(Por: Juan Chiummiento @juanchiummiento) Este martes, el fiscal de la ciudad de Rosario Miguel Moreno imputará por el delito de estafa a todo el directorio que condujo a Vicentin hacia su cesación de pagos. Entre los acusados se encuentran los nombres más ilustres de la empresa que el gobierno intentó expropiar en 2020, entre ellos Maximo Padoan y Roberto Gazze, y también otros, como el del ex síndico Omar Scarel, que desde hace un año preside la compañía.

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Los pormenores de la acusación se conocerán en una audiencia a celebrarse en el Centro de Justicia Penal rosarino, pero su núcleo estará basado en el falseamiento de la realidad económica y financiera a través de una registración irregular de los contratos “a fijar”. Según planteará el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Vicentin no exhibía en sus balances la deuda comercial generada por esas operaciones, en las que el precio se determina con posterioridad a la entrega de los granos.

Moreno, titular de la Unidad de Delitos Económicos, siguió la pista de una denuncia que motorizaron los bancos extranjeros, el Macro y acreedores comerciales de peso (entre ellos, la corredora del vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario). Todos aseguraron haber sido estafados en la etapa previa al anuncio de “estrés financiero” de la agroexportadora, por un monto cercano a los U$S 600 millones.

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Argumentos similares expuso el Banco Nación en una denuncia que hizo en 2020 ante la fiscal de Santa Fe Sandra Giménez, aunque por ahora no se conocieron mayores novedades. Esta semana, quizá para ver si tenía mejor suerte, el ente conducido por Eduardo Hecker presentó un pedido de investigación en la justicia penal de Rosario, acusando a la consultora KPMG -que auditaba los balances de Vicentin- por presunta “connivencia” con los directivos de la agroexportadora (ver aparte).

Pesos pesados en el banquillo

A lo largo del último año, el fiscal Moreno fue recolectando pruebas que permitieron determinar la imputación final y deslindar las responsabilidades individuales. Según pudo conocer este medio, en total serán 14 los acusados: en ese grupo está el directorio del período previo al default (presidente y vice, directores titulares y síndicos), pero también accionistas que cumplieron funciones en la gestión comercial y que emitieron certificados de compliance ajenas al directorio.

Entre los imputados se destacan los casos de Roberto Gazze, Máximo Padoan y Omar Scarel. El primero, quien se desempeñaba como responsable financiero, rubricó el último de los balances trimestrales que Vicentin presentó a los bancos extranjeros (en julio de 2019), en el que aseguraba contar con activos corrientes que superaban en un 80% sus pasivos corrientes. El segundo, hijo de Alberto Padoán -ex presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario-, era el encargado de las relaciones con el mercado. El último, que actualmente preside el directorio, fungía como síndico y para la fiscalía debía ser el encargado de velar por el cumplimiento de la ley.

Impacto en el concurso

Lo que se ventile en la audiencia imputativa generará “un fuerte ruido” en la convocatoria de acreedores, según dijeron desde la Sindicatura. En ese expediente, el juez Fabián Lorenzini dio tiempo hasta el 16 de diciembre para que la concursada logre las mayorías necesarias para aprobar el acuerdo preventivo. Caso contrario podrá abrirse un proceso de cramdown “que nunca sabe dónde ni cómo puede terminar”, advirtieron desde el entorno del magistrado.

Una de las claves del camino hasta diciembre es la posición de los bancos extranjeros, que por el volumen de crédito que manejan tienen poder de veto en el concurso. Resulta difícil pensar que le convaliden una propuesta a Vicentin, a la que por otro carril están acusando de haberlos estafado por cifras exorbitantes. Hasta acá, los bancos vienen mostrando los dientes pero siempre se mostraron dispuestos al diálogo.

Ocultamiento

Para la Fiscalía, existen elementos suficientes que avalan la imputación de estafa. Según indicaron, tanto en el caso de los bancos como en el de los acreedores comerciales se manejó una lógica similar -el ocultamiento de la realidad económica y financiera-, aunque las acciones para llevarla a cabo fueron diferentes.

En el caso de los bancos, la estrategia habría sido el ocultamiento parcial del pasivo, a través de la falta de registración de la deuda generada por los contratos “a fijar”. Este punto ya fue analizado por los auditores forenses que participaron del concurso de acreedores, integrado por el estudio porteño Arnaud Iribarne y Asociados y la internacional Deloitte. En un extenso informe, indican que “las toneladas calculadas bajo la modalidad de precio a fijar resultaron ser muy superiores a las reflejadas en los estados contables”.

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Según explicaron los investigadores, entre 2017 y 2018 la firma omitió registrar pasivos por U$S 858 millones. Tal aseveración llegó luego de indagar diversas fuentes, entre ellas documentos internos y mails de Vicentin, cruzando información con acreedores y en base a cálculos propios. No reflejar dichas cifras le habría permitido a Vicentin mostrar ratios financieros positivos ante los bancos internacionales, cuyos fondos girados se utilizaban “para el sostenimiento del flujo de fondos operativos”.

Respecto a los acreedores comerciales, para la Fiscalía la estafa se concretó abusando de la confianza de los productores, acopios y corredores, a quienes Vicentin aceptaba sus granos violando los usos y costumbres regidos por el mercado.

El Banco Nación y KPMG

El Banco de la Nación Argentina presentó el jueves pasado una denuncia ante la justicia de la ciudad de Rosario en la que solicita que se investigue si hubo “connivencia” entre la empresa de auditoría externa KPMG, la cerealera concursada Vicentin y funcionarios de la anterior gestión de la institución crediticia, revelaron fuentes judiciales.

La presentación de la denuncia se hizo efectiva ante el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos, Miguel Moreno, que desde julio de 2020 instruye una causa por estafa en la que están implicados los directivos de Vicentin y que el martes próximo los imputará por ese delito.

La última demanda incorporada a esa causa trata de aclarar si la auditora externa KPMG incurrió en un delito al firmar el balance de 2018 de Vicentin, que mostraba una solidez económica y financiera que un año más tarde se evaporó.