La ley es impulsada por el diputado Lucas Godoy (Igualar – Frente de Todos), y prevé penas de cumplimiento efectivo de hasta 8 años de cárcel.

Godoy explica que “la Argentina es uno de los países que más bosque nativo ha perdido desde la década del 90 a la actualidad”. En los 10 años comprendidos entre 2008 y 2018, han desaparecido casi 3 millones de hectáreas de bosques, de los cuales más del 20% es en la provincia de Salta. Asimismo, en 2016, con la eliminación de las retenciones decidida por el gobierno de Macri, se desató una especie de fiebre de los grandes productores de soja por tratar de conseguir tierras cultivables mediante los desmontes.

“Si bien muchos tienen autorización por cumplir con los presupuestos que fija la ley, otros tantos son hechos de manera clandestina, porque se arriesgan a no ser descubiertos y en caso de que los controles logren detectarlos, las multas monetarias suelen ser muy inferiores a las ganancias que estiman obtener con los cultivos, por lo que no alcanzan para ser disuasivas, ya que prefieren pagar la multa y hacerse de nuevas tierras”, señaló Godoy.

Esta iniciativa excluye de las penas a los agricultores Familiares y miembros de pueblos originarios “que realicen actividades para su subsistencia sin afectar la conservación, manejo sostenible y el desarrollo sustentable de los Bosques Nativos”.

Por otra parte, la normativa apunta a los funcionarios públicos que hayan autorizado un desmonte de manera irregular, a los que también le aplica pena de prisión y le impone períodos de inhabilitación en la función pública.

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/bosques/desmontes-y-alternativas