Conocido como el propietario de Lago Escondido, Lewis se enfrenta a un proceso legal en los Estados Unidos, radicado en un tribunal del distrito sur de Nueva York, donde se le acusa de dirigir un sofisticado esquema destinado a utilizar información privilegiada en favor de amigos, colaboradores cercanos y asistentes personales. El empresario logró sortear el encarcelamiento mediante el desembolso de una fianza de 300 millones de dólares.

El Ministerio argentino ha subrayado en un comunicado escrito que "la información que aquí se acompaña respecto al modo en el cual Lewis ha desarrollado sus negocios, con serias objeciones legales y éticas, se estima de interés en el expediente que tramita en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York".

El dossier argentino fue enviado por Gabriela Carpineti, quien ostenta el cargo de Directora de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia en el Ministerio de Justicia.

Esta diligencia se llevó a cabo "con el fin de poner en conocimiento información que puede resultar de su interés para la investigación 'United States District Court Southern District of New York. United States of América v. Joseph Lewis, defendant. Sealed Indictment 23 Crime 370'".

El documento remitido enfatiza que "los hechos aquí relatados y su prueba respaldatoria podrían dar cuenta de que, al momento de emprender y desarrollar negocios en Argentina, Joseph Lewis, sus empresas y las personas que las gestionan en su nombre habrían realizado conductas prohibidas por el FCPA (Foreign Corrupt Practice Act, ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) o vinculadas con otras que son objeto de las investigaciones en curso".

Desde la perspectiva argentina, "puede resultar conveniente indagar sobre la vinculación del Sr. Lewis o sus empresas (o empresas asociadas, o empresas fantasmas vinculadas a través de los diversos esquemas societarios) con las prácticas corruptas que mencionan en los hechos de su indictment con las personas o funcionarios argentinos y/o empresas del grupo radicadas en Argentina, principalmente Hidden Lake S.A."

"En principio, la hipótesis criminal sostenida por el Departamento de Justicia contra Lewis encuentra puntos en común con las prácticas de negocios llevadas a cabo en Argentina por la misma persona".

La presentación detalla minuciosamente cómo Lewis adquirió las tierras que obstaculizan el acceso a Lago Escondido, en aparente contravención de la legislación que prohíbe la posesión de parcelas colindantes con otros países.

El documento hace referencia a "tráfico de influencias, dádivas, negociaciones incompatibles, cohecho y abuso de autoridad, entre otros, los delitos investigados".

"Se trata de delitos incorporados en las Convenciones Internacionales contra la Corrupción (la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales; entre otras). En todos los casos son acuerdos internacionales suscriptos tanto por la República Argentina como por los Estados Unidos de América".

"Las prácticas de Lewis aquí reseñadas tuvieron un enorme impacto en materia de derechos humanos respecto de las comunidades con las cuales sus empresas se vincularon. La información que aquí se acompaña respecto al modo en el cual Lewis ha desarrollado sus negocios, con serias objeciones legales y éticas, se estima de interés en el expediente que tramita en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York", advierte el ministerio.

El escrito "estima seriamente probable la existencia de una vinculación entre los hechos, o los frutos de estos hechos, y las maniobras reseñadas en el indictment, 'Hidden Lake S.A y otros negocios del grupo en Argentina'".

En su comparecencia, Joe Lewis se declaró "no culpable" ante la jueza Valerie Figueredo. Asimismo, procedió a abonar una fianza de trescientos millones de dólares como medida cautelar para evitar la detención hasta el inicio del juicio.