Esta medida, solicitada por la representación legal de la vicepresidenta y respaldada por la fiscalía, se inscribe dentro del contexto de las diligencias en curso para esclarecer el intento de magnicidio que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2022.

El tribunal de apelaciones, en una decisión adoptada mayoritariamente, ha determinado revocar la previa resolución de la jueza María Eugenia Capuchetti, allanando así el camino para llevar a cabo la mencionada medida. Sin embargo, se ha identificado una complejidad adicional que requiere ser sorteada: de acuerdo con lo establecido en la ley de fueros, se hace necesaria la autorización expresa de la Cámara de Diputados para proceder con la acción de secuestro, según informaron fuentes judiciales que fueron consultadas por la agencia de noticias Télam.

Cabe destacar que las perspectivas de hallar información de relevancia para la causa en el teléfono móvil de Milman son limitadas, en gran medida debido al considerable transcurso de tiempo desde la fecha del incidente bajo investigación. Los abogados que representan a la vicepresidenta han reconocido este hecho durante la audiencia en la que se impulsó la implementación de la medida.

Los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes respaldaron la determinación de habilitar el secuestro del dispositivo, han subrayado que "la extracción de información del teléfono en cuestión deberá restringirse a un período de tiempo acotado y prudente, comprendido entre el 1° de julio de 2022 y el 10 de mayo de 2023", según se detalla en el fallo al cual tuvo acceso la agencia de noticias mencionada.

El proceso de búsqueda de información en el teléfono móvil de Milman deberá ajustarse de manera rigurosa "al análisis del contenido relevante en torno a los hechos investigados en la presente causa, preservando cualquier información que no esté directamente relacionada con el caso en cuestión", han afirmado los magistrados.

En este sentido, se destaca que "una vez que se obtengan los primeros resultados de las diligencias, dicha información deberá ser compartida exclusivamente con el juzgado, a fin de que la magistrada a cargo pueda evaluar con precisión cuáles datos resultan ajenos al expediente y ordenar su eliminación, mientras que aquellos datos que se consideren pertinentes para el trabajo de los asesores legales y las partes involucradas podrán ser utilizados".

El episodio conocido como la "pista Milman" tuvo su origen el 23 de septiembre del año pasado, cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, de nombre Jorge Abello, compareció ante la jueza Capuchetti y afirmó haber escuchado al legislador opositor mencionar el atentado antes de que tuviera lugar.

La frase "Cuando la maten yo estaré camino a la costa" fue señalada por Abello como las palabras que habría escuchado de Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, en un momento en el que el diputado se encontraba acompañado por dos asesoras que ya han prestado testimonio en la causa, negando que se hubiera pronunciado tal declaración.

Si bien en un primer momento las asesoras de Milman negaron la reunión en el bar Casablanca en sus respectivas declaraciones testimoniales, la existencia de dicho encuentro fue corroborada por imágenes captadas por cámaras de seguridad y posteriormente admitida por las propias asesoras.

No obstante, uno de los jueces de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que no se contaba con pruebas suficientes que respaldaran avanzar con una medida como la que promovían los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, así como el fiscal Carlos Rívolo.

El magistrado argumentó: "No se ha presentado ninguna prueba que me permita, aunque sea de manera provisional en esta etapa, otorgar credibilidad al testimonio de Jorge Abello. No encuentro indicios claros, precisos y coherentes con el resto de las pruebas que respalden una intromisión mayor en la privacidad de personas que no están formalmente imputadas en este procedimiento, tal como lo es el diputado Gerardo Milman".

Además, enfatizó que "aunque no se pierde de vista la gravedad del delito en investigación y sus implicancias institucionales, ello no puede ser por sí solo motivo para justificar una invasión a la privacidad que carece de respaldo probatorio y solo se basa en una hipótesis carente de sustento legal".