La negligencia del gobierno de Javier Milei frente al caso YPF

(Por Osvaldo Peralta) La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ha encendido las alarmas en la Argentina con un fallo contundente: el gobierno de Javier Milei debe informar la ubicación del oro nacional y otros activos soberanos. Esta medida responde al litigio encabezado por el fondo buitre Burford Capital, que reclama más de 17 mil millones de dólares en compensación por la expropiación de YPF en 2012. El caso, que avanza con ritmo implacable en los tribunales estadounidenses, amenaza con profundizar la crisis económica del país y desnuda las contradicciones en la estrategia política y económica del oficialismo.

Preska no ahorró críticas hacia la administración argentina, señalando que ha destinado más tiempo y recursos a dilatar la entrega de documentación que a cumplir con las órdenes judiciales. En su fallo, la jueza enfatizó que Argentina debe proporcionar la información requerida sin importar si las reservas de oro están bajo custodia del Banco Central. Su mensaje fue claro: el sistema judicial estadounidense no permitirá que el gobierno argentino defina unilateralmente qué activos son inmunes al embargo.

El analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, detalló que los demandantes buscan demostrar que Argentina utiliza sus activos soberanos para actividades comerciales, lo cual abriría la puerta a embargos. Este es un precedente que podría poner en riesgo no solo las acciones de YPF en manos del Estado, sino también las reservas de oro del Banco Central, especialmente aquellas recientemente trasladadas a Londres bajo un manto de secreto que solo ha alimentado la desconfianza.

Entre junio y septiembre de 2024, el Banco Central confirmó el envío de una parte significativa de sus reservas de oro al exterior, presuntamente a Londres. Aunque la entidad, liderada por Santiago Bausili, justificó la medida como una práctica común en la administración de reservas, las cifras implicadas –entre mil y 1.200 millones de dólares– y la falta de transparencia sobre los montos y destinos específicos han generado una creciente preocupación.

El titular de La Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo, fue quien destapó la maniobra al solicitar información detallada sobre los cargamentos. Sin embargo, el gobierno de Milei y el Banco Central han optado por el silencio, dejando a la ciudadanía y a los entes de control con más preguntas que respuestas.

La política legal del gobierno de Milei no ha mostrado diferencias significativas con las de sus predecesores. Según Maril, la estrategia sigue siendo "patear la pelota hacia adelante", mientras el país se enfrenta a un panorama internacional cada vez más hostil. La falta de una respuesta firme y estructurada ante las demandas de Burford Capital pone en evidencia las limitaciones del gobierno para proteger los intereses nacionales.

El propio Burford ha demostrado ser implacable en su estrategia. Con una inversión inicial de 400 millones de dólares, el fondo vendió el 60% de sus derechos para financiar el litigio y ahora busca cobrar un fallo favorable que podría incluir embargos masivos. La creciente valorización de las acciones de YPF en Wall Street y la reducción del riesgo país han creado un escenario favorable para los demandantes, mientras el gobierno argentino parece paralizado.

El desenlace de este litigio tendrá implicaciones profundas para la economía argentina. No solo está en juego el control sobre YPF, sino también la credibilidad del país en los mercados internacionales. Además, el caso podría sentar un precedente en la manera en que otras naciones enfrentan demandas de fondos buitres y pone en tela de juicio la soberanía de los Estados frente a los tribunales extranjeros.

En este contexto, la orden de Preska representa un golpe simbólico y práctico para el gobierno de Milei. El presidente, quien asumió con la promesa de reformar y revitalizar la economía, enfrenta ahora un desafío monumental que podría definir el futuro económico del país.

La opacidad, la falta de estrategia y las prioridades mal calculadas del gobierno de Javier Milei han colocado a Argentina en una posición vulnerable frente a los tribunales internacionales. Más allá de las críticas a Burford Capital y al sistema judicial estadounidense, el verdadero problema radica en la incapacidad del oficialismo para defender los intereses soberanos de manera efectiva y transparente.

El juicio por la expropiación de YPF es más que un caso legal; es un reflejo de la precariedad institucional y de la fragilidad política de un gobierno que, a pesar de su retórica disruptiva, sigue repitiendo los errores del pasado.

Fuentes:

https://www.lagaceta.com.ar/nota/1067355/economia/juicio-ypf-jueza-preska-ordeno-al-gobierno-milei-informar-donde-esta-oro-banco-central.html

https://grupolaprovincia.com/contenido/580860/juicio-por-ypf-ordenan-a-milei-detallar-donde-esta-el-oro

https://www.politicargentina.com/notas/202501/63457-la-justicia-de-eeuu-ordeno-al-gobierno-de-milei-a-entregar-informacion-sobre-el-oro-del-banco-central-en-el-exterior.html