El gobierno guarda silencio

(Por Santiago Ríos) El 2025 arrancó con un fuerte golpe al sector laboral en la Argentina. Esta vez, el epicentro de la crisis es Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, donde el frigorífico Euro SA notificó el despido de más de 70 trabajadores a través de mensajes de WhatsApp. La medida, abrupta e insensible, generó protestas inmediatas en la puerta de la planta, ubicada en San Diego al 1900, dejando al descubierto las prácticas desleales de una empresa que, hasta hace una década, empleaba a más de 700 personas.

Este caso no es un hecho aislado. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el mercado laboral ha experimentado una marcada precarización, exacerbada por políticas de ajuste que privilegian los intereses empresariales por encima de los derechos laborales. Aunque la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo permite que los despedidos vuelvan a sus puestos por 15 días, el futuro de estos trabajadores sigue siendo incierto.

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En su época de esplendor, el frigorífico Euro SA contaba con más de 700 empleados y era un pilar económico en la región. Sin embargo, la crisis económica y las malas decisiones empresariales llevaron a una reducción drástica de su personal. En 2024, ya había implementado un plan de "retiros voluntarios", que, aunque disfrazado de una opción laboral, fue percibido como un mecanismo coercitivo ante la falta de alternativas.

A inicios de este año, la situación escaló cuando Euro SA despidió a 75 trabajadores, dejando a la planta con menos de 70 empleados activos. Este ajuste brutal refleja una tendencia que se repite en otras industrias: despidos masivos, cierre de plantas y precarización laboral. Según denunciaron los empleados, muchos de ellos recibieron la notificación estando de vacaciones o con licencias médicas. Además, señalaron irregularidades en los pagos y condiciones insalubres de trabajo.

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“Nos están echando para reemplazarnos con monotributistas en condiciones precarias,” denunció Alexis Velázquez, uno de los despedidos con más de una década en la empresa. Otros empleados afirmaron que perciben hasta el 50% de su salario por fuera del recibo, exponiéndolos a la indefensión legal.

El gobierno de Javier Milei ha promovido un discurso que glorifica el libre mercado y la desregulación como panaceas económicas. Sin embargo, estos despidos evidencian las graves consecuencias de tales medidas: desprotección laboral, vulneración de derechos y un aumento de la desigualdad social.

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Lejos de adoptar una postura firme en defensa de los trabajadores, el gobierno ha optado por una indiferencia cómplice. En lugar de impulsar políticas que fortalezcan la estabilidad del empleo y las condiciones laborales, ha priorizado la "competitividad empresarial", dejando a miles de familias al borde de la pobreza.

Ante el desamparo estatal, los empleados de Euro SA decidieron organizarse. Con quema de tarimas y cortes de calle, exigieron respuestas concretas por parte de la empresa y del gobierno. La movilización no solo busca revertir los despidos, sino también denunciar un modelo económico que amenaza con destruir el tejido social del país.

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El Sindicato de la Carne también ha jugado un rol clave, llevando el conflicto al ámbito del Ministerio de Trabajo. No obstante, la conciliación obligatoria dictada por las autoridades es solo un paliativo temporal. Si bien los trabajadores despedidos han podido retornar a sus puestos, la negociación de fondo sigue sin resolverse, alimentando el temor de que este sea el preludio del cierre definitivo de la planta.

El caso de Euro SA es un microcosmos de una crisis más amplia. La Argentina enfrenta un panorama sombrío en el que las políticas neoliberales de ajuste están desmantelando sectores productivos enteros. Mientras tanto, el silencio del gobierno de Milei resuena como un aval implícito a las prácticas empresariales que priorizan la rentabilidad inmediata sobre el bienestar colectivo.

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La situación de estos 75 trabajadores no es solo un problema local, sino un símbolo de cómo las políticas de desregulación y ajuste impactan directamente en la vida de las personas. Es urgente que el Estado intervenga para garantizar los derechos de los trabajadores y para frenar una espiral de precarización que amenaza con convertirse en la norma.

La historia del frigorífico Euro SA no es solo la de una empresa que cierra puertas y despide empleados. Es el relato de un país que está dejando de lado a sus trabajadores en nombre de un modelo económico que solo beneficia a unos pocos. La lucha de estos empleados es un llamado de atención para toda la sociedad: no podemos permitir que la precariedad laboral y el abandono estatal sean el nuevo estándar. La dignidad del trabajo y la justicia social deben volver a ocupar un lugar central en la agenda política de Argentina.

Fuentes:

https://radiofonica.com/dictaron-la-conciliacion-obligatoria-tras-el-despido-de-75-trabajadores-en-un-frigorifico-de-villa-gobernador-galvez/

https://www.lacapital.com.ar/la-region/conflicto-gremial-denuncian-mas-70-despidos-frigorifico-villa-gobernador-galvez-n10173180.html

https://www.ambito.com/negocios/despidos-masivos-el-frigorifico-euro-villa-gobernador-galvez-incertidumbre-y-protesta-n6100297