(Por Juan Carlos Venturini, desde Madrid)  Pero la divulgación de una grabación comprometedora parece haber enterrado esa pretensión. Es que en ella el periodista confiesa sin ambages que su propósito es parecer independiente o “progresista” para mejor golpear a Podemos y a la izquierda. Se jacta de haber contribuido a acosar a Juan Carlos Monedero con falsedades y haber difundido a sabiendas una acusación burda contra Pablo Iglesias, fabricada por un desprestigiado mentiroso (Eduardo Inda, del postal OK Diario), sobre una supuesta cuenta donde habría recibido dinero de Nicolás Maduro. La mecánica es similar a la conocida en la Argentina en las operaciones del lawfare, contra Cristina y contra altos dirigentes kirchneristas. Máximo, entre ellos. Recordemos la cuenta fantasma que le adjudicara el operador Daniel Santoro, de Clarín, con total impudicia, que después se demostró falsa.

El escándalo ha servido para poner en claro el rol de cierto periodismo que gusta mostrarse como neutral, para mejor contribuir a las operaciones mediáticas del “lawfare”. Es clara la manipulación de la opinión pública a partir del control de los grandes medios. En España hay un verdadero duopolio que controla mas del 90% de ellos: la mitad la controla el grupo Berlusconi (la derecha fascista italiana), la otra mitad el grupo Planeta, propietario del canal La Sexta. y uno de cuyos mayores representantes es Florentino Pérez, el magnate titular del Real Madrid. Todos franquistas reciclados.

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El escándalo ha tenido una gran repercusión. Varios presidentes latinoamericanos, en ejercicio o electos, se han solidarizado con Pablo Iglesias y Podemos: Alberto Fernández (Argentina), Alberto López Obrador (México) , Gustavo Petro (Colombia) y Gabriel Boric (Chile) se han pronunciado inequívocamente. A lo que hay que sumar a Jean-Luc Mélenchon , el máximo dirigente de la izquierda francesa, opositora a Emmanuel Macron.

Pero no sólo eso. La envergadura del deschave abre el debate sobre los verdaderos fundamentos de la democracia española.

La propia Constitución española en la sección de los derechos fundamentales y de las libertades públicas consagra en su artículo 20, literal d), como derecho inalienable de todo ciudadano “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” (resaltado nuestro). De modo que la difusión de falsedades, a sabiendas, como es el caso de García Ferreras, es un delito protegido por la cloaca judicial. Recordemos en nuestro medio las falsedades de Lilita Carrió contra Aníbal Fernández, la mencionada denuncia de Daniel Santoro contra Máximo Kirchner y Nilda Garré, o los inventos de los periodistas de La Nación, Alconada Moon y Morales Solá, contra los propietarios de C5N. También aquí a estos delitos los protege la mafia judicial.

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En estos días, algunos periodistas honestos de Diario Público y La Base, entre otros, recordaban que la propia monarquía española fue impuesta con maniobras de este tipo. En noviembre de 2016 se conoció un documento notable, grabado en 1995, donde el presidente Adolfo Suárez confesó a la periodista Victoria Prego: "La mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república". Pero, agregó, “es que las encuestas nos daban que perdíamos, que se impondría la república”. Por eso desecharon la consulta ciudadana y Suárez amañó directamente en la Ley de Reforma Política de 1977 "la palabra rey y la palabra monarquía". Así se burló la voluntad del pueblo español. (C. Fallarás, Público, 14-7-22)

La manipulación mediática y las maniobras de difamación y persecución, avaladas por los jueces y fiscales cómplices, están vaciando a la democracia. Recientemente, la vicepresidenta Cristina Fernández, en una de sus celebradas intervenciones, indicó que la división de poderes establecida por la Revolución Francesa, en 1779, ha sido completamente superada por la evolución del capitalismo actual, depredador y reaccionario, en manos de los grandes monopolios. Junto a los tres poderes consagrados (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) existe el poder real permanente, que nadie elige, de las grandes corporaciones nacionales y mundiales, que controlan toda la vida social.

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La democracia, cada vez más, y a través del Estado, es el instrumento de defensa de los trabajadores y de los humildes contra el abuso de los poderosos. Tal como lo planteó Cristina, la disyuntiva es entre un capitalismo manejado y regulado desde el estado, con la democrática participación popular, o un capitalismo manejado por los dueños del gran capital a los que se los suele llamar eufemísticamente “el mercado”. El “lawfare” en España y en América Latina es un instrumento poderoso de esta verdadera dictadura del gran capital. Barrer con las cloacas mediáticas y judiciales es una necesidad de primer orden para garantizar la soberanía popular y el orden democrático.