Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, ha vuelto a causar polémica al organizar una conferencia de prensa para anunciar la supuesta revelación de la identidad de uno de los operativos claves de Hezbollah, a quien acusa de haber tenido participación en los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

Según Bullrich, este hombre, identificado como Hussein Ahmad Karaki, habría sido el encargado de coordinar ambos ataques terroristas desde Brasil. Sin embargo, esta supuesta primicia resultó ser información previamente publicada en un informe de la inteligencia israelí, el Mossad, en 2022, y que fue ampliamente reportada por el New York Times.

La declaración, además de ser desacertada, pone en evidencia una gestión cuestionable y reiterativa en errores graves, que parece guiada por una necesidad de protagonismo antes que por la prudencia y rigor que un caso tan delicado merece.

El anuncio de Bullrich ha desatado un sinfín de críticas, y no sin razón. La ministra convocó a la prensa para compartir una novedad que no solo carecía de valor informativo, sino que había sido ignorada en su momento por la Corte Suprema y la Unidad Fiscal AMIA por considerarse un simple informe de inteligencia sin valor judicial.

Las versiones difundidas en 2022 ya contenían las supuestas identidades de los autores, los métodos empleados y la estructura que presuntamente ejecutó los ataques. Con esta revelación, Bullrich parece más interesada en armar un show mediático que en seguir el camino de la verdad y la justicia. La supuesta relevancia de esta información y su presentación como una "nueva" revelación subraya la fragilidad de la gestión actual, caracterizada por la falta de rigor en temas críticos.

La conferencia de prensa se desarrolló en un clima de desconexión entre el poder Ejecutivo y el Judicial. Fuentes cercanas al fiscal Sebastián Basso, quien está a cargo de la investigación de los atentados, confirmaron que ni siquiera se le notificó previamente sobre esta presentación.

Una omisión que siembra dudas sobre la veracidad de los detalles brindados por Bullrich. Además, el propio informe de inteligencia israelí contenía inconsistencias graves; menciona a un supuesto terrorista suicida en el caso AMIA que nunca fue identificado como tal en Argentina. A pesar de estas evidentes contradicciones, Bullrich decidió convertir el documento en una pieza de propaganda, en lugar de cooperar con el proceso judicial en curso y dejar que sean los tribunales los que, eventualmente, decidan el valor de dicha información.

El mal manejo en la gestión de esta información resalta otra contradicción en la administración de Bullrich: al involucrar a la SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado) en la conferencia, presenta un informe de inteligencia como si se tratase de evidencia judicial, cuando este no tiene estatus legal.

Sergio Neiffert, titular de la SIDE, fue uno de los presentes en el evento, aunque apenas tuvo un rol secundario. Al apoyar esta maniobra de Bullrich, la SIDE compromete su papel neutral e imparcial, transformándose en una herramienta de propaganda política. Este error trasciende los aspectos técnicos, ya que compromete la credibilidad del país en asuntos de inteligencia, en especial cuando otros informes previos ya habían sido desacreditados en tribunales.

El caso de Bullrich no es un hecho aislado. Durante su gestión, ha protagonizado repetidos incidentes similares, como el intento fallido de incriminar a presuntos terroristas en Buenos Aires a comienzos de este año. En aquella oportunidad, un grupo de supuestos extremistas fue liberado luego de que la jueza a cargo no encontrara mérito en las acusaciones presentadas por la ministra. Un episodio que también fue ampliamente criticado y que evidencia la tendencia de Bullrich a priorizar el espectáculo por encima de los hechos.

El anuncio reciente cobra aún más relevancia a la luz de una serie de informes internacionales y fuentes israelíes que sugieren que Hussein Ahmad Karaki podría haber fallecido en un ataque reciente en Beirut, junto con el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Si bien estas noticias todavía no han sido confirmadas oficialmente, el Jerusalén Post publicó en septiembre que ambos fallecieron en un bombardeo en el sur de la capital libanesa.

Ante estos rumores, la decisión de Bullrich de anunciar esta identidad como si fuese información reciente resulta todavía más cuestionable. ¿Es esta maniobra una forma de desviar la atención de problemas internos, o una táctica para reforzar la imagen de un gobierno supuestamente firme en temas de seguridad?

Además de su falta de rigor, el hecho de presentar como nueva una información ya conocida refleja un desprecio por el dolor de las víctimas de los atentados. No se trata de simples deslices: estas acciones juegan con la memoria y justicia de las víctimas, diluyendo la posibilidad de una investigación seria.

Más allá de la incompetencia, lo que resulta inquietante es el patrón de manejo de la información pública en la administración de Bullrich. La repetición de conferencias mediáticas vacías de contenido y la difusión de informes de inteligencia sin valor judicial parecen revelar una estrategia política más que un esfuerzo por alcanzar la verdad y la justicia en temas de terrorismo.

La pregunta que queda en el aire es qué propósito busca realmente Bullrich con estos anuncios. Al perpetuar una cadena de errores en la seguridad nacional, ¿intenta la ministra ocultar otros problemas más profundos? Quizá, al final, la gestión de la Seguridad Nacional necesita más que anuncios grandilocuentes y acusaciones sin fundamento.

El país requiere transparencia, profesionalismo y un compromiso real con las víctimas de uno de los episodios más dolorosos de su historia. La justicia no puede depender de maniobras mediáticas, y la seguridad no puede quedar en manos de una administración que parece preferir el ruido mediático al trabajo en silencio que requiere el rigor investigativo. El desenlace de esta gestión aún está por verse, pero la ciudadanía y los familiares de las víctimas ya han dejado en claro su postura ante este nuevo acto de incompetencia.