajadores.

El gobierno que se ponga como meta este objetivo tiene como punto principal el desarrollo de estrategias de transición laboral para evitar un caos social. Asegurando que la fuerza laboral pueda adaptarse a las nuevas dimensiones laborales que surgirían con la transformación digital.

Ahora bien, uno de los mayores peligros de la implementación de la IA en el Estado es convertirla en una herramienta para la vigilancia masiva. Los sistemas de IA pueden recopilar, procesar y analizar grandes cantidades de datos en tiempo real, lo que permite a los gobiernos monitorear a los ciudadanos de manera mucho más eficiente. Esto plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y las libertades civiles. La capacidad de rastrear movimientos, comunicaciones y comportamientos de los individuos puede llevar a un estado de vigilancia totalitario, donde el control social se vuelve omnipresente. Las experiencias en países como China, con su sistema de crédito social, demuestran cómo la tecnología puede ser utilizada para restringir libertades y castigar comportamientos considerados indeseables por el Estado.

Otro aspecto negativo a tener en cuenta es la Ciberseguridad. La digitalización y el uso de la IA aumentan la vulnerabilidad a ciberataques. La seguridad de los sistemas gubernamentales es crítica, ya que cualquier brecha podría comprometer datos sensibles y afectar la prestación de servicios públicos. Los gobiernos deben invertir en medidas robustas de ciberseguridad y en la capacitación del personal para prevenir y responder a posibles amenazas. La cooperación internacional también puede ser esencial para combatir las amenazas cibernéticas, ya que los ataques pueden provenir de actores globales.

Además, la IA en la administración pública podría aumentar las desigualdades existentes. Los algoritmos de inteligencia artificial, a menudo entrenados con datos históricos, pueden perpetuar y amplificar sesgos y discriminaciones sistémicas. Por ejemplo, si un sistema de IA utilizado para la selección de personal o la asignación de beneficios sociales está basado en datos sesgados, podría discriminar a grupos ya marginados, reforzando las disparidades sociales en lugar de reducirlas. La falta de transparencia en los algoritmos utilizados por el gobierno también dificulta la identificación y corrección de estos sesgos, lo que podría agravar la desigualdad en el acceso a servicios públicos esenciales.

Otro peligro radica en la concentración de poder. La implementación de sistemas de IA puede conducir a una mayor centralización del poder y los recursos en manos de quienes controlan estas tecnologías. Las empresas tecnológicas que desarrollan y mantienen estos sistemas podrían ejercer una influencia desproporcionada sobre las políticas públicas y las decisiones gubernamentales. Esto no solo plantea riesgos para la soberanía y la independencia de las decisiones del Estado, sino que también puede socavar la democracia si los intereses corporativos prevalecen sobre el bienestar público.

Por estos variado motivos, se debería analizar si este proyecto es prioritario para nuestro pais. En los últimos días se conoció, por ejemplo, que el 55,5% de la población está en debajo de la línea de la pobreza. ¿Es necesario realmente esta reforma del estado? La implementación de la IA, es obviamente costosa, tanto en términos de desarrollo e instalación como de mantenimiento y actualizaciones. Pero gran parte del gasto será debido a los contratos que se realizará con empresas privadas especializadas en este tema.

Por último debemos mencionar la imperiosa creación de marco regulatorio adecuado que garantice  el uso responsable y efectivo de la IA en la administración pública. Esto incluye la legislación sobre privacidad de datos, la regulación de algoritmos y la protección contra el uso indebido de la tecnología. Los gobiernos deben trabajar en conjunto con expertos en tecnología, ética y derecho para desarrollar políticas que equilibren la innovación con la protección de los derechos de los ciudadanos.

Si bien la implementación de la IA en una eventual reforma del Estado es factible, esta requiere una planificación cuidadosa y un enfoque integral que aborde los desafíos tecnológicos, éticos y sociales. También es necesaria una infraestructura adecuada, personal preparado, protección de datos y participación ciudadana. La suma de todos estos aspectos y el análisis de los mismos nos da una baño de realidad. Estamos muy distantes de este proyecto utópico que parece salido más de un cuento de Isaac Asimov que de un presidente de la nación.

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