El gobierno se llena la boca con la sigla Pyme, pero nada ha hecho por sostener al sector más productivo de la economía. Devastadas por los tarifazos, la caída del consumo y la apertura de importaciones, los pequeños y medianos empresarios no lograron cumplir con sus obligaciones fiscales y piden desesperadamente una prorroga para ponerse al día. El estado les vuelve a dar la espalda y este viernes, con el vencimiento de la moratoria fiscal, una ola de empresas y comercios quedarán pasibles de ser embargadas o ejecutadas, con un consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo.

Casualmente, ese mismo día (viernes 31 de marzo) vence el plazo para adherir al plan de “sinceramiento fiscal” dispuesto por el gobierno nacional para beneficiar a quienes declaren activos que estaban fuera del sistema. Se considera un éxito que el ingreso previsto por esta operatoria llegue a unos 120.000 millones de dólares. Las pequeñas y medianas empresas, mientras tanto, piden una extensión en el plazo para adherirse a la moratoria fiscal, sin embargo, para este sector no hay respuesta.

En diálogo con PDN, Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) adviirtió que dicha cifra millonaria en dólares no aportó un centavo al amplio entramado Mipyme, que constituye más del 90 por ciento de las empresas. En cambio, al vencer el mismo día la moratoria fiscal incluida en la ley, y no haber sido prorrogada su vigencia, gran parte de las Pymes quedan fuera del beneficio, bajo una ola de embargos y ejecuciones.

LAS PYMES NO NECESITAN EL BLANQUEO, SINO CONTAR CON FACILIDADES PARA PODER PAGAR SUS DEUDAS

APYME reclamó de modo oportuno y urgente a las autoridades de Hacienda y AFIP una extensión del plazo para acogerse a la moratoria y la posibilidad de incluir obligaciones vencidas con posterioridad al límite fijado en su momento por el art. 52 de la Ley 27.260, que permite regularizar obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016.

Ante una continua y marcada caída de la actividad, gran número de Pymes que se acogieron al plan de facilidades para regularizar su situación, quedaron financieramente imposibilitadas de hacer frente a las nuevas obligaciones tributarias y previsionales vencidas a partir del 1 de junio de 2016.

Esta situación resulta además altamente inequitativa. En estos días se reveló una investigación internacional en la cual se detalla que la pérdida de ingresos fiscales debida a la evasión impositiva por partes de multinacionales y grandes empresas locales equivale 2,4% del PIB. Es decir, mientras se ajusta a las Pymes y los trabajadores, se esfuman 21.400 millones de dólares al año en impuestos de grandes contribuyentes.

Las Pymes no buscan eludir al fisco sino poder pagar sus obligaciones.

Es imperioso que las autoridades se ocupen de la situación de emergencia de este gran entramado económico que involucra el 70 % del empleo, a riesgo de seguir agravando la crisis productiva y social que estamos viviendo la mayoría de los argentinos.

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— En Orsai (@EnOrsai) 28 de marzo de 2017