El Ministerio de Educación de Córdoba le inició un sumario administrativo a un periodista por facturar publicidad para su medio siendo empleado público al ejercer la docencia en el ámbito cordobés. El trabajador de prensa denunció un intento de condicionar su labor periodística crítica.
Por Sergio Villone // Jueves 23 de julio de 2015 | 11:04
Ignacio Elgue, director del periódico Integración, de Huinca Renancó (localidad del sur cordobés), es también docente. Días atrás, junto a otros cinco colegas docentes de distintos puntos de Córdoba, debió asistir a una audiencia a declarar por un sumario administrativo que le inició el Ministerio de Educación de Córdoba.
“El gobierno de Córdoba dispuso una artera e inesperada serie de sumarios administrativos a periodistas independientes que trabajamos como docentes del Ministerio de Educación, por considerar que cometimos faltas graves al facturar servicios de publicidad en los medios de comunicación donde trabajamos”, escribió Elgue en su periódico.
“No nos van a condicionar”, tituló su nota el licenciado en Ciencias de la Comunicación, en la que advirtió que “no nos van a parar si buscan con este ardid condicionar nuestra labor periodística o lograr algún alineamiento con políticos provinciales de turno”.
El periodista, que desarrolla su labor docente en el Ipem 52 de Huinca Renancó, contó que “la resolución administrativa afectó a cinco periodistas independientes de diferentes lugares de la provincia y en todos los casos se pudo comprobar un perfil crítico de sus medios o programas”.
Elgue consideró que su citación pudo haber sido provocada por una nota publicada en marzo, que -bajo el título “Hablaron mucho al Gas”- hacía referencia a la promesa incumplida de llevar el gasoducto a la región.
“Hace once años que soy docentes y que trabajo en diferentes medios. Facturo publicidad al gobierno y llamativamente ahora surgió este sumario que me afecta la labor en ambos ámbitos, pero no cambiaré la línea editorial”, afirmó, y calificó la medida como “un ardid intimidatorio y de presión encubierta”.
“La orden de publicidad es previa por el servicio que vas a prestar. Entonces, si saben que no podés brindarlo, hay una trampa artera para hacerte caer y estás a merced de ellos. Espero que las consecuencias no sean graves, porque mi abogado me dijo que podía haber días de suspensión”, explicó Elgue en diálogo con radios locales.