Mientras el país se debate en una profunda crisis económica, la fragilidad legal y la falta de control han convertido a Argentina en un destino ideal para el lucrativo negocio del “turismo reproductivo”. Un sistema que explota a mujeres en situación de vulnerabilidad y facilita la venta de bebés a extranjeros por cifras que llegan a los 50 mil dólares.
Walter Onorato // Sábado 05 de octubre de 2024 | 20:27
(Por Walter Onorato) Argentina, un país marcado por la inestabilidad económica y la crisis social, se ha convertido en tierra fértil para uno de los negocios más oscuros y lucrativos del siglo XXI: la subrogación de vientres o, como se conoce en los rincones más opacos del mercado, el "turismo reproductivo". Mientras la legalidad tambalea entre vacíos legislativos y una reglamentación débil, cientos de mujeres en situación de pobreza son captadas para gestar bebés que, a cambio de una suma irrisoria, serán entregados a parejas extranjeras que pagan hasta 50 mil dólares por un hijo. Una industria que florece ante la mirada ausente del Estado, mientras los intermediarios, médicos y escribanos se lucran de la explotación de mujeres y la comercialización de bebés.
La reciente investigación encabezada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con la fiscal Alejandra Mángano y la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), ha destapado una red internacional que involucra a centros médicos, escribanías y estudios jurídicos en Buenos Aires, Santa Fe y otras provincias. Las cifras son escalofriantes: de los 147 casos de gestación por sustitución registrados en la Capital Federal, al menos 49 involucraron a comitentes extranjeros que no solo no residen en Argentina, sino que ni siquiera aportaron material genético para los procedimientos de fertilización. ¿El resultado? Bebés nacidos en territorio argentino que son entregados a personas sin ningún vínculo genético ni social con el país.
Este mercado del “turismo reproductivo” ha encontrado su auge en Argentina debido a una combinación de factores que lo hacen especialmente atractivo para las mafias internacionales: una crisis económica profunda que empuja a las mujeres a situaciones de extrema vulnerabilidad, la falta de una legislación específica sobre gestación subrogada, y un sistema judicial que, fuera de Buenos Aires, deja en manos de simples escribanos la inscripción de los recién nacidos, facilitando que el negocio avance sin mayores trabas.
El escándalo que hoy ocupa los titulares de la justicia y los medios comenzó a revelarse en enero, cuando una bebé nacida en Buenos Aires fue llevada a un hospital en Alemania en pésimas condiciones de salud. Los médicos notaron de inmediato que la mujer que la presentaba no estaba capacitada para cuidar a la criatura, y tras las investigaciones se descubrió que el caso no era aislado. La pequeña había sido registrada en el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires bajo un contrato de gestación por sustitución, en un proceso autorizado por un escribano y sin intervención judicial, lo que abrió las puertas a una investigación de proporciones internacionales.
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El modus operandi de este negocio es tan sencillo como brutal: las empresas involucradas captan a mujeres a través de redes sociales, ofreciéndoles hasta 10 mil dólares por llevar adelante un embarazo. El costo para las parejas extranjeras asciende a los 50 mil dólares, de los cuales las gestantes reciben apenas una fracción. En muchos casos, las empresas imponen condiciones de pago absurdas, como la negación de cualquier remuneración si el embarazo se interrumpe, y ofrecen sumas adicionales si el parto se realiza por cesárea, lo que demuestra el nivel de control que ejercen sobre los cuerpos de las mujeres.
Lo que para muchos podría parecer una oportunidad de vida —llevar un embarazo a cambio de una suma que podría aliviar su situación económica— es, en realidad, una trampa que las empuja a la servidumbre moderna. Las mujeres gestantes, que en su mayoría provienen de sectores marginales y carecen de acceso a información y protección legal, son convertidas en simples incubadoras para el mercado extranjero. El control médico al que son sometidas durante el embarazo es riguroso, pero no hay garantía alguna de acompañamiento emocional ni de seguimiento a las secuelas físicas o psicológicas que puedan derivarse de este proceso.
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El negocio del “turismo reproductivo” en Argentina no solo pone en riesgo la dignidad de las mujeres que, empujadas por la necesidad, son explotadas como meros cuerpos gestantes, sino que además crea un vacío en el concepto de soberanía estatal sobre los ciudadanos nacidos en su territorio. En muchos de los casos investigados, los bebés nacidos a partir de estos acuerdos comerciales ni siquiera tienen un lazo genético con quienes los reciben como padres, lo que plantea serias dudas éticas y jurídicas sobre el destino de estos niños y niñas. ¿Qué futuro les espera? ¿Cómo se garantizarán sus derechos cuando ni siquiera los primeros días de vida se han respetado?
El sistema capitaliza sobre la desprotección legal en torno a la subrogación de vientres en Argentina. La Ley 26.862 de reproducción médicamente asistida y el Código Civil y Comercial no regulan la gestación por sustitución, y mientras esto no esté prohibido, el negocio sigue su curso. La debilidad de la normativa local es el caldo de cultivo perfecto para que escribanos, médicos, intermediarios y agencias extranjeras operen bajo un manto de impunidad. De hecho, solo en la Ciudad de Buenos Aires, las inscripciones de los bebés pueden realizarse ante notarios sin intervención judicial, facilitando así la venta de menores como si fueran mercancías.
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El caso de la bebé en Alemania es apenas la punta del iceberg. Otras investigaciones, como la que se está llevando a cabo en Córdoba, señalan que 14 mujeres en situación de pobreza habrían sido contratadas para gestar niños que luego serían entregados a parejas extranjeras. La justicia federal ha ordenado allanamientos en centros médicos y escribanías, pero el problema de fondo sigue sin resolverse: mientras las leyes no se actualicen, y mientras el Estado siga desmantelando sus mecanismos de control y protección social, las mujeres más vulnerables seguirán siendo presa de estas redes de trata disfrazadas de acuerdos legales.
El negocio ilícito de la subrogación de vientres y la trata de personas asociada a este esquema son, en efecto, reflejo de un problema exacerbado por el marco ideológico del libre mercado sin regulaciones efectivas. En un sistema donde prima la lógica mercantilista sobre los derechos humanos y la ética, las prácticas que involucran la explotación de cuerpos humanos se convierten en oportunidades comerciales para quienes buscan maximizar beneficios, sin importar las consecuencias humanas.
En el caso específico de la subrogación de vientres, la falta de regulaciones claras y la mercantilización de la capacidad reproductiva de las mujeres ponen en evidencia cómo los valores del libre mercado pueden alentar este tipo de negocios ilegales. En este sistema, todo es susceptible de convertirse en una transacción, incluso el cuerpo humano, lo que abre la puerta a la explotación de mujeres vulnerables, especialmente aquellas en situaciones de pobreza o necesidad.
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La demanda internacional de servicios de subrogación, alentada por la globalización y el acceso rápido a información a través de plataformas comerciales, crea las condiciones para que redes ilegales se aprovechen de la falta de controles y legislen en zonas grises. El libre mercado, sin la intervención del Estado o sin normativas que protejan los derechos fundamentales, facilita que estos negocios florezcan, donde los cuerpos y las capacidades reproductivas se convierten en mercancías al mejor postor.
Este fenómeno no es exclusivo de la subrogación. En otros ámbitos, como el trabajo sexual, la venta de órganos y la trata de personas, vemos cómo el mercado, cuando no está regulado, alienta prácticas que erosionan la dignidad humana y perpetúan la desigualdad. La "libertad" del mercado para ofrecer bienes y servicios se convierte, bajo esta lógica, en una herramienta de explotación y control de quienes tienen menos poder de negociación.
Por lo tanto, aunque el libre mercado no es el único factor detrás de este tipo de ilegalidades, su lógica intrínseca de reducción de todo a un intercambio comercial y su rechazo a la intervención estatal en ciertas áreas son parte del problema. Sin marcos regulatorios estrictos que protejan a las personas más vulnerables, estas prácticas seguirán proliferando.
En Argentina existen antecedentes de turismo reproductivo, y es posible trazar un inquietante paralelo entre este fenómeno y los robos de bebés perpetrados durante la dictadura militar (1976-1983), aunque los contextos y las motivaciones son diferentes. Ambos casos giran en torno a la apropiación de vidas humanas para satisfacer los deseos o intereses de otros, violando gravemente los derechos de las personas involucradas.
El turismo reproductivo es un fenómeno global en el que parejas o individuos viajan a otros países en busca de servicios de fertilización asistida o subrogación de vientres. En Argentina, debido a la falta de regulación específica sobre la maternidad subrogada, y a los costos relativamente bajos en comparación con otros países, se ha desarrollado un mercado incipiente que atrae a personas extranjeras. Aunque algunos casos se enmarcan dentro de lo legal y ético, la falta de un marco regulatorio claro facilita el surgimiento de prácticas ilegales, como la explotación de mujeres vulnerables y la trata de personas para el tráfico de recién nacidos.
Este vacío normativo crea un espacio en el que la reproducción asistida puede convertirse en un negocio lucrativo, con pocos controles y en el que los derechos de las mujeres que actúan como gestantes no siempre están garantizados. Algunos informes sugieren que, en zonas de mayor pobreza, las mujeres se ven incentivadas a alquilar sus vientres a cambio de pagos, lo que puede considerarse una forma de explotación.
El vínculo simbólico entre el turismo reproductivo y los robos de bebés durante la dictadura argentina es profundo. En ambos casos, los cuerpos de las mujeres y los recién nacidos se convierten en objetos de transacción y apropiación. Durante la dictadura, la apropiación de bebés fue parte de una estrategia sistemática de represión: los hijos de las personas desaparecidas fueron robados y entregados a familias que estaban alineadas con el régimen, en un intento de borrar la identidad de una generación.
En la dictadura, los bebés eran arrancados de sus madres prisioneras y entregados a familias adictas al régimen, o vendidos en algunos casos. La lógica de poder y control sobre los cuerpos, las vidas y las identidades era tan brutal como la explotación que se observa en algunas formas de turismo reproductivo hoy. Si bien el objetivo de la dictadura era aniquilar ideológicamente a una generación de opositores, en ambos casos el derecho de los niños y las madres es violado: en uno, bajo un manto de represión política; en el otro, bajo una lógica mercantilista que reduce los derechos humanos a una cuestión transaccional.
Si bien ambos fenómenos —turismo reproductivo y robos de bebés— involucran la explotación y apropiación de vidas humanas, existen diferencias importantes. Los robos de bebés durante la dictadura fueron parte de un plan represivo sistemático, mientras que el turismo reproductivo surge en el contexto de un mercado globalizado, donde las regulaciones laxas permiten prácticas que pueden derivar en abusos, aunque no tengan el carácter represivo de un régimen dictatorial.
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Sin embargo, ambos escenarios exponen cómo los derechos reproductivos y la identidad pueden ser vulnerados cuando hay un desequilibrio de poder y falta de protección estatal. Tanto las víctimas del turismo reproductivo explotadas en su vulnerabilidad como los bebés apropiados por la dictadura fueron tratados como objetos cuya existencia se supeditaba al beneficio o la ideología de otros.
La historia argentina sigue cargada de las heridas de la dictadura y las luchas por la identidad y la verdad a través de organizaciones como las Abuelas de Plaza de Mayo, que han recuperado la identidad de más de 130 nietos apropiados. En el caso del turismo reproductivo, los vacíos legales y la falta de regulaciones claras abren la puerta a nuevas formas de vulneración de los derechos reproductivos de mujeres y niños.
Ambos casos subrayan una realidad común: cuando el Estado falla en regular o proteger los derechos fundamentales de los más vulnerables, ya sea en nombre del libre mercado o del poder autoritario, se generan las condiciones para la explotación humana y la negación de la dignidad. En este sentido, la falta de control sobre la maternidad subrogada en Argentina puede verse como un eco perverso de las prácticas de apropiación de la dictadura, recordándonos la importancia de poner la ética y los derechos humanos en el centro de cualquier política reproductiva o mercado de servicios.
Javier Milei, defensor del anarcocapitalismo y de un Estado mínimo, ha sido enfático en la promoción del libre mercado como la mejor solución para cualquier problema social. En ese marco, sugirió que la venta de bebés no debería estar descartada si existiera un acuerdo voluntario entre las partes, ya que, según su visión, el mercado sería un mecanismo regulador más eficiente que el propio Estado. Este pensamiento surge de una creencia ideológica radical, que plantea que cualquier transacción es válida siempre y cuando sea consensuada entre adultos y no interfiera el Estado.
Estas declaraciones han sido fuertemente criticadas por amplios sectores de la sociedad, debido a su profunda carga deshumanizante. Desde una perspectiva bioética, la venta de bebés no solo transforma a los niños en objetos de comercio, sino que además pone en riesgo los derechos fundamentales de los menores y de las mujeres que puedan verse presionadas, bajo situaciones de vulnerabilidad, a participar en estos acuerdos.
Además, el trasfondo neoliberal de Milei sugiere que el Estado no debe intervenir en estas transacciones, mientras que el turismo reproductivo y sus abusos destacan la urgente necesidad de regulaciones claras que protejan a las partes más vulnerables. En este tipo de escenarios, sin regulaciones adecuadas, la dinámica de poder tiende a beneficiar a los sectores más adinerados, en detrimento de los derechos de mujeres y niños.
Si las ideas de Milei sobre la venta de bebés y la total desregulación del mercado llegaran a aplicarse en un escenario como el turismo reproductivo, estaríamos frente a un contexto altamente peligroso para los derechos humanos. En un sistema donde todo es mercancía, la línea entre el turismo reproductivo y la venta de bebés se diluye. Las mujeres, especialmente las más vulnerables, se convertirían en un engranaje de un mercado reproductivo que podría funcionar sin control ni supervisión.
La venta de bebés defendida por Milei se basa en una noción mercantilista extrema que reduce las relaciones humanas a transacciones, un enfoque que claramente podría alimentar la explotación reproductiva en el país, agravando las desigualdades estructurales y exacerbando la explotación de los sectores más vulnerables.
La conexión entre el turismo reproductivo en Argentina y las polémicas declaraciones de Javier Milei sobre la venta de bebés plantea un escenario ético perturbador que desenmascara las implicancias más crudas de una visión de mercado radical aplicada a la vida humana. Aunque Milei ha defendido en el pasado la idea de que, bajo ciertas circunstancias, la venta de bebés podría regularse como parte de la libertad individual y del libre mercado, esta postura revela una lógica donde los derechos humanos quedan subordinados a las leyes de oferta y demanda. El turismo reproductivo, en su forma más vulnerable y explotadora, puede verse como un campo abonado para este tipo de pensamiento.
Fuentes:
NARCOTRÁFICO
— En Orsai (@EnOrsai) October 5, 2024
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