Prefieren el ajuste antes que la educación

El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, impulsado por el gobierno de Javier Milei y respaldado en la Cámara de Diputados con 160 votos afirmativos, se ha convertido en el más reciente ataque contra el sistema de educación pública en Argentina. Esta ley, que buscaba asegurar el funcionamiento de las universidades nacionales y garantizar la actualización salarial de docentes y no docentes, fue desechada en favor de políticas de austeridad que responden más a los intereses de los mercados que a las necesidades de la sociedad.

La decisión del Ejecutivo de vetar una ley que contaba con apoyo mayoritario en ambas cámaras es una afrenta directa a los miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios que se movilizaron la semana pasada para defender la educación pública, gratuita y de calidad. Las movilizaciones, que incluyeron tomas de facultades, manifestaciones masivas frente al Congreso Nacional y una presencia contundente de sindicatos universitarios, fueron ignoradas. Una vez más, el gobierno optó por alinear sus decisiones con las exigencias del capital financiero, dejando a la educación pública en un estado de precariedad.

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En una sesión que se extendió por más de cuatro horas, los legisladores discutieron el veto de Milei, en una clara demostración de que los discursos del Ejecutivo priorizan los mensajes hacia los inversores internacionales y las consultoras de riesgo por encima de las urgencias nacionales. La votación dejó en claro la polarización: mientras que los diputados de Unión por la Patria y Encuentro Federal rechazaron el veto, los bloques del PRO y Juntos por el Cambio lo respaldaron. La ley, que requería dos tercios de los votos para ser ratificada, terminó siendo descartada, consolidando la voluntad del gobierno de recortar el financiamiento a las universidades.

El contenido de la ley vetada tenía como objetivo paliar los efectos devastadores de la inflación sobre las universidades nacionales. El mecanismo propuesto incluía una actualización bimestral del presupuesto universitario basada en indicadores como el Índice de Precios al Consumidor, la variación del tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos. Sin embargo, la visión de Milei no contempla la supervivencia de la universidad pública bajo estas condiciones. Para el presidente, lo que importa no es el acceso a una educación de calidad para todos, sino la señal que el país envía a los mercados financieros.

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La postura del PRO y de su representante, Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación y actual diputado, fue uno de los momentos más reveladores del debate. En su intervención, Finocchiaro dejó claro que su voto no respondía a la crisis educativa que enfrenta Argentina, sino a lo que denominó "una disputa de poder". Según el diputado, la decisión de su bloque de votar en favor del veto estaba impulsada por el deseo de evitar alinearse con "el kirchnerismo", y no por las implicancias que el desfinanciamiento tendría para las universidades públicas.

Este tipo de argumentos, cargados de consignas y simplificaciones ideológicas, revela el verdadero objetivo del gobierno de Milei: destruir la educación pública para abrir el camino hacia su privatización. Finocchiaro fue explícito en su rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario porque, según él, enviaría una "señal equivocada" a los inversores y a los mercados. Las universidades, en esta lógica, son simples piezas de un tablero económico que puede ser sacrificado si es necesario para calmar a los actores financieros internacionales.

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El veto no solo profundiza la crisis universitaria, sino que también afecta directamente a los docentes y trabajadores de las universidades, quienes, en el marco de la discusión salarial, rechazaron el incremento del 6,8 por ciento ofrecido por el Ministerio de Capital Humano. Para ellos, esta oferta es insuficiente para hacer frente a la inflación galopante y los crecientes costos de vida. Sin embargo, el gobierno ha dejado claro que no está dispuesto a negociar: el aumento será impuesto por decreto.

El panorama para las universidades nacionales es sombrío. Sin el financiamiento adecuado y con salarios que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de sus trabajadores, muchas casas de estudios enfrentan la posibilidad de tener que cerrar o reducir drásticamente sus actividades. Los efectos de este veto no solo se sentirán en el corto plazo, sino que afectarán a generaciones de estudiantes que verán disminuidas sus oportunidades de acceder a una educación universitaria de calidad.

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Mientras tanto, Milei y sus aliados continúan defendiendo un discurso de "libertad" que se revela vacío ante la realidad de miles de estudiantes y docentes. La promesa de "hacer grande de nuevo a Argentina" se diluye frente a la evidente destrucción de uno de los pilares fundamentales de la democracia y el desarrollo social: la educación pública.

El veto a la Ley de Financiamiento Universitario no es un hecho aislado, sino parte de una política más amplia que busca desmantelar el Estado y entregar los servicios públicos al mejor postor. Las universidades son solo el primer blanco en esta estrategia de ajuste que, lejos de garantizar la prosperidad, condena a la mayoría de la población a la precariedad y la exclusión.

La batalla por la educación pública en Argentina está lejos de terminar. Los sectores sociales que dependen de ella no pueden quedarse de brazos cruzados mientras el gobierno avanza con sus políticas de austeridad. Las movilizaciones seguirán, y la defensa de la universidad pública será una causa que aglutinará a estudiantes, docentes, sindicatos y a todos aquellos que comprenden que sin educación no hay futuro para el país.

En la imagen vemos retirarse al "influencer" libertario que fue a provocar al Congreso pic.twitter.com/VgYX4PHU5c

— En Orsai (@EnOrsai) October 9, 2024