El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó a declarar en calidad de testigo en la causa por espionaje ilegal al hermano del expresidente Mauricio Macri, Mariano Macri y al diputado nacional Diego Santilli, entre otras medidas de prueba que ordenó en esa investigación.

El magistrado convocó, además, a declaración testimonial al juez de La Plata Luis Carzoglio y a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, en audiencias programadas para marzo próximo, según una resolución en la que dispuso casi 40 medidas de prueba.

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El magistrado pidió con carácter de «muy urgente» informes a la Dirección Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) sobre la existencia de «un sistema de entrega de las llamadas interceptadas judicialmente» entre ese organismo y la AFI «a través de un enlace dedicado o mecanismo similar».

La declaración testimonial de Mariano Macri quedó programada para el próximo 21 de marzo a las 10 de manera presencial en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.

En cuanto a Santilli, se lo citó para el 14 de marzo en relación a que «se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con los imputados en autos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían tenido lugar».

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Por su condición de diputado nacional podría prestar testimonio de manera escrita y si opta por esta modalidad el juzgado le enviará un pliego de preguntas

Caamaño fue convocada por su parte para el 22 de marzo y también podría elegir responder por la misma modalidad.

En el caso de la interventora de la AFI, el magistrado detalló que se la citó como testigo en relación a un reportaje publicado por este diario el 25 de diciembre pasado y se le hizo saber que «deberá ser relevada de la obligación de guardar secreto en los términos de la Ley 25520».

El juez Carzoglio quedó citado para el 28 de marzo » a fin de que se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano», dos imputados en la causa.

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Martínez De Giorgi quedó a cargo de la causa que comenzó a investigarse en la justicia federal de Lomas de Zamora por decisión de la Cámara Federal de Casación.

Al ordenar las medidas de prueba, el magistrado pidió informes también al Servicio Penitenciario Federal, al Bonaerense, a la policía de la provincia de Buenos Aires, a Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre «convenios que hubieren celebrado» con la ex SIDE y su sucesora, la AFI, entre 2010 y 2019.

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También pidió al SPB que «con carácter de muy urgente se informen circunstanciadamente los motivos que rodearon la instalación de cámaras y micrófonos en el pabellón 6 de la Alcaidía Departamental N° 3 de La Plata “Melchor Romero”, entre los días 8 y 24 de agosto de 2018.

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Además, requirió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe «la nómina de agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que, en el período comprendido entre los años 2015 y 2019, fueron reclutados por la Agencia Federal de Inteligencia».

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