(Por Santiago Ríos) El reciente Decreto 552/2024, emitido por el gobierno de la Nación Argentina, promete un bono extraordinario de hasta 70.000 pesos para los jubilados y pensionados con menores ingresos. Este decreto, firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros Guillermo Francos y Sandra Pettovello, pretende compensar los efectos adversos de la Ley 27.609 y su fallida fórmula de movilidad jubilatoria, la cual no logró proteger a los adultos mayores del feroz embate inflacionario. Sin embargo, esta medida, lejos de ser una solución, se presenta como un paliativo temporal que no ataca la raíz del problema económico que azota al país.

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), establecido por la Ley 26.425, unificó el régimen previsional bajo un sistema de reparto, buscando ofrecer una red de seguridad para los adultos mayores. No obstante, la crisis económica y la inflación galopante han erosionado el poder adquisitivo de los jubilados. A pesar de los intentos del gobierno por actualizar mensualmente las prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor, los ingresos de los jubilados siguen estando muy por debajo del costo de vida.

El Decreto 552/2024 especifica que este bono será otorgado a aquellos cuya suma de haberes no supere el mínimo previsional garantizado. Sin embargo, muchos jubilados ya ven sus ingresos comprometidos por deudas y gastos médicos, lo que convierte este bono en una gota en el océano. El límite de 70.000 pesos, aunque aparentemente generoso, resulta insuficiente cuando se considera la inflación proyectada y el constante aumento de los precios de bienes y servicios básicos.

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La administración de este bono recae en la ANSES, que deberá asegurar que los pagos se realicen sin demoras ni descuentos. Sin embargo, la historia reciente de la administración pública en Argentina ha demostrado que la burocracia y la falta de recursos pueden obstaculizar la implementación efectiva de estas medidas. Además, el decreto deja abierta la posibilidad de recuperar "percepciones indebidas", una cláusula que podría interpretarse de manera restrictiva y generar más incertidumbre entre los beneficiarios.

La justificación del decreto menciona la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. Sin embargo, esta es una meta que parece cada vez más lejana. La inflación en Argentina ha alcanzado niveles alarmantes, y las medidas paliativas como este bono no logran revertir el deterioro de la calidad de vida de los adultos mayores. La falta de una política económica integral que aborde las causas profundas de la inflación y el estancamiento económico es un vacío que el bono extraordinario no puede llenar.

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El bono no es más que un parche temporal que no aborda la estructura desigual del sistema previsional. Las críticas al decreto son numerosas y vienen de diversos sectores, desde economistas hasta organizaciones de jubilados, quienes argumentan que medidas como esta solo perpetúan la dependencia de los adultos mayores de ayudas esporádicas y no garantizan una solución sostenible a largo plazo.

En resumen, el Decreto 552/2024 es un intento del gobierno por mostrar acción frente a una crisis que ha golpeado duramente a los sectores más vulnerables de la población. Sin embargo, su impacto real es cuestionable. Los jubilados y pensionados necesitan algo más que bonos extraordinarios; necesitan un sistema previsional robusto y una economía estable que les permita vivir dignamente. Mientras tanto, el bono de 70.000 pesos se presenta como una solución insuficiente, incapaz de cubrir las necesidades básicas en un contexto de inflación descontrolada y crisis económica.

Fuente:

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/309808/20240701

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