(Por Ricardo Ragendorfer) El anfitrión va al grano: “El atentado exige la vida de seis franceses acusados de terrorismo”. Brinon le advierte que no hay detenidos por el hecho. De modo que los ejecutados deberán ser personas capturadas con anterioridad. Y que la ley entonces tendrá que ser aplicada en forma retroactiva.

– ¿Aquí las leyes son retroactivas? –pregunta Bömelburg.

–No. Pero podemos hacer que las sean.

– ¿De qué manera?

–Bueno… se dará instrucciones en tal sentido al tribunal.

– ¿Quién dará esa instrucción?

–El ministro de Justicia, claro está.

Cada vez más sorprendido, Bömelburg quiere saber:

– ¿Aquí es él quien instruye a los tribunales?

–No. Pero podemos hacer que lo haga.

Es posible que Mauricio Macri ignorara esta gran escena de la Historia. Sin embargo, 75 años después, junto a su pandilla, supo aplicar desde el Sillón de Rivadavia un sistema inquisitorial basado en esa misma dinámica. Quizás entonces haya corrido por sus arterias la clase de adrenalina que únicamente puede causar el poder ilimitado. Una bella sensación que contagió a sus más estrechos colaboradores. Pero nada es eterno.

Eso bien lo comprendió el pobre Fabián Rodríguez Simón (a) “Pepín”, uno de sus alfiles, ya en agosto de 2019. La calamitosa performance de Juntos por el Cambio (JxC) en las PASO lo había afectado sobremanera.

De hecho, por entonces se le oyó decir: “¡Qué mal esto del peronismo! Podemos ir todos presos”.

Aquella frase la pronunció en una mesa de la confitería La Biela. Y su único interlocutor era nada menos que José Torello, quien aún detentaba la jefatura de asesores presidenciales además de ser el apoderado de PRO.

La última vez que ambos se vieron fue a fines del año pasado, antes de la sigilosa huida de Pepín hacia Montevideo.

Torello también se esfumó de los lugares que solía frecuentar. Su exilio transcurre, junto a su esposa, en el campo familiar de Bragado, situado a 210 kilómetros al oeste de la Capital. Sus días allí son casi monásticos; de hecho, no solo delegó sus funciones partidarias en el tesorero Santiago Alberti sino que, además, ni siquiera atiende las llamadas de sus correligionarios. Lo cierto es que toda su atención la deposita en las novedades de la causa que instruye la jueza federal María Servini por el hostigamiento a los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián Se Sousa. Ese interés tiene una poderosísima razón de ser.

EL HOMBRE DE ATRÁS  Las llamadas de José Torello en el nuevo cruce de comunicaciones del caso Indalo

El asunto –según el relato efectuado por el propio López ante la jueza y el fiscal Guillermo Marijuan– arrancó el 25 de octubre de 2015 en el hogar de Franco Macri, a donde el empresario fue convocado por su hijo, el flamante presidente electo.

Éste, a modo de saludo, le soltó:

–Necesito el canal para ir por Cristina…

Se refería a la señal C5N.

López enarcó las cejas, y preguntó:

– ¿Qué significa ir por Cristina?

–Hay que meterla presa –fue la respuesta.

En ese instante, López se levantó del sillón, y dijo:

–No contés conmigo. No soy amigo de Cristina. Pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo.

Por toda reacción, Macri lo miraba en silencio

López se retiró con un mal presentimiento.

El siguiente capítulo del asunto ocurrió el 9 de marzo de 2016, cuando Pepín llamó a De Sousa. El timbre nasal de su voz no presagiaba nada bueno.

– La guerra ya empezó y que cada uno se salve como pueda.

La llamada se hizo desde el despacho que Rodríguez Simón compartía con Torello en el primer piso de la Casa Rosada.

El tiempo probó que aquella amenaza no fue en vano.

Era el puntapié inicial de la persecución y las extorsiones sufridas por López y él para sofocar a Indalo, a Oil Combustibles y a los medios de prensa que controlaban, con el doble propósito de encarcelar a la ex presidenta, junto a otros funcionarios de su gestión, y apropiarse de sus empresas.

Las maniobras de asfixia comenzaron en la AFIP, puesto que desde ese organismo se los acusó de no pagar los impuestos a los combustibles líquidos, cuando en el expediente en curso hay un peritaje de expertos aportados por la Corte Suprema que probó la inexistencia de una deuda exigible; también, que los planes de pago estaban debidamente regularizados y que hubo antojadizas disposiciones para provocar la caída de del cronograma de cancelaciones con el objetivo de que el dinero reclamado fuera imposible de pagar.

En esa causa están imputados por integrar aquella asociación ilícita –cuya carátula incluye la figura de privación ilegal de la libertad por los casi dos años de prisión sufridos por las dos víctimas– nada menos que Macri; el ex secretario de Coordinación, Mario Quintana; los ex titulares de la AFIP, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, entre otros cómplices de aquel organismo; también deberán presentarse a indagatoria los empresarios Nicolás Caputo, Ignacio Rosner y Orlando Terranova, además de los estrategas de semejante operatoria: Rodríguez Simón y Torello.

Este último, nacido –al igual que Macri– en 1959, es uno de los ilustres egresados del colegio Cardenal Newman que secundaron la gesta presidencial del heredero de SOCMA. La confianza entre ellos era inquebrantable. Tanto es así que su acceso a la intimidad de Macri era irrestricto. Ese tipo de pocas palabras era, por decirlo de algún modo, la voz de su conciencia. Y la puerta de otros funcionarios, incluidos todos los ministros, para llegar a él.

En una entrevista concedida en agosto de 2016 al diario Perfil, sostuvo: “Voy a ser un nexo entre los ministerios y el Presidente. Si algún ministros quiere comunicarle algo a Mauricio, me lo va a acercar a mí”

Ya entonces sus respuestas no evitaron marcarle la cancha al no menos sinuoso jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Su nivel de exposición pública solía ser maniáticamente discreta. Por tal razón, sus palabras para la prensa –incluso oficialista– eran como una pieza de caza mayor. Pero en tales ocasiones, las frases que salían de su boca tenían un significante plagado de mensajes. Un ejemplo: preguntado por un cronista del portal Infobae –a comienzos de 2017– sobre las sospechas que en aquellos días había acerca de los aportantes a la campaña de la alianza Cambiemos, no dudó en afirmar: “Son pavadas de los fiscales de (Alejandra) Gils Carbó.

En esa entrevista denostó en tres oportunidades, y con la misma frase, a la Procuradora nombrada en 2012 por CFK.

A metros de él, Pepín esbozaba una sonrisa maliciosa.

Poco después, el fiscal Carlos Rívolo la imputó con una falsa acusación (la compra de un edificio para el Ministerio Público); seguidamente, el fiscal Eduardo Taiano la imputó, y el juez federal Julián Ercolini, completó la faena al procesarla, mientras ese mismo día –el 17 de octubre– el editor del diario Clarín, Ricardo Roa, publicaba el teléfono de una de sus hijas. A partir de ese momento, hubo una lluvia de amenazas para ambas.

En aquellos mismos días, el fiscal Gabriel de Vedia solicitó una cita con Pepín para interceder por la doctora Gils Carbó ante él. El operador le brindó una fría bienvenida –tal como De Vedia lo relataría el 28 de marzo pasado en El Cohete a la Luna, el portal de Horacio Verbitsky–.

El diálogo entre ellos fue escueto

– ¿No se puede acabar la persecución?

–Mirá –dijo Pepín—, si vos me traes la renuncia, la persecución obvio que se acaba.

–Pero ella no va a renunciar.

–Y bueno –dijo—, meteremos presas a las hijas, y a ella.

Y agregó:

–Va por el orden que digo primero.

A metros de él, Torello esbozaba una sonrisa maliciosa.

Ya se sabe que Gils Carbó renunció el último día de ese año; también se sabe que Torello fue el arquitecto de la maniobra. Y Pepín, su ejecutor.

En febrero de 2019 fue detenido el espía polimorfo Marcelo D’Alessio por orden del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quedando así a la intemperie una red de espionaje ilegal y extorsión con variadas ramificaciones en el arbusto del régimen macrista. Era la primera pieza de un rompecabezas. Al año siguiente se le sumarían las escandalosas trapisondas efectuadas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por la patota de fisgones liderados por Alan Ruiz, bajo las órdenes de los cabecillas de aquel organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Era otra pieza más del mismo rompecabezas. Tal operatoria comprometió a más agencias oficiales, como la AFIP, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) e, incluso, el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Sus actos, distantes de toda legalidad, no eran iniciativas autárquicas. Por el contrario, tenían por terminal nada menos que la “Mesa Judicial”, un Estado paralelo abocado a un plan sistemático de operaciones clandestinas. Su cosecha –según el minucioso informe presentado por la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia– consistió en espiar, entre 2015 y 2019 con propósitos persecutorios y extorsivos, a unas 174 organizaciones políticas, sociales y gremiales, además de empresas, sumando así unas 307 víctimas.

De impunes y prófugos: o cuando se caen las máscaras.

El Buró Político de la Mesa Judicial lo encabezaba Macri, en tanto que Torello era su consiglieri. Y Rodríguez Simón, el garrote de cabecera. Peña también formaba parte del staff, al igual que el ministro de Justicia, Germán Garavano; el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas; el titular de la UIF, Bernardo Saravia Frías; los ya mencionados Quintana y Arribas, junto al ex presidente de Boca Daniel Angelici. En tal contexto, el expediente instruido por la jueza Servini constituye un caso testigo.

Se comprende, entonces, el actual desvelo de Torello por el devenir de los acontecimientos.