Tarde o temprano el Gobierno de la Ciudad reconoce sus atracos contra un sector de la sociedad. Es posible que no pueda evitar hacer alarde de esa situación para dejar en claro que esa acción fue estratégicamente calculada. Tras las tomas de escuelas porteñas de 2022, organizadas por estudiantes secundarios que reclamaban condiciones dignas de estudio, mayor presupuesto, viandas de calidad y el rechazo a las pasantías laborales gratuitas; el ejecutivo porteño emprendió una fuerte persecución contra estudiantes, madres y padres de la comunidad educativa que derivó en denuncias judiciales contra familias, hostigamiento de la policía porteña yendo de noche a los domicilios y varias descalificaciones al movimiento estudiantil.

Luego de esas graves situaciones, Soledad Acuña decidió unilateralmente una Ley de Cooperadoras que restringe la participación de las familias, proyecto que fue aprobado en noviembre del año pasado en la legislatura, sólo con los votos del oficialismo porteño. Este fin de semana, tras ocho meses de esos hechos, la titular de la cartera educativa reconoció la intervención y, por ende, el hostigamiento y la persecución sobre cooperadoras escolares “que tienen un perfil ideológico determinado”.

“Ahí es donde nosotros pusimos un marco de intervención y es por eso que empezamos a entablar comunicaciones directas con las familias cuando se dieron las situaciones de tomas de escuelas, o cuando la situación de los alacranes (…), para que no fuesen las cooperadoras las que gestionaban por sí mismas como si fueran los gerentes de la escuela lo que iba pasando dentro del Lengüitas”, explicaba este sábado la ministra Soledad Acuña a un puñado de vecinos y vecinas. “Hay mucho para trabajar”, continúa la ministra, “lo más importante es que los directivos se sientan respaldados para poder tomar decisiones en esas comunidades donde las familias son muy fuertes y tienen un perfil ideológico determinado”, agrega Acuña.

"Lo más importante es que los directivos se sientan respaldados para tomar decisiones en las comunidades donde las familias tienen un perfil ideológico determinado"

Esto que dice la ministra de educación, Soledad Acuña, se remonta a tiempos nefastos, de persecución ideológica... pic.twitter.com/yy3DbWqScK

— Editor? (@Editor_76) June 11, 2023

Cabe destacar que esta ‘confesión de partes’ ocurrió el fin de semana en el café San Martín, ubicado en Av. Santa Fe al 3400, en una charla de campaña de la ministra Acuña, con el objetivo de posicionarse como vice jefa en alguna de las propuestas del oficialismo porteño.

“Evidentemente uno de los objetivos de este encuentro fue criticar a las cooperadoras y nombró a Lengüitas, que lo que hizo esta cooperadora fue apoyar en su momento los justos reclamos de los estudiantes secundarios del centro de estudiantes”, señala en diálogo con Tiempo Pablo Cesaroni, integrante de Cooperadores en Movimiento y la Multisectorial por la Escuela Pública.

En el colegio Lengüitas, las y los estudiantes, al igual que el resto de las escuelas secundarias, reclamaban mejor calidad y cantidad en las viandas escolares, condiciones dignas de estudios, mayor infraestructura y mantenimiento escolar y el rechazo unánime a las pasantías laborales gratuitas pero además, realizó una importante movilización para exigir al gobierno porteño una solución definitiva a la presencia de alacranes venenosos dentro del edificio escolar.

“En realidad la ministra lo que critica es la labor de las cooperadoras cuando están comprometidas con la educación pública y piden por edificios seguros y que en las escuelas no haya ratas, o reclaman por comida saludable, mayor presupuesto educativo, porque haya más auxiliares y vuelvan los caseros” agrega Cesaroni

Para el referente educativo del Normal 7, esto también tiene que ver con la ley de cooperadoras de CABA que se aprobó el año pasado y que tanto criticaron las cooperadoras. “Soledad Acuña quiere fijar límites, quiere que no participemos, quiere que nos ocupemos solamente de las cosas que ellos quieren que nos ocupemos, nada más de lo administrativo, de hacer algunas actividades para recaudar y que no nos metamos en las mejoras que tienen que haber de fondo”, suma Cesaroni.

“Las cooperadoras no realizamos actividad política partidaria, pero sí lo hace la ministra que baja línea y que quiere ser candidata a algo en las próximas elecciones y que hace campaña dentro de las escuelas. Las cooperadoras lo que queremos es una mejor educación, somos las que hacemos lo que el gobierno de la ciudad justamente no hace”, concluye.

La polémica Ley de Cooperadoras

A mediados de noviembre del año pasado, la ministra Soledad Acuña impuso su propia Ley de Cooperadoras Escolares. El artículo 9 de la norma sancionada en noviembre pasado, ordena que “las Cooperadoras Escolares estarán compuestas por diferentes categorías de socios: a) Los integrantes de las familias o representantes legales que tengan niños/as o adolescentes en las escuelas podrán revestir carácter de socio natural de la cooperadora escolar”. Este mismo artículo, restringe el derecho a voto a otros actores como se explica en el punto B: “también podrán asociarse otros actores que tengan participación en la comunidad educativa a partir del pago de la cuota social, como socios adherentes, con voz en las asambleas pero sin derecho a voto”.

Otro de los puntos más controvertidos de la Ley es el artículo 14, que restringe la representatividad en la presidencia de quién ya estuvo en ese cargo: “El mandato de los miembros de la Comisión Directiva tendrá una duración de 2 (dos) años, pudiendo ser reelegidos, excepto para los cargos de Presidente, Tesorero y Secretario los cuales podrán ser reelegidos por única vez. En caso de no presentarse nuevos postulantes para los cargos a elegir, podrán volver a presentarse los mismos miembros, de manera excepcional por un solo período”.

Pero quizá el artículo más polémico es el 16, que propone que “la Comisión Directiva no podrá utilizar la Cooperadora Escolar para promover actividades con fines comerciales, político partidarios, religiosos y cualquier otro que sea ajeno a las funciones propias de las Cooperadoras”. Para Pablo Cesaroni, el problema de este punto es “quién es el que va a definir que una persona tiene militancia política dentro de una cooperadora.