La jueza federal María Servini ha tomado medidas firmes ante denuncias de amenazas de muerte dirigidas a la familia del candidato de UxP, Sergio Massa, y en particular a su esposa, Malena Galmarini, titular de la empresa estatal de aguas Aysa, junto con sus hijos, Milagros y Tomás. Estas amenazas, originadas en redes sociales y derivadas de la difusión de datos personales por cuentas de TikTok, han desencadenado una serie de advertencias y hostigamientos a través de distintos canales de comunicación.
TELAM // Jueves 16 de noviembre de 2023 | 21:19
La magistrada, además de iniciar una investigación sobre estas intimidaciones, ha ordenado una custodia especial para proteger a Galmarini y a sus hijos. Para abordar el aspecto digital de estas amenazas, la División de Delitos Informáticos de la Policía Federal Argentina ha sido llamada a intervenir, con el objetivo de identificar a los responsables de estos actos.
Massa, en un encuentro con empresarios, reveló la situación: "Hace tres semanas por orden de la jueza Servini mi familia está con seguridad, debido a amenazas reiteradas". Además, instó a dejar atrás la polarización y construir una Argentina basada en el diálogo y el consenso, subrayando la importancia de superar la confrontación y trabajar juntos por el bien común.
??"Mi familia está con seguridad por amenazas reiteradas. No quiero esa argentina para mis hijos ni para nadie" Sergio Massa confirmó que la jueza Servini le ordenó que su familia contara con seguridad.pic.twitter.com/oCyxM93gfR
— El Destape (@eldestapeweb) November 16, 2023
Estas no son las únicas denuncias por amenazas en el ámbito político. La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, también ha presentado una denuncia por amenazas recibidas en redes sociales y en su correo oficial. La situación se extiende a otros legisladores, como Romina del Plá y Juan Carlos Alderete, quienes han reportado haber sido objeto de amenazas similares.
La respuesta a estas intimidaciones ha generado una creciente preocupación en el ámbito político y judicial, generando un llamado a erradicar este tipo de conductas que no solo afectan a los involucrados directos, sino que también socavan el ambiente de debate y convivencia en el país.