Más de doscientos jueces, fiscales y defensores oficiales tuvieron algo en común en los últimos años: todos recibieron el mismo correo electrónico de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. La PIA notificaba así que el ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires había solicitado al Renaper, a través de un convenio para dar con personas prófugas, sus datos biométricos. Domicilio, DNI, tarjetas, cuentas bancarias, etc. Información sensible y privada.

Más allá de la gran cantidad de “espiados”, cuya lista resguarda celosamente el juzgado, muchos de ellos observaron con alarma que las solicitudes de información coincidían en fecha y hora con firmas de fallos o resoluciones a favor de Cristina de Kirchner. Asimismo, no pudieron evitar relacionar el hecho con sus trabajos en causas de Lesa Humanidad.

Hasta ahora, se contabilizan 84 fiscales y 78 defensores oficiales relacionados a causas de Derechos Humanos.

Por su parte, el ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, en manos de Eugenio Burzaco, aseguró en varios medios de comunicación que no fijará posición ni dará explicaciones de por qué pidió datos biométricos de más de doscientos funcionarios judiciales cuando esa cartera era comandada por Marcelo D’Alessandro.

Desde el Renaper explicaron que están colaborando con la investigación abierta en la justicia como es habitual y que trata de determinar si existió “uso indebido” por parte de CABA de un convenio de datos firmado a principio de 2019 y que desde el Renaper se procedió a dar de baja.

Lo que sí ocurrió es que a partir del escándalo, los afectados iniciaron varias acciones conjuntas para pedir explicaciones a los responsables y que se investigue qué hicieron con los datos obtenidos.

Los magistrados advirtieron sobre el uso de datos biométricos

Todos los Jueces Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal enviaron una carta al presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones de ese fuero de CABA, Julio Marcelo Lucini en la que manifestaron una “profunda preocupación” y advirtieron sobre los “graves alcances individuales que el suministro de información sensible de datos personales y biométricos puede provocar para nuestra seguridad personal y económica”.

Asimismo, enfatizaron en que este tipo de maniobras por parte del gobierno de Larreta tienen un claro alcance institucional, por lo que reclamaron que se tomen las medidas de seguridad informática correspondientes para evitar malversación del uso de los datos.

Por último, reclamaron que los funcionarios responsables expliquen por qué pidieron sus datos biométricos, ya que no se trata de personas prófugas como señala el convenio entre CABA y el Renaper.

“Graves acontecimientos de violación a la intimidad”

Por su parte, la lista Celeste de la Asociación de Magistrados reclamó con 110 firmas que la entidad se pronuncie y se presente como “amicus curiae” en la causa que actualmente instruye la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de CABA.

Horas después, la entidad emitió un texto en el que advierte sobre los “graves acontecimientos de violación a la intimidad”. Habla de una “gran preocupación” y expresa el “repudio” a “la intrusión digital en datos privados de cientos de magistrados/as y funcionarios/as, desde un organismo público, y sin que se justifique ese acceso”.

La Asociación, además, relaciona este hecho con la apertura de declaraciones juradas y los hackeos a teléfonos de algunos funcionarios judiciales.

????DATOS BIOMÉTRICOS: LA CIUDAD HIZO SEGUIMIENTO DE JUECES Y FISCALES ANTE FALLOS SOBRE CFK

Magistrados/as q accedieron a las fechas en q el Ministerio de Seguridad porteño pedía datos detectaron que coincidían con resoluciones q iban a firmar en causas de la vicepresidenta????

— Sofia Caram (@sofiacaram) May 12, 2023

Cristina Kirchner, Patricia Bullrich y Javier Milei

Entre las personas por las que el Gobierno porteño solicitó datos se encuentran la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini; el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman y el dirigente social Juan Grabois.

El fiscal Rodríguez relevó que la mayor cantidad de solicitudes recayeron sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (226 consultas). La sigue el desaparecido policía proteño Arshak Karhanyan (92 veces) y el presidente Alberto Fernández (76 consultas).

Pero también hay dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y personas afines al principal partido de la oposición. Entre ellos la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich; la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió; el precandidato a jefe de Gobierno porteño Ricardo López Murphy; el diputado de Avanza la Libertad José Luis Espert; el gobernador jujeño y precandidato a presidente del radicalismo, Gerardo Morales; el diputado radical Facundo Manes y el precandidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei.