Trabajadores del Ministerio de Justicia denuncian que están siendo obligados a aceptar retiros voluntarios en condiciones precarias, bajo amenaza de despido. El gobierno de Milei avanza en el desmantelamiento del Estado, dejando a millas de familias en una situación de vulnerabilidad.

El gobierno de Javier Milei ha desencadenado una ola de despidos en el sector público, generando un clima de incertidumbre y precariedad laboral. Los trabajadores del Ministerio de Justicia no son la excepción. En las últimas semanas, han denunciado públicamente ser víctimas de una extorsión laboral, obligándolos a aceptar retiros voluntarios bajo condiciones indignas.

Estela Cariolo, trabajadora del Ministerio y representante de sus compañeros, compartió en una entrevista radial el calvario que están viviendo. Según Cariolo, los empleados contratados a través del ente cooperador ACARA se encuentran en una encrucijada: aceptar un retiro voluntario en cuotas, con un sueldo básico y la promesa de un contrato precario, o enfrentar el despido directo.

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Los puntos clave a destacar son:

* Extorsión laboral: Los trabajadores se sienten obligados a aceptar los retiros voluntarios para no quedar desempleados.

* Desmantelamiento del Estado: La medida se enmarca en un proceso más amplio de ajuste y desguace del Estado.

* Falta de representación sindical: El gremio UPSL ha abandonado a los trabajadores en esta situación.

* Precarización laboral: Los nuevos contratos ofrecidos son aún más precarios que los actuales.

La extorsión laboral: Cariolo denuncia que la propuesta de retiro voluntario es, en realidad, una forma de extorsión. Los trabajadores se sienten presionados a aceptar condiciones laborales inferiores para evitar quedar en la calle. La amenaza de despido pesa sobre ellos, generando un clima de miedo y angustia.

El desmantelamiento del Estado: Esta situación se inscribe en un contexto más amplio de ajuste y desmantelamiento del Estado impulsado por el gobierno de Milei. La eliminación de programas sociales, la reducción del gasto público y los despidos masivos son algunas de las medidas que están generando un fuerte impacto en la vida de millones de argentinos.

La falta de representación sindical: La trabajadora también denuncia la ausencia de apoyo por parte del gremio UPSL, que debería representar sus intereses. Esta situación deja a los trabajadores aún más vulnerables y desprotegidos.

Las consecuencias: Los despidos en el Ministerio de Justicia tendrán un impacto negativo en la calidad de los servicios públicos y afectarán a millas de familias. Además, la precarización laboral y la inseguridad laboral generan un clima de incertidumbre y desconfianza en la sociedad.

La situación de los trabajadores del Ministerio de Justicia es un claro ejemplo de cómo las políticas neoliberales del gobierno de Milei están afectando los derechos de los trabajadores y debilitando el Estado. Es fundamental que la sociedad civil se movilice en defensa de los derechos laborales y en defensa de un Estado que garantice el bienestar de todos sus ciudadanos.