Acusaciones falsas para debilitar la educación pública

Las universidades públicas argentinas han sido, históricamente, un bastión de conocimiento, investigación y desarrollo. Sin embargo, en tiempos recientes, la educación superior parece haber caído en la mira del gobierno, que ha lanzado una serie de acusaciones infundadas con el objetivo de desacreditar a estas instituciones. La última de estas falacias, repetida desde los más altos niveles, es la insostenible afirmación de que las universidades “inventan alumnos” para obtener más presupuesto. Afortunadamente, voces como la del exrector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Mario Lozano, no han tardado en salir al cruce de estas acusaciones para exponer la verdad y proteger a las instituciones que sostienen la educación pública en el país.

A través de un extenso hilo en Twitter, Lozano explicó de manera detallada cómo funciona realmente el sistema de financiamiento de las universidades y desmontó, punto por punto, las falacias vertidas por el gobierno. En primer lugar, Lozano subraya que la afirmación de que el número de estudiantes define la magnitud del presupuesto es incorrecta. "El número de alumnos no define la magnitud ni la distribución del presupuesto", sentenció en su primer mensaje, aclarando así uno de los malentendidos fundamentales en torno al funcionamiento del financiamiento universitario.

Recientemente se afirmó que "las universidades inventan alumnos para obtener más presupuesto" vamos a aclarar algunos puntos
Primero, la afirmación es incorrecta en varios aspectos. El número de alumnos no define la magnitud ni la distribución del presupuesto
Va hilo ????de 10 Tw???? pic.twitter.com/ZXttmwST9b

– Mario E Lozano (@LozanoMarioE) 30 de septiembre de 2024

Un modelo basado en criterios objetivos.

Lejos de ser un sistema opaco o arbitrario, Lozano explicó que el presupuesto universitario se asigna a través de un modelo desarrollado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un organismo que reúne a las universidades públicas del país. Este modelo, como describe el exrector, se basa en una serie de criterios objetivos que incluyen:

- El número de facultades, institutos y departamentos de cada universidad.

- La oferta académica, es decir, la cantidad de carreras que ofrecen.

- Las actividades de investigación y extensión que realizan.

- La superficie cubierta y descubierta de sus instalaciones.

- El número de estudiantes que hayan aprobado al menos una materia en el último año.

Este último punto es clave para desmentir la idea de que las universidades "inventan" estudiantes. El número de alumnos activos, es decir, aquellos que han aprobado al menos una materia, es la única cifra que se toma en cuenta para definir la distribución del presupuesto, y esta información proviene directamente del sistema de la Secretaría de Educación. Por lo tanto, no hay margen para inventar cifras, ya que solo se contabilizan aquellos estudiantes que han tenido una actividad académica concreta en el último año.

¿Quién se beneficia de estas mentiras?

El gobierno parece estar empeñado en erosionar la confianza pública en las universidades, pero ¿por qué? Generar falsas acusaciones contra las instituciones educativas públicas no solo afecta su credibilidad, sino que también mina la percepción general sobre el valor de la educación superior. En este sentido, Lozano señala que este tipo de campañas de desinformación confunden a la sociedad y desvían la atención de los verdaderos problemas que enfrenta el país.

La educación pública es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier nación, y en Argentina, las universidades públicas han sido históricamente motores de movilidad social y progreso científico. Desacreditar su trabajo es, en última instancia, una estrategia para justificar futuros recortes en su financiamiento, lo que podría traducirse en una reducción de la calidad educativa y en el debilitamiento de la investigación científica, justo cuando más se necesita invertir en el futuro.

Lozano también destacó que las universidades públicas deben rendir cuentas de manera transparente y pública sobre la distribución de sus recursos. Los organismos de control y auditoría llevan a cabo seguimientos constantes para evitar irregularidades, por lo que sugieren que existe un sistema corrupto de manipulación de cifras es simplemente falso.

¿El fin de la universidad pública?

Si las acusaciones del gobierno prosperan y se avanza con la reducción del financiamiento, el país podría enfrentarse a un escenario en el que las universidades públicas, que han formado a generaciones de profesionales y científicos, se ven incapacitadas para cumplir con su rol histórico. La desinformación y las acusaciones infundadas no solo dañan la reputación de estas instituciones, sino que ponen en peligro el acceso a una educación de calidad para miles de estudiantes.

El ataque contra las universidades es, en última instancia, un ataque contra el futuro del país. Como bien dijo Mario Lozano en su hilo de Twitter: "La universidad es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país, y su financiamiento adecuado es clave para mantener la calidad educativa y la de investigación que tanto necesitamos".

La pregunta que queda en el aire es: ¿Quién se beneficia realmente de la desinformación y el debilitamiento de las universidades públicas? Lo que está en juego no es solo el presupuesto de unas pocas instituciones, sino el futuro de la educación, la ciencia y el progreso en Argentina.