(Por Walter Onorato) La reciente nominación del juez federal Marcelo Bailaque para ocupar un alto cargo en la Cámara Federal de Rosario, pese a las fuertes sospechas y denuncias de vínculos con el narcotráfico, ha generado fuerte malestar y críticas a la administración de Javier Milei. La movida, impulsada desde la Casa Rosada, supone una peligrosa jugada dentro de un contexto de mucha demanda de transparencia judicial. Pero, ¿qué implica realmente el ascenso de Bailaque, y cuáles son las señales que está enviando el gobierno?

La propuesta de ascenso de Bailaque no es una decisión aislada, sino parte de una lista de pliegos que proviene de Santiago Caputo, persona de confianza del gobierno en la distribución de cargos judiciales. Dicha lista incluye nombres estratégicos para cubrir vacantes clave en la Justicia Federal de todo el país. Sin embargo, el caso de Bailaque resalta como un símbolo de los conflictos de intereses y de una red de encubrimiento que parece consolidarse con el aval del oficialismo.

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Bailaque enfrenta una investigación disciplinaria y está bajo sospecha de haber protegido al narcotraficante Esteban Alvarado. Tres fiscales de la provincia de Santa Fe han denunciado que el juez obstaculizó repetidamente las investigaciones que buscaban desmantelar la red de Alvarado. Según señalan, Bailaque negó intervenciones telefónicas y otras medidas probatorias que habrían permitido avanzar en el caso contra uno de los criminales más peligrosos de Rosario. Así, lo que debía ser una herramienta para combatir el narcotráfico, se transformó en una muralla de impunidad que protegió a Alvarado durante casi una década.

La diputada provincial Lionella Cattalini, quien presentó una denuncia penal contra Bailaque, ha sido una de las voces más críticas respecto a la protección política que, sospecha, el juez habría ofrecido al capo narco. Para Cattalini, la relación de Bailaque con el contador Gabriel Mizzau, quien también era el contador de Alvarado, es uno de los puntos más escandalosos de esta trama de corrupción. No solo compartían el mismo profesional, sino que además el juez había facilitado la contratación del hijo de Mizzau en su propio tribunal, lo que despierta serias dudas sobre los lazos que realmente lo unen a Alvarado.

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La situación se ha vuelto tan delicada que el Consejo de la Magistratura ha decidido investigar más a fondo las acusaciones contra Bailaque, aunque el proceso disciplinario no ha avanzado con la rapidez necesaria. La lentitud con la que el órgano disciplinario ha actuado ha generado una fuerte desconfianza en el entorno político y social de Rosario, donde el narcotráfico sigue cobrando víctimas y ganando poder. Cattalini ha acusado directamente a Bailaque de formar parte de una “red de impunidad” que compromete la seguridad y la justicia en Santa Fe.

El respaldo oficial a esta polémica nominación de Bailaque ha despertado también el rechazo de la Legislatura santafesina, donde, en un gesto inusitado, diputados de diferentes partidos expresaron su apoyo unánime a Cattalini. Esta muestra de solidaridad refleja el grado de indignación que el caso ha generado en Santa Fe. No solo se cuestiona la conducta del juez, sino también la falta de control y el descaro con el que el gobierno promueve su ascenso, enviando un mensaje de connivencia con sectores del crimen organizado.

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Las sospechas sobre Bailaque no son nuevas. En 2013, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) presentó numerosos informes que vincularon a Alvarado con el narcotráfico y documentaron sus relaciones con policías corruptos de la región. Sin embargo, el juez sistemáticamente rechazó las medidas solicitadas, entre ellas, intervenciones telefónicas que habrían permitido desarticular la red de Alvarado mucho antes de que este se convirtiera en una figura de alto perfil en el crimen organizado. Según Emilio Lencina, exjefe de la PSA, el rol de Bailaque fue fundamental para que Alvarado lograra evadir a la justicia durante tanto tiempo.

En un intento de defenderse, Bailaque ha sostenido que las acusaciones en su contra son infundadas, pero las pruebas acumuladas parecen indicar lo contrario. La intervención de Mizzau como contador compartido, sumado a la contratación de su hijo, no son hechos aislados, sino que se enmarcan en una red de influencias y favores que debilita la confianza en el sistema judicial. Cattalini ha enfatizado que estos elementos apuntan a un juez que no está comprometido con la justicia, sino con sus propios intereses y alianzas.

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La nominación de Bailaque se produce, además, en un momento crítico. La Cámara de Diputados de Santa Fe ha denunciado la falta de transparencia en la gestión judicial y ha instado a que los cargos en el sistema federal sean ocupados por personas que garanticen un verdadero combate contra el crimen organizado. Pero con solo siete representantes en el Senado, el oficialismo de Milei deberá negociar con sectores de la oposición para obtener el respaldo a los pliegos, lo que abre la puerta a una serie de concesiones y acuerdos que poco tienen que ver con la ética judicial.

El caso de Bailaque es solo uno de los tantos signos de descomposición que enfrenta el sistema judicial en Santa Fe, donde el narcotráfico y la corrupción están profundamente enraizados. El gobierno de Javier Milei, que se autoproclama defensor de la libertad y de la justicia, demuestra en esta jugada que su prioridad parece estar lejos de los valores que predica. En su afán de consolidar alianzas estratégicas, Milei parece dispuesto a sacrificar la transparencia y el verdadero combate contra el narcotráfico.

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Este episodio plantea preguntas inquietantes sobre el compromiso del gobierno con la justicia y la seguridad. ¿Es este el modelo judicial que Milei quiere consolidar en el país? La respuesta parece evidenciar una política que no solo desoye los reclamos ciudadanos, sino que además refuerza una estructura que beneficia a los mismos sectores que dicen combatir. Si esta es la dirección en la que marcha el gobierno, queda claro que el cambio prometido por Milei se traduce en una reedición de los vicios más profundos del sistema político argentino.

Fuentes:

https://www.lapoliticaonline.com/santa-fe/el-gobierno-quiere-ascender-a-camarista-al-juez-rosarino-acusado-de-protejer-a-un-narco/

https://www.letrap.com.ar/santa-fe/cada-vez-mas-solo-contundente-mensaje-del-arco-politico-al-juez-federal-rosario-marcelo-bailaque-n5410573