La liquidación de las 28 delegaciones provinciales del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la eliminación de las regulaciones tarifarias, llevadas a cabo por el gobierno de Javier Milei, ha desencadenado un maremoto de críticas y temores sobre el futuro de las telecomunicaciones en Argentina. Con el despido de 300 empleados y la centralización de funciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el país se enfrenta a un panorama incierto en la calidad y accesibilidad de los servicios de comunicación.
Walter Onorato // Domingo 07 de julio de 2024 | 21:23
(Por Walter Onorato - @WalterOnorato) La operación de desmantelamiento del ENACOM comenzó el 1 de abril, cuando el ente, bajo la dirección de Martín Ozores, implementó una resolución que ordenaba el cierre de todas las delegaciones provinciales. El objetivo declarado: ahorrar los 6.600 millones de pesos anuales que, según el gobierno, eran gastos injustificados. Este proceso incluyó la reubicación de funciones esenciales y la elaboración de un inventario patrimonial actualizado.
El argumento oficial para esta drástica medida fue la supuesta baja demanda de los servicios presenciales y la posibilidad de realizar la mayoría de los trámites de manera digital. Sin embargo, la realidad para muchos ciudadanos, especialmente aquellos sin acceso a internet o dispositivos electrónicos, pinta un cuadro mucho más sombrío.
Simultáneamente, se llevó a cabo una completa desregulación del sector de telecomunicaciones. Bajo la supervisión de Ozores y los interventores adjuntos, Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, el gobierno anuló el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, el cual había declarado a los servicios de telecomunicaciones como esenciales y estratégicos, otorgando al ENACOM la potestad de regular las tarifas.
La nueva disposición permite a las empresas de telecomunicaciones fijar libremente sus precios, con el argumento de fomentar un mercado competitivo. Sin embargo, esta decisión ha sido recibida con escepticismo y preocupación por parte de los usuarios y expertos del sector, quienes temen un incremento descontrolado en los precios de internet, telefonía y televisión por cable.
La decisión de cerrar las oficinas provinciales no solo afecta la regulación tarifaria. Las delegaciones cumplían funciones críticas, como la recepción de denuncias por fallas en el servicio y la emisión de licencias para radios comunitarias, esenciales en áreas rurales y marginadas. Con la centralización en Buenos Aires, estas funciones se han vuelto inaccesibles para gran parte del país.
El secretario general de ATE en ENACOM, Alejandro Tsusinsky, expresó su descontento, subrayando que las oficinas provinciales también eran responsables de tareas técnicas cruciales, como la liberación de frecuencias para aeropuertos y servicios de emergencia. Con la desaparición de estas delegaciones, estas funciones ahora dependen de un número reducido de empleados en la capital, quienes deben manejar una demanda nacional.
La ola de despidos ha dejado a 300 trabajadores sin empleo, y a los ciudadanos sin un canal efectivo para sus reclamos y necesidades en telecomunicaciones. Los críticos señalan que la medida es un paso hacia la privatización y desmantelamiento del Estado en favor de las grandes corporaciones, dejando a la población desprotegida y con menos recursos para hacer valer sus derechos.
La reestructuración del ENACOM no es simplemente una cuestión administrativa. Es un reflejo de una visión de país donde el mercado dicta las reglas y el Estado reduce su rol protector. Esta transformación está ocurriendo en un contexto donde las desigualdades sociales y económicas se profundizan, y donde el acceso a la información y la comunicación debería ser un derecho fundamental, no un lujo.
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La decisión de desregular las tarifas de telecomunicaciones y cerrar las oficinas provinciales del ENACOM marca un punto de inflexión en la política de telecomunicaciones de Argentina. Las consecuencias de estas medidas se verán en los próximos meses, a medida que las empresas ajusten sus precios y los ciudadanos enfrenten nuevos desafíos para acceder a servicios de calidad.
La centralización de funciones en Buenos Aires y la reducción de la presencia estatal en las provincias podría llevar a una mayor desconexión y desigualdad, afectando principalmente a las comunidades más vulnerables. La capacidad de respuesta ante denuncias y fallas en el servicio se verá comprometida, y la falta de regulación podría resultar en un incremento desproporcionado de las tarifas.
El gobierno de Javier Milei ha apostado por una política de austeridad y liberalización económica, cuyos efectos en el sector de telecomunicaciones están por verse. Lo que queda claro es que el desmantelamiento del ENACOM es más que una simple reestructuración: es un cambio profundo en la forma en que el Estado y el mercado interactúan en uno de los sectores más esenciales para el desarrollo y la equidad social.
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— En Orsai (@EnOrsai) July 7, 2024
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