Milei carece de planificación en políticas públicas fundamentales

(Por Sofía Arregui) La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar tres fondos fiduciarios ha desatado una ola de críticas en distintos sectores. Los fondos afectados, que incluían el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Progresar y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, estaban destinados a cubrir áreas clave como la respuesta ante emergencias, el financiamiento de becas para estudiantes y la protección de los recursos naturales del país. No obstante, el Ministerio de Economía justificó la medida argumentando la ineficiencia en su implementación y escasa operatividad.

El Fondo Nacional de Emergencias, en teoría diseñado para financiar la respuesta ante catástrofes y emergencias en todo el país, nunca llegó a activarse. Esta falta de operatividad se presentó como la principal razón para su disolución, pero deja un vacío preocupante ante la creciente amenaza de desastres naturales, exacerbados por el cambio climático. Si bien el Gobierno asegura que su cierre responde a una mejor administración de los recursos, la falta de capacidad para ponerlo en marcha plantea serios interrogantes sobre las competencias estatales para gestionar políticas de urgencia.

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Otro de los fondos clausurados, el Fondo Fiduciario Progresar, había sido creado para apoyar financieramente a los estudiantes argentinos a través de becas. Según el Ministerio de Economía, este fondo tampoco se implementó nunca de forma efectiva, lo que llevó a su disolución. Sin embargo, esta explicación ignora el hecho de que, si bien el fideicomiso no estuvo operativo, el programa de becas Progresar continuó vigente con otros recursos. ¿Por qué, entonces, cerrar un instrumento creado para fortalecer la educación en un momento de creciente pobreza y deserción escolar? La medida parece más bien un síntoma de desinterés por parte del gobierno en la educación pública, una postura que ha sido repetidamente señalada en otras políticas de ajuste.

El caso más alarmante, sin embargo, es el del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Este fideicomiso fue creado para financiar medidas de protección de los bosques, un recurso clave para mitigar el impacto del cambio climático en Argentina. Según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la gestión de este fondo presentaba "déficits institucionales y logísticos", además de carecer de indicadores claros para medir su eficacia. Aunque la auditoría destaca problemas graves en su funcionamiento, el cierre del fondo no resuelve el verdadero problema: la falta de capacidad estatal para gestionar recursos destinados a la protección ambiental.

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Esta decisión del gobierno de Milei se enmarca dentro de un patrón más amplio de desmantelamiento de políticas públicas fundamentales. Bajo la bandera del "ordenamiento de la gestión gubernamental", lo que en realidad parece estar ocurriendo es una sistemática reducción de las funciones del Estado, especialmente en áreas sensibles como la educación, la protección ambiental y la respuesta a emergencias. Los tres fondos clausurados no solo representaban mecanismos para la implementación de políticas esenciales, sino que, de haber sido gestionados adecuadamente, podrían haber jugado un rol clave en la mitigación de crisis climáticas y en la promoción del desarrollo educativo.

El gobierno, sin embargo, ha preferido justificar la disolución de estos fideicomisos como parte de un proceso de "optimización" del gasto público, sin ofrecer alternativas claras para las áreas que estos fondos cubrían. En un país donde la pobreza infantil supera el 60%, donde la crisis climática golpea cada vez más fuerte y donde la educación pública está en jaque, la eliminación de estos mecanismos de financiamiento deja a la intemperie a millones de argentinos.

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Además, la falta de transparencia y planificación en la implementación de estos fondos fiduciarios subraya otro problema estructural: el creciente desmantelamiento de las instituciones encargadas de gestionar los recursos públicos. Según el economista Rafael Flores, los fideicomisos son herramientas útiles si se utilizan de forma adecuada, con un objetivo claro y mecanismos de control efectivos. En este caso, el Estado ha fallado en ese manejo, pero en lugar de corregir las falencias, ha optado por el camino más fácil: el cierre de los fondos.

Mientras tanto, el gobierno de Milei sigue apelando al discurso de la "eficiencia" en la administración de los recursos, pero este discurso encubre una realidad más cruda: la reducción de la capacidad del Estado para proteger a los más vulnerables y asegurar bienes públicos esenciales. La clausura de estos fondos fiduciarios es una nueva muestra de un ajuste fiscal que afecta directamente a las áreas que más lo necesitan, bajo el pretexto de un "reordenamiento" que nadie ha pedido.

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El panorama que se abre tras estas decisiones es desolador. Sin un fondo nacional de emergencias, Argentina queda expuesta ante cualquier desastre natural. Sin un fondo fiduciario para Progresar, el futuro educativo de miles de jóvenes queda en el aire. Y sin recursos asignados para proteger los bosques nativos, el país compromete su capacidad de hacer frente a la crisis climática. ¿Es esta la "mejor administración" que promete el gobierno? O más bien, ¿se trata de una nueva fase de ajuste encubierto que privilegia la reducción del déficit a costa de las necesidades sociales y ambientales del país?

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— En Orsai (@EnOrsai) October 8, 2024