Previamente, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), reconocida por su experiencia en peritajes de este tipo, había notificado su incapacidad para acceder a la información de un dispositivo similar perteneciente a una colaboradora de Milman, el cual comparte el mismo modelo. Ambos teléfonos, de modelo iPhone 14 Pro Max, salieron al mercado posterior al intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre.

Actualmente, el juzgado de María Eugenia Capuchetti ha solicitado a la defensa de Milman la revelación de la clave que permita acceder al contenido del dispositivo. A pesar de que inicialmente se rechazó el secuestro del celular en mayo, tanto la Cámara Federal como la Cámara Federal de Casación Penal ordenaron su análisis. Milman lo entregó como un gesto de colaboración, alegando que sería resguardado. La Cámara de Diputados incluso autorizó su análisis. Sin embargo, dadas las circunstancias, parece improbable que el dispositivo contenga información relevante para el caso. Los abogados de CFK demostraron que el modelo fue adquirido después del ataque y que Milman no lo utilizó hasta mediados de noviembre del año pasado.

El informe de la Gendarmería, firmado por el segundo comandante David Coca Alba, del Grupo de Criminalística y Estudios Forenses, especifica que no cuentan con la herramienta forense necesaria para este tipo de pericias. La División Telefonía Móvil, entidad apropiada para el caso, confirmó que el dispositivo iPhone 14 Pro Max no es compatible con la herramienta UFED Premium Cellebrite. Por lo tanto, no es posible desbloquearlo y acceder a la información contenida en la evidencia digital.

A falta de la clave proporcionada por Milman, las alternativas parecen escasas. La colaboradora, Carolina Gómez Mónaco, presente en el bar Casablanca con Milman dos días antes del intento de magnicidio, no reveló la clave. Otra colaboradora, Ivana Bohdziewicz, declaró que Gómez Mónaco la llevó a una oficina de Patricia Bullrich donde se encontraban Milman y un perito, y que este último manipuló el dispositivo del diputado.

El defensor de Milman, Manuel Barros, informó que su cliente posee otros tres teléfonos, al menos dos de ellos en uso. Tanto la querella como la fiscalía han solicitado acceder a estos dispositivos, lo que ha generado un nuevo debate que debe resolver la Sala I de la Cámara Federal. Además, los magistrados deben decidir si admiten el análisis del resultado y otra medida clave solicitada por el fiscal Rívolo: que las prestatarias de telefonía proporcionen información sobre el "tráfico de IMEI", un código identificativo de cada aparato que puede arrojar pistas valiosas.

El uso de los teléfonos celulares como evidencia en este caso ha sido problemático desde el principio, especialmente tras el daño sufrido por el dispositivo del principal acusado, Fernando Sabag Montiel. La Policía Federal no logró extraer información de dicho dispositivo, lo que llevó a la jueza Capuchetti a recurrir a la PSA en Ezeiza. Sin embargo, el sobre de la cadena de custodia llegó abierto y el celular encendido, mostrando que había sido reseteado de fábrica. Solo se pudieron analizar las tarjetas SIM y de memoria.

La "pista Milman" se ha mantenido al margen del juicio oral, marcada por dilaciones y problemas con los celulares. A pesar de ello, varias pistas podrían apuntar a Milman, incluyendo el testimonio de un testigo y sus proyectos que anticipaban el atentado contra CFK. Además, un escrito presentado por Brenda Uliarte sugiere que se habría pagado a individuos para generar violencia cerca de la residencia de la vicepresidenta.