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Julio De Vido: ¿Un nuevo preso político de Mauricio Macri?

En un nuevo circo mediático, el Gobierno dispuso un enorme despliegue de Gendarmería (se habló de más de 100 gendarmes) en el edificio de Julio De Vido con la intención de detenerlo con la ya tradicional imagen con esposas, chaleco y casco.

Julio De Vido: ¿Un nuevo preso político de Mauricio Macri?

Miercoles 25 de octubre de 2017 | 20:09

Cabe preguntarse: ¿Es Julio De Vido un nuevo preso político de Mauricio Macri? Veamos algunas claves del caso:

-De Vido recién comenzaba a ser investigado en las dos causas en las que se pidió su detención (Minas de Río Turbio y compras de gas licuado GNL). Ni siquiera llegó a ser indagado. Esto constituye una situación por demás irregular, ya que legalmente solo se puede detener a una persona luego de una condena firme (luego de la instancia de instrucción, el juicio oral y pública, resultado condenatorio y confirmación por Cámara de Apelaciones). La única excepción para poder encarcelar a una persona es por “peligro de fuga” o por “entorpecer la investigación”. Ninguna de las dos causales se dieron en este caso: De Vido siempre se presentó a derecho cuando fue requerido por el Poder Judicial y no se ha probado que haya entorpecido la investigación.

Esta situación pone en tela de juicio el “principio de inocencia” y el Estado de Derecho en general. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, […]”, un axioma que funda el principio de presunción de inocencia. Mientras que el art. 14 de la C.N. establece el derecho a la libertad general ambulatoria, “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: […]; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”. Por este motivo la “prisión preventiva” solo puede aplicarse en casos excepcionales, cuando se reúnen las condiciones que antes se explicaron.

¿Quiénes lo investigan?:

-Fiscal Carlos Stornelli: viene ser empleado y amigo de Mauricio Macri, fue responsable de seguridad en Boca Juniors y hasta tuvo un ofrecimiento del PRO para ser diputado por la Ciudad de Buenos Aires.

-Juez Claudio Bonadío: llegó a su cargo como parte de la “servilleta de Corach”, el funcionario menemista del que dependía en los años ’90. Fue acusado por encubrimiento en la causa AMIA. Con más de 18 denuncias en su contra el Consejo de la Magistratura (entre ellas por haber asesinado a una persona disparándole con una pistola Glock por la espalda) se viene dedicando a armar causas contra Cristina Kirchner y funcionarios kirchneristas como “dólar futuro” o “traición a la Patria”.

-Juez Luis Rodríguez: siempre sospechado de ser cercano al ex jefe de contrainteligencia de la SIDE, Antonio “Jaime” Stiuso. El padrino de su hija es Javier Fernández otro histórico operador ligado a la secretaría de Inteligencia. Según el periodista de Clarín, Gerardo “Tato” Young, este juez “es el padrino de la última hija de Stiuso, y él es padrino de uno de los hijos de Rodríguez”. Según Horacio Verbitsky: “Integrante de la escudería Stiuso que administra Javier Fernández, Rodríguez es uno de los jueces que hoy acosan al Gobierno con causas disparatadas”

-Cámara de Apelaciones. jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah: ambos mantuvieron siempre una estrecha relación con el mismo Stiuso a quien responden políticamente. Según Verbistky: “Farah, a quien la escudería Stiuso colocó sobre el filo de ambas salas”. Según el portal periodístico LetraP: “Farah es un cuadro más politizado lo cual no sorprende porque fue la política y el padrinazgo del operador Javier Fernández quienes lo colocaron en su situación actual”. Por su parte, según la periodista especializada en judiciales, Irina Hauser: “Irurzun tiene una estrecha relación con Lorenzetti, a punto tal que es el hombre que el supremo puso a cargo del sistema de escuchas”.

Según el Jefe de Bancada del FPV en Diputados, Héctor Recalde: “Tenemos jueces tuertos, hay un grupúsculo de jueces y fiscales empeñados en seguir las instrucciones que le da el Poder Ejecutivo”.

El análisis del periodista especializado Darío Villarruel:

Según el abogado defensor, Maximiliano Rusconi, en diálogo con el periodista Luis Novaresio: “Es una causa en la que el juez pide la detención por obligación de la Cámara. Hace dos meses entendía que no había elementos para indagarlo. No hay un solo elemento de prueba. Son las típicas imágenes electorales un país bananero. Es muy triste en términos de estado de derecho”.

La entrevista completa puede escucharse acá:

Si el Gobierno quisiera investigar en serio la corrupción en la obra pública (si hubo sobreprecios para empresarios y coimas para funcionarios) debería aprobar el proyecto en el Congreso de realizar una Auditoría General, tal como la misma ex presidenta, Cristina Kirchner planteó.

En lugar de eso, Macri ordenó una auditoría parcial que no tocara sus intereses y la de su familia:

Quizá uno de los motivos del Gobierno para evitar investigar la totalidad de la obra pública tenga que ver con el rol central que tuvo en la misma la Familia Macri a través de IECSA de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio:

Independientemente de si De Vido es inocente o culpable es necesario ser conscientes de que en esta “República” de Cambiemos se llevan preso a un Diputado opositor sin un juicio previo y sin una sola condena.


Por Equipo de Redacción de Comunicadores del Campo Popular (CCP)

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